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26/09/2018 6:00 AM CDT | Actualizado 26/09/2018 8:08 AM CDT

Las consideraciones necesarias en la contratación de exservidores públicos

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La carencia de integridad y ética en un régimen de impunidad nos llevan al problema de corrupción que nos aqueja.

La integridad no necesita reglas.

Albert Camus

Una de las reformas estructurales que nos dejó el Pacto por México y la administración del presidente Peña Nieto (Pro)Moviendo a México (Denise Dresser dixit), es el incipiente Sistema Nacional Anticorrupción, resultado de los reclamos de la sociedad civil por promover un Estado de derecho que acabe con la rampante corrupción e impunidad.

Una de las leyes que fueron expedidas el 18 de julio de 2016, con el Decreto que promulgó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, fue la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual entró en vigor el 18 de julio de 2017. Esta establece las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos, las sanciones por faltas administrativas en las que incurran por actos u omisiones, así como las sanciones para particulares vinculados con faltas administrativas graves de servidores públicos.

También considera "falta grave" de un servidor público, en su artículo 52, el uso indebido de información para obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento con motivo de sus funciones y no sea del dominio público. Aún y cuando el servidor público se haya retirado de su empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año.

Las leyes en México buscan implementar medidas eficientes que eviten que cuando los servidores públicos dejen sus cargos incurran en conflictos de interés al irse a trabajar a la iniciativa privada.

Por otra parte, el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los particulares son responsables de contratación indebida de exservidores públicos, cuando contraten a quien haya sido servidor público durante el año previo, en aquellos casos en los que el servidor público posea -independientemente de que use o no- información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público. Y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores.

La prohibición de contratación a exservidores públicos contenida en el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene su antecedente directo en el artículo 88 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Este prohibía a los servidores públicos solicitar, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión, para sí o para familiares o terceros y que procedan de cualquier persona cuyas actividades profesionales comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; que determinen conflicto de intereses, castigando como cohecho las conductas de los servidores públicos que violaran lo anterior para sancionarlos en términos de la legislación penal.

Las leyes en México, de la misma forma que lo hacen las leyes en otras jurisdicciones, tal y como se explica en los documentos de trabajo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) Public Integrity and Post-Public Employment: Issues, Remedies and Benchmarks GOV/PGC/ETH(2007)3 (Integridad pública y empleo postpúblico: temas, soluciones y referencias) buscan implementar medidas eficientes que eviten que cuando los servidores públicos dejen sus cargos incurran en conflictos de interés al irse a trabajar a la iniciativa privada.

Reconociendo que no todos actúan con integridad, se requieren de reglas, códigos de conducta y leyes que regulen nuestra conducta y autoridades que se encarguen de que estas se cumplan.

Lo anterior, por sí mismo, obedece a un elemental principio de integridad y ética empresarial. En el caso mexicano se traduce en disposiciones legales que contienen una clara e inequívoca prohibición para que los particulares contraten indebidamente a exservidores públicos para beneficiarse indebidamente o colocarse en situación ventajosa.

Si todos actuáramos con integridad, no habría necesidad de reglas. Reconociendo que no todos lo hacen, se requiere de reglas, códigos de conducta y leyes que regulen nuestra conducta y autoridades que se encarguen de que estas se cumplan.

Si estas no se cumplen y no hay autoridad que exija su cumplimiento, vivimos en un régimen de impunidad y padecemos de una falta de Estado de derecho.

La prohibición es clara y la preocupación de los gobiernos evidente, tal y como los trabajos de la OCDE al respecto, lo confirman.

La carencia de integridad y ética en un régimen de impunidad nos llevan al problema de corrupción que nos aqueja. No somos ajenos a ello, ya que la OCDE reconoce que si bien casi todos los países cuentan con prohibiciones y restricciones a la contratación de exfuncionarios públicos, no existen mecanismos adecuados para ponerlos en práctica.

Ante la coyuntura que estamos viviendo y la latente fuga que se avecina de servidores públicos al sector privado, como consecuencia de las medidas de austeridad anunciadas por el presidente electo, me surgen las siguientes preguntas:

  • ¿A los particulares les importa cumplir con el espíritu de la ley o prefieren ir en contra del mismo para beneficiarse indebidamente y colocarse en una situación ventajosa respecto de sus competidores?
  • ¿Cuántos particulares se apegarán a los principios de integridad y ética empresarial y cumplirán con las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas y cuántos seguirán haciendo caso omiso de las mismas?
  • ¿Qué medidas tomará el nuevo gobierno para hacer que se cumplan con las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas por lo que respecta a contratación de ex servidores públicos?
  • ¿Qué posición tomará el Consejo Coordinador Empresarial respecto de aquellas empresas que incumplan con las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas en contra de los principios de su Código de Integridad y Ética Empresarial?

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.