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30/04/2018 6:00 AM CDT | Actualizado 30/04/2018 6:00 AM CDT

El inconstitucional salario mínimo en México

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Los planteamientos que exigen aumentar el salario mínimo son válidos.

Ya los barcos negreros no cruzan el océano. Ahora los traficantes de esclavos operan desde el Ministerio de Trabajo. Salarios africanos, precios europeos (Eduardo Galeano)

Mientras el salario mínimo traba la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicita hacer ajustes al salario mínimo.

Los planteamientos que exigen aumentar el salario mínimo son válidos y los tribunales tienen la obligación de hacer los ajustes pertinentes, ya que el salario mínimo actualmente vigente viola los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

México se comprometió a respetar los derechos y libertades reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica y a garantizar su libre y pleno ejercicio a todo ser humano que esté sujeto a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religion, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

En aquellos casos en los que los derechos y libertades no estuviesen ya garantidos bajo el marco legal aplicable, México se obligó a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarios para hacer efectivos tales derechos y libertades.

El Artículo 21 del Pacto de San José reconoce el Derecho de Propiedad Privada y establece que "tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley".

El Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes sobre el trabajo que rijan los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores, mismo que deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. E impone a la denominada Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) la obligación de realizar los estudios necesarios y fijar los salarios mínimos.

Ahora bien, el salario mínimo que ha tenido a bien fijar la Conasami constituye una forma de explotación del hombre por el hombre y, por lo tanto, viola un derecho humano reconocido en la propia Constitución y en el Pacto de San José. Esta violación exige una modificación sustancial en la forma en que opera la Conasami, o bien construir un nuevo modelo de política salarial que no violente los derechos fundamentales del hombre. En efecto, el salario es una cuestión de dignidad humana, que incide en el respeto a los derechos humanos que tienen las personas, como se encuentra plasmado en la Constitución, los tratados internacionales y la propia Ley Federal del Trabajo.

A la fecha del presente texto, el salario mínimo diario fijado por la Conasami es de 88 pesos (aproximadamente 4.5 dólares) diarios.

En uso de sus facultades, la Conasami fijó un salario mínimo por debajo de la línea de bienestar de 95.2 pesos, establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Suponiendo que la línea de bienestar establecida por la Coneval fuese correcta y represente el ingreso que requiere una persona en México para vivir con dignidad, al haber fijado el salario mínimo en 88 pesos diarios, la Conasami permite y promueve la explotación del hombre por el hombre, ya que establece dicho monto como salario mínimo. Y, con ello, hace legal que cualquier empleador en México use como referencia y en su caso, pague dicho salario mínimo diario a cualquier persona que trabaje en México. No obstante que es reconocido por el propio gobierno a través del Coneval que este no es suficiente y se encuentra por debajo de la línea de bienestar. Es evidente que el salario mínimo no es suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, tal y como lo requiere nuestra Constitución.

Al respecto, al dar a conocer el nuevo salario mínimo fijado por la Conasami en noviembre del 2017, el propio presidente Peña Nieto reconoció que "el salario mínimo debe de ser una retribución justa. Y después de décadas de rezago, ya estamos avanzando en esa dirección", lo que implica correctamente que el salario mínimo no ha sido ni es una retribución justa. Ya que para serlo, requeriría ser suficiente para que una persona viva dignamente y lo anterior es imposible si los ingresos mínimo que el gobierno permite se paguen a los empleados por sus servicios subordinados ni siquiera corresponden a la línea de bienestar fijada por el propio Gobierno a través del Coneval.

México no solo tiene el salario mínimo más bajo de los Países que conforman la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de la cual México es miembro. Si nos comparamos con los demás países de Latinoamérica, por un lado presumimos que México es la segunda economía de Latinoamérica; sin embargo, en material de salarios, México tiene el tercer salario mínimo real más bajo de Latinoamérica, solo por encima de Nicaragua y Venezuela. Lo anterior refleja la enorme e injusta desigualdad prevaleciente desde hace ya muchos años en el país, de forma por demás ilegal fomenta una supuesta "competitividad" sustentada en violaciones al derecho humano de propiedad privada, al permitir que el hombre sea explotado por el hombre.

Tenemos por un lado a la Coparmex pidiendo que se aumente el ilegal salario mínimo y, por el otro lado, el silencio cómplice de las demás organizaciones patronales y sindicatos de trabajadores.

El abuso y desigualdad son tales que la Coparmex ha fijado claramente su postura respecto de la necesidad de aumentar el salario mínimo en México en su propuesta de Nueva Cultura Salarial. Lo ha hecho en absoluta congruencia con el reto que tiene México en que su mercado laboral evolucione para el abatimiento de la desigualdad.

Luego entonces, tenemos por un lado a la Coparmex pidiendo que se aumente el ilegal salario mínimo y, por el otro lado, el silencio cómplice de las demás organizaciones patronales y sindicatos de trabajadores. Y finalmente a la Conasami que en abierta, penosa y reiterada violación al derecho humano de propiedad privada, formaliza la explotación del hombre por el hombre.

Considerando las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en material de usura, y aplicando por analogía los mismos argumentos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberían proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, incluyendo el derecho de la propiedad privada y prohibir la explotación del hombre por el hombre impidiendo que se fije un salario mínimo legal que a todas luces es insuficiente y se encuentra por debajo de la línea de bienestar.

Es de justicia y en congruencia con las decisiones antes mencionadas, que los tribunales competentes se pronuncien en contra del salario mínimo fijado por la Conasamin y así como sucedió en el caso de la usura, en el que como medida prudencial los tribunales pueden reducir tasas de interés, que los tribunales en justicia y prudencialmente resuelvan aumentar el salario mínimo. Todo esto para contrarrestar la violación al derecho humano de propiedad generado por el ilegal salario mínimo fijado por la Conasamin que promueve indebida e inconstitucionalmente la explotación del hombre por el hombre.

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.