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06/12/2018 9:17 AM CST | Actualizado 06/12/2018 9:29 AM CST

Tres claves para entender el poder de la Comisión de Investigación sobre Ayotzinapa

MISAEL VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabeza la firma del "Deecreto presidencial para la verdad en el caso Ayotzinapa". FOTO: MISAEL VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

El pasado 3 de diciembre, en su primer decreto como presidente de México y en su primer día hábil de trabajo, Andrés Manuel López Obrador firmó la creación de una Comisión dar acceso a la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. Este evento inaugura una nueva etapa para el caso en particular, y para la atención a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país.

Para empezar, las formas son distintas. Los familiares son escuchados con dignidad, en un plano de igualdad, sin intermediaciones y sin protocolos intimidatorios. Los padres y madres de los normalistas tuvieron, por ejemplo, la oportunidad de mirar a los ojos al Secretario de la Defensa Nacional y exigirle que dicha institución cumpla con la instrucción del presidente, que no obstaculice las investigaciones y se abra al escrutinio.

Pero, ¿qué significado e implicaciones adicionales tiene el decreto firmado por el presidente? He aquí tres claves para entender sus alcances.

1.Es una comisión de investigación; no una comisión de la verdad. Este es quizá la confusión más recurrente, incluso en el lenguaje de los funcionarios, incluyendo al propio Andrés Manuel. Esta confusión se debe, en gran medida, a que, efectivamente, llegar a la verdad es la prioridad de las familias de los 43 normalistas. Ellas quieren, por sobre todas las cosas, saber qué pasó y dónde están sus hijos, por duro que esto pueda ser.

El problema del gobierno anterior no fue afirmar que los muchachos estaban muertos, sino hacerlo mediante una investigación viciada, manipulada y sin sustento científico. Pero si bien la verdad está en el corazón del mandato de esta comisión, el mecanismo que se establecerá es en realidad una comisión de investigación, ya que sus funciones y dientes siguen siendo los de una investigación penal.

Es decir, además de esclarecer los hechos y localizar a los muchachos, tendrá por objeto establecer las responsabilidades penales de los perpetradores de la desaparición forzada y de quienes obstaculizaron las investigaciones.

El decreto firmado por el presidente es solo el primer paso para conformar esa comisión de investigación, cuya conformación definitiva se dará una vez que la Procuraduría o futura Fiscalía General de la República establezca su mecanismo especial de investigación, el cual deberá coordinarse con la Comisión Presidencial creada por el decreto firmado por López Obrador.

2. El decreto es una instrucción clara y precisa de remover cualquier obstáculo para llegar a la verdad. El decreto tiene como uno de sus objetivos principales el remover cualquier obstáculo que pudiera haber para el avance a las investigaciones desde las entidades de la administración pública federal. La idea es que, a través de una Comisión Presidencial coordinada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, toda la administración pública, incluyendo a las fuerzas armadas, colaboren de forma plena con las acciones de búsqueda e investigación del caso.

En este punto lo simbólico vuelve a cobrar relevancia, tanto el secretario de Marina como el titular de la Defensa Nacional están incluidos en esa instrucción y lo escucharon de viva voz del presidente en palacio Nacional, con las familias como testigos.

3. La Comisión Presidencial traerá la asistencia técnica internacional de regreso. El nuevo gobierno reconoce que la asistencia técnica internacional ha sido fundamental para mantener un puente de confianza y hacer efectivo el derecho a la verdad de las familias de los 43 desaparecidos.

Así, el decreto da instrucciones precisas a la Secretaría de Relaciones Exteriores para llegar a un acuerdo que dé un marco de actuación a la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH). Lo anterior con el fin de fortalecer el sustento técnico y científico de las investigaciones y, por ende, su efectividad, imparcialidad e independencia.

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de 'HuffPost' México.

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