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19/07/2018 6:00 AM CDT | Actualizado 19/07/2018 6:00 AM CDT

Los dos puntos de la propuesta de austeridad de AMLO que no checan

Manuel Velasquez/Getty Images
El nuevo gobierno deberá pensarlo dos veces antes de llevar a cabo lo propuesto.

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se ha apropiado rápidamente de la agenda pública. Sus anuncios, "nombramientos" y propuestas han generado ya fuertes discusiones y reacciones, como el caso de algunos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La más reciente es la relativa a los 50 puntos que ha propuesto para reducir la corrupción y promover la austeridad en el ejercicio público; dos de ellas están relacionadas con uno de los grandes pendientes de la administración pública federal: su profesionalización por un lado, y su eficiencia y eficacia por el otro.

Al respecto, hay dos puntos de los 50 que fueron presentados, que representan un contrasentido al propósito de López Obrador de garantizar condiciones justas de trabajo para todos; y aparejado a ello, construir un gobierno diferente. Los puntos 21 y 27 dicen a la letra:

"21. Se reduce toda la estructura de trabajadores, empleados de confianza, en un 70% del personal y del gasto de operación.

27. Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias".

El gobierno, en tanto garante del orden constitucional, no puede ser generador de desigualdades.

Quien haya sido el asesor para redactar estos puntos, no debería ser de los cinco que habrá en cada dependencia. Y eso, porque ambos parten de una concepción errónea, o al menos parcialmente equívoca respecto de quiénes son parte del personal de confianza del Ejecutivo federal y por qué han sido contratados, mayoritariamente, en esa modalidad.

Así, lo primero que debe decirse es que a lo largo de las últimas tres décadas, las áreas sustantivas del gobierno han crecido significativamente. Así ha ocurrido con el sector salud y el social. Y como se han incrementado las áreas y responsabilidades de trabajo (Seguro Popular, Prospera y otros programas sustantivos), se ha tenido que contratar a más personal para que las cubra.

Como en cada sexenio hay "decretos de austeridad", se ha dado el llamado "congelamiento de plazas"; por lo que no se puede contratar a nuevo personal "de base", el cual, casi por definición, sería personal sindicalizado. Así, como el Estado no ha querido engrosar la nómina sindicalizada, ha tomado la opción de contratar a miles de personas en la modalidad "de confianza", violando así la Ley Federal del Trabajo, la que establece que a trabajo igual debe pagarse salario igual. Es decir, también prestaciones económicas y sociales, que deberían ser las mismas que están en los Contratos Colectivos de Trabajo para el personal "basificado".

En un país en el que no se ha logrado reducir la carga de trabajo doméstico no remunerado en detrimento de las mujeres, la "doble jornada" que enfrentan de lunes a viernes se multiplicaría.

Por ello el nuevo gobierno deberá pensarlo dos veces antes de llevar a cabo lo propuesto y, "de un plumazo", eliminar el 70% de las plazas de confianza que hoy existen; hacerlo sin un diagnóstico preciso de la distribución de cargos y funciones podría llevar a una auténtica parálisis al aparato gubernamental, con los costos sociales y económicos que ello significaría.

Abusos y costos extras

Es cierto, por otro lado, que ha habido un abuso enorme: plazas otorgadas a amigos, compadres, familiares, etc., que justifican una revisión precisa y, desde luego, garantizar que quien tiene lugar en el aparato público, sea con base en sus méritos y capacidad profesional. Además de haber una adecuada justificación de las tareas y responsabilidades asignadas.

Por otro lado, el punto 27 es francamente un planteamiento ilegal, y socialmente inviable por donde se le vea. Si las y los trabajadores de base son obligados a trabajar 6 días de la semana, 8 horas al día, acumularían 48 horas de trabajo. Por definición, esas 8 horas adicionales serían "horas extras" y deberían pagarse al doble. Esa sola medida daría al traste con el propósito de austeridad planteado.

Como efecto colateral, esa medida incrementaría significativamente el indicador denominado por el INEGI como "condiciones críticas de ocupación", es decir, condiciones de explotación laboral. Agréguese a ello el incremento en gastos en transporte, comida y ropa, amén de los costos ambientales para las grandes ciudades.

El costo social sería también mayor. En un país en el que no se ha logrado reducir la carga de trabajo doméstico no remunerado en detrimento de las mujeres, la "doble jornada" que enfrentan de lunes a viernes se multiplicaría; eso sin contar que, al no haber guarderías suficientes, muchas familias se verían en aprietos para garantizar el adecuado cuidado de los hijos, lo que generaría verdaderas "ondas de choque" en los arreglos familiares y el tiempo disponible para la convivencia familiar. ¿Para compensarlo habrá más salario, prestaciones económicas y sociales, y apoyos para estas familias? De haberlo, nuevamente, sería a contrapelo de las medidas de austeridad propuestas.

El nuevo gobierno deberá pensarlo dos veces antes de llevar a cabo lo propuesto.

El gobierno, en tanto garante del orden constitucional, no puede ser generador de desigualdades. Si habrá reducción de delegaciones, de programas, eliminación de fideicomisos, generación de crecimiento económico y una mejor recaudación fiscal -como se ha prometido- entonces bien podría pensarse en hacer justicia al personal de confianza que sí tiene asignadas funciones sustantivas, que sí trataba y que tiene derecho a lo que la Ley establece. Y otorgar las "bases" que por una mala entendida austeridad presupuestal han sido negadas durante años y quizá décadas.

Para lograr todo lo que ha propuesto, López Obrador necesita de una administración pública, sí transparente y honesta, pero al mismo tiempo profesional y eficaz. Y eso no se va a lograr a través de la ruta que se ha planteado.

Es cierto que no pueden lograrse resultados distintos haciendo lo mismo que se ha hecho; pero los cambios abruptos en áreas sensibles del gobierno, sin diagnósticos apropiados, una planeación profesional, y una ejecución controlada vía evaluaciones parciales, casi siempre resulta en saltos al vacío. Más aún cuando los titulares de las dependencias tienen tan poca experiencia administrativa, como lo son la mayoría de las personas propuestas para integrar al Gabinete.

La mala noticia para ellos es que, si quieren desarrollar todo lo que el virtual presidente electo les ha encargado, van a requerir de asesores, y de los buenos.

@saularellano

Director editorial de México Social

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.

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