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09/04/2018 2:00 PM CDT | Actualizado 09/04/2018 3:47 PM CDT

La ley de publicidad oficial, otra simulación del Congreso

DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / CUARTOSCURO.COM

El pasado martes 3 de abril en un cuarto de quince por cuatro, donde no fluía el aire y al parecer tampoco la cordura (y no debido al calor), un puñado de legisladores (diputados del PRI, PVEM, PANAL y MORENA -este último por "equivocación", guiño guiño-) avaló el dictamen de la Ley General de Comunicación Social. El documento es un copy-paste de la iniciativa de ley del PRI, que a su vez copia los ya existentes e ineficientes Lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que no fue consultado y mucho menos respaldado por el Colectivo #MediosLibres.[1]

Pese a los esfuerzos que hemos realizado por parte de sociedad civil desde finales del año pasado -una propuesta de ruta crítica para trabajar la ley en un proceso de Parlamento Abierto y un decálogo con los puntos mínimos que debe contener la misma-, el legislativo no ha querido atender nuestras propuestas: quiere emitir una ley fast track que no atiende los problemas de la publicidad oficial, no contempla criterios claros para la asignación de los recursos públicos, no fomenta la pluralidad, no advierte límites en el presupuesto, y deja como responsable del padrón de medios a la Secretaría de Gobernación.

Es un documento que fomenta y mantiene malas prácticas que atentan contra la libertad de expresión en el país, contra el derecho de información y de las audiencias: un simple "ahí va" para cumplir con los tiempos de la Suprema Corte, pero no quieren generar una ley con base en los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. No hay tiempo, es periodo electoral, se termina la legislatura, es el mandato de la Corte... Y entonces cumplen y legislan, pero lo hacen muy mal.

Pagamos millones de pesos por promover y difundir la imagen o logros del gobierno, que siempre son altamente cuestionables.

El dictamen avalado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados:

  • Incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial.
  • Permite la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos.
  • Centraliza más el control del gasto en publicidad oficial.
  • Ausencia de fomento al pluralismo y la diversidad.
  • No propone transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.

Fue lamentable lo ocurrido en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, una simulación de principio a fin y repleta de contradicciones, como la supuesta equivocación del diputado de MORENA. Resulta sospechoso también el apoyo y defensa de la diputada Carolina Viggiano, esposa de Rubén Moreira, al dictamen de ley que atenta contra la libertad de expresión, pero nada es casualidad: el gobierno de Moreira excedió 170% el presupuesto en publicidad oficial en 2017.

A nivel federal, más de 40 mil millones de pesos en cinco años se han en publicidad oficial, 70% más de lo aprobado. Es un monto indignante en un país donde hay otras tantas prioridades como atender la desigualdad, la educación, la salud... Es todavía más enojoso saber que esos recursos invertidos en la comunicación provienen de nuestros impuestos. Sí, pagamos millones de pesos por promover y difundir la imagen o logros del gobierno, que siempre son altamente cuestionables.

Ese día, en la bochornosa Comisión de Gobernación de Cámara de Diputados, vimos cómo se vaporizaba la última oportunidad para regular la publicidad oficial, cambiar el panorama de la información en México. Toda una faramalla para perpetuar la corrupción, la censura y el silencio; un mal que restringe la democracia.


[1] Colectivo integrado por más de 130 organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas y académicos en el país.

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.