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20/09/2018 9:24 AM CDT | Actualizado 20/09/2018 10:58 AM CDT

Así menosprecia el gobierno mexicano a defensores de derechos humanos y periodistas

GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images
Periodistas mexicanos y extranjeros protestaron de esta forma en el muro fronterizo, en Tijuana, por los constantes asesinatos de sus colegas en México. 14 de mayo de 2018.

En un país donde las personas no ven sus derechos humanos respetados, protegidos, garantizados, ni promovidos, tal como obliga a las autoridades el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la labor de las personas defensoras de derechos humanos, así como de la prensa que busca informar diariamente a la sociedad se vuelven fundamentales para alcanzar una sociedad más democrática y justa.

Aunque las personas defensoras de derechos humanos y periodistas no suplen las obligaciones que tiene el Estado, sí han sido pieza fundamental para generar procesos de exigencia y con ello crear o mejorar políticas públicas e iniciar procesos de justicia y reparación del daño para distintas poblaciones, así como para visibilizar otras injusticias cometidas por el Estado y particulares.

Si bien, la labor que diariamente realizan las personas defensoras y periodistas en búsqueda de generar condiciones más dignas para todas y todos, se ha quedado corta en virtud de la magnitud de crisis y violencia a la que actualmente nos enfrentamos.

118 periodistas han sido asesinados en probable vínculo con su labor, del año 2000 al 10 de septiembre de 2018, y 24 están desaparecidos.

¿Se imaginan cómo estarían las cosas si la sociedad civil organizada, junto con las y los periodistas no estuvieran acompañando a las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? O, ¿cómo actuarían las autoridades si no se sintieran lo suficiente sometidas al escrutinio público por la labor de periodistas?, ¿nos hubiéramos enterado si quiera de la Casa Blanca o de que autoridades locales en Veracruz están siendo investigadas por desaparición forzada? Entre muchas otras violaciones graves a derechos humanos y casos de uso arbitrario del poder.

Dicho de otra manera, las personas defensoras y periodistas fungen como un contrapeso para el gobierno, por lo que lógicamente tocan intereses gubernamentales y privados que constantemente las ponen en riesgo. Prueba de ello es que del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2016, en México 76 personas defensoras fueron privadas de la vida, 24 fueron ejecutadas extrajudicialmente y 52 fueron asesinadas por actores no estatales, asimismo 30 personas defensoras más fueron asesinadas en 2017 y 8 desaparecidas.

Por otro lado, 118 periodistas han sido asesinados en probable vínculo con su labor, del año 2000 al 10 de septiembre de 2018, y 24 están desaparecidos. A esto habría que sumarle otra multiplicidad de agresiones cometidas contra estas poblaciones por ejercer su derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión.

Este diagnóstico no es nuevo y ha sido constantemente retomado por organismos internacionales, organizaciones de sociedad civil, las mismas víctimas y sociedad en general. Por ello, este diagnóstico – impulsado principalmente por organizaciones no gubernamentales- generó que el 25 de junio de 2012 se publicara la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creando con ello al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de que el Estado atienda su obligación de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas aquellas personas defensoras y periodistas que estén en riesgo por su labor.

Si bien esta es UNA acción que ha sido aplaudida y acompañada por distintas organizaciones que de manera colectiva monitorean el cumplimiento de esta Ley para la Protección, se ha señalado que después de 6 años sigue siendo necesario la creación de una política pública integral – y no solo una acción- que además de proteger a personas defensoras y periodistas en riesgo, pueda atacar las fuentes de riesgo. Sin embargo, esta es todavía una realidad muy lejana.

Esta realidad es tan lejana que al día de hoy, las personas defensoras y periodistas están dando batalla para que dicho mecanismo- que constituye solo una acción de protección- no se quede sin recursos dentro del "Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas". Esto implicaría dejar sin dinero para la implementación y operación de medidas de protección de las 702 personas defensoras y periodistas que actualmente se encuentran bajo la protección de este mecanismo, poniendo en riesgo su vida, libertad, integridad y seguridad. Además de eliminar la posibilidad de que nuevas personas puedan incorporarse.

De esta falta de recursos se informó desde hace más de dos meses, sin embargo ni la Secretaria de Gobernación, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han dado respuesta, demostrando nuevamente el desdén del actual gobierno para garantizar la labor de personas defensoras y periodistas. Peor aún, esta es la segunda vez que dicho mecanismo padece de una insuficiencia presupuestal; la primera fue en el 2017, y no fue hasta el asesinato del periodista Javier Valdés que el presidente Enrique Peña Nieto y la Conferencia Nacional de Gobernadores se pronunciaron y comprometieron públicamente a fortalecer la estructura y presupuesto asignado al mecanismo.

Hoy nos encontramos en una situación similar. Sin embargo, no queremos que tengan que matar a otro periodista o persona defensora para que nuevamente se garantice la implementación de medidas de protección. Ya son muchas las deudas que el Estado mexicano tiene con la sociedad en materia de derechos humanos y se siguen sumando. Necesitamos respuestas urgentemente; necesitamos proteger a quienes nos protegen e informan.

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.