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24/10/2018 4:40 PM CDT | Actualizado 24/10/2018 4:41 PM CDT

Demandas sin oferta: las discusiones pendientes sobre las drogas en México

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA / CUARTOSCURO.COM
Destrucción de drogas en instalaciones de la PGR en Guadalajara, México. 31 de agosto de 2018. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

La semana pasada entró en vigor un proyecto de ley del Parlamento canadiense que plantea el acceso legal al cannabis, así como la regulación y control de su producción, distribución y venta. Sin duda alguna, esta decisión tendrá implicaciones interesantes en el mercado de la marihuana, sobre todo, respecto de la marihuana utilizada para fines recreativos.

Las predicciones para el mercado de la marihuana en Canadá también desenterraron algunos otros temas a los que no suele prestárseles demasiada atención -en contraste con los precios, ganancias y oferentes-: las políticas públicas en materia de drogas.

Esta discusión no es ajena a México, pues diferentes representantes del gobierno, tanto saliente como entrante, han hecho declaraciones sobre la necesidad de la regulación de la marihuana. Incluso plantearon suinterés en reformar las convenciones de Naciones Unidas que apoyan el prohibicionismo.

Más del 80% de las mujeres encarceladas han sido privadas de la libertad por delitos de drogas.

Dentro de las discusiones pendientes en materia de políticas de drogas, el tema de perspectiva de género es quizá uno de los más urgentes. Según el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, en algunas regiones del mundo, más del 80% de las mujeres encarceladas han sido privadas de la libertad por delitos de drogas.

Además, el mismo informe sostiene que, en América Latina, la mayoría de las mujeres encarceladas que cometieron por primera vez delitos no violentos contra la salud, tienen educación formal limitada, escasas oportunidades de empleo, son únicas proveedoras de cuidados a familiares o dependientes y se dedican a actividades ilegales relacionadas con drogas debido a situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

En el caso de México, el informePolíticas de drogas, género y encarcelamiento en México de EQUIS Justicia para las Mujeres revela que a nivel federal, en 2015, los delitos contra la salud fueron la primera causa de privación de la libertad de mujeres, además de que es un escenario común que las mujeres sufran violencia psicológica, física o alguna forma de violencia sexual al momento de ser detenidas. Otro dato, particularmente inquietante, respaldado por el Consorcio Internacional de Políticas sobre Drogas –y varios estudios más– es que la llamada guerra contra las drogas en México –que inició en 2006– ha resultado en, por lo menos, 150 mil muertes y 32 mil personas desaparecidas.

Esta información revela que aún hay muchas discusiones pendientes acerca de cómo los gobiernos deberían atender las consecuencias de las medidas que han utilizado para eliminar o reducir la oferta y demanda ilícitas de drogas. Sobre todo, en vista de que 2019 es el año límite para que los Estados cumplan con lo acordado en la Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas.

Aún hay muchas discusiones pendientes acerca de cómo los gobiernos deberían atender las consecuencias de las medidas que han utilizado para eliminar o reducir la oferta y demanda ilícitas de drogas.

Como sociedad se ha vuelto imprescindible replantear muchas discusiones que han quedado al margen: ¿De qué manera conviven –o deberían convivir– las políticas públicas en materia de drogas y los derechos humanos de las personas involucradas? ¿Qué aciertos pueden destacarse de prácticas regionales e internacionales? ¿Qué errores deben evitarse? ¿Cuál es la relación entre desigualdad estructural y las políticas de drogas? ¿Por qué los delitos contra la salud son los delitos por los cuales las mujeres suelen ser encarceladas? ¿Cómo influye la desigualdad estructural en la ejecución de políticas públicas de drogas? ¿Cuáles han sido los costos del esquema prohibicionista, frente a la producción y consumo de drogas en México? ¿Por qué enfocarse en reducir riesgos y daños es importante para el diseño de políticas públicas en materia de drogas? ¿Qué alternativas tenemos a las guerras contra las drogas y sus resultados?

Una excelente oportunidad para buscar respuestas a todos estos planteamientos será la VII Conferencia Latinoamericana y II Conferencia Mexicana sobre Políticas de Drogas, que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre en la Ciudad de México, en la cual se reunirán actores estatales, sociedad civil, académicos y poblaciones afectadas por las políticas de drogas implementadas en los últimos años. Este encuentro pretende generar un intercambio a nivel regional, a fin de proponer políticas integrales con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, interseccionalidad, reducción de daños, salud pública y desarrollo.

La demanda de drogas en México, América Latina y en el resto del mundo se satisfará, ya sea mediante el mercado legal, respecto del cual pueden tomarse decisiones que minimicen riesgos y daños. O mediante el mercado ilegal, donde las mismas imposiciones prohibicionistas difícilmente ofrecerán resultados distintos a los actuales.

*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de 'HuffPost' México.