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13/03/2018 12:00 PM CST | Actualizado 13/03/2018 1:27 PM CST

Los campesinos que más nos alimentan, los que menos apoyo reciben

Carlos Jasso / Reuters
Los aportes de la agricultura familiar son muchos.

La política agrícola sigue sin garantizar los derechos de campesinas y campesinos. Sin acceso a tierra, muchos se ven obligados a migrar y a trabajar como jornaleras y jornaleros bajo condiciones laborales precarias y de semiesclavitud, problema ya denunciado en México pero que no ha sido atendido.

Las cifras sobre la situación de la pobreza rural y el hambre en México representan una realidad vergonzosa. De las personas que viven en zonas rurales, 58% se encuentra en situación de pobreza, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Además, el 80% de los hogares en zonas rurales sufren hambre, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

Inmersas en esta situación, las y los pequeños agricultores que logran permanecer en sus tierras se encuentran al margen de la política pública para el campo. Los principales programas y el gasto público privilegian a una minoría: los más ricos y las grandes empresas agropecuarias exportadoras; dejando olvidada la agricultura familiar de pequeña escala -que debería estar en el corazón de la política pública-, la cual es responsable del 40% de la producción agroalimentaria nacional, genera 3 de cada 4 empleos en el campo y representa el 70% de las unidades de producción del país.

Los principales programas y el gasto público privilegian a una minoría: los más ricos y las grandes empresas agropecuarias exportadoras.

Los aportes de la agricultura familiar son muchos, empezando por ser estratégica para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, pues incrementa la producción de alimentos sanos y de calidad y contribuye al combate al hambre. Además, se relaciona de modo sustentable con el medio ambiente, resguarda la biodiversidad local y promueve la cultura gastronómica de sus comunidades. La agricultura campesina es vital para el desarrollo territorial, la generación de empleos e ingresos en zonas rurales y la dinamización de las economías. Asimismo, promueve diversos roles en las familias y empodera a las mujeres, que ocupan un rol central en la producción y organización campesina; y aumenta la participación de las y los jóvenes en la vida familiar y comunitaria.

Sin embargo, pese a su papel estratégico, aún vemos una "pequeña política" con un "pequeño presupuesto" para atender a este sector. En una investigación realizada por Fundar, identificamos que las grandes empresas agropecuarias (20% del padrón de beneficiarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA) recibieron el 60% de los subsidios del Procampo durante el sexenio anterior (2006-2012). En cambio, la agricultura de pequeña y mediana escala, que representa el 80% del padrón, recibió durante ese período apenas el 40%.

En el actual sexenio, reconocemos ciertas mejoras en programas como Proagro (antes Procampo) y Progan, pues se lograron cambios en sus reglas de operación que se enfocan más a la agricultura de pequeña escala. Sin embargo, de acuerdo a una reciente investigación, seguimos observando programas y subsidios al campo que resultan regresivos (se da más a quien más tiene) y concentrados geográficamente en las zonas más ricas del país. Por ejemplo, el Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura (FIRA) financia a los productores de más altos ingresos (el 3.3% de las unidad de producción), que recibieron el 59.3% del financiamiento.

La agricultura campesina es vital para el desarrollo territorial, la generación de empleos e ingresos en zonas rurales y la dinamización de las economías.

Por la demanda social, de la que Fundar formó parte junto a la iniciativa Valor al Campesino, en 2016 se creó el Programa de Apoyos a Pequeños Productores (S266) bajo la operación de SAGARPA, dirigido a aumentar la productividad de la agricultura campesina de pequeña escala. Este programa tiene la gigantesca tarea de atender a más de 70% de las unidades económicas rurales del país, que son los estratos más pobres del campo. Para ello, en su primer año de vida contó apenas con 5 mil 918 millones de pesos, el 8.48% del presupuesto total del Ramo. Aunque su población objetivo es de casi 3.9 millones de campesinas y campesinos, en su primer año de ejecución atendió a menos del 23%.

Desde 2017, este programa fue unificado con otro, el de Productividad Rural, que tiene el objetivo de impulsar el sector agroalimentario. Esta unión de programas aumentó el presupuesto cerca de 16 millones de pesos, pero también su complejidad, pues sus subprogramas poseen reglas de operación distintas y definiciones de la población objetivo imprecisas. Los desafíos que enfrenta no son menores, especialmente si pretende tener impacto en la situación de la pobreza rural y la productividad del campo mexicano.

La agricultura familiar en México necesita de una política pública integral, que vincule soluciones sociales y productivas para el campo, que congregue políticas de desarrollo rural, políticas ambientales, alimentarias y de combate a la pobreza, que ofrezca crédito rural, que acerque a productores y consumidores, apoye a bancos de semillas criollas, impulse compras gubernamentales directas de la agricultura familiar, para, por ejemplo, la alimentación escolar.

La próxima administración debe situar en el centro de las políticas públicas a la agricultura campesina, y esto deberá reflejarse en el presupuesto para asegurar que el Estado invierta y priorice a este crucial sector productivo.

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.