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14/08/2018 8:02 AM CDT | Actualizado 14/08/2018 9:13 AM CDT

Prisión y corrupción en tiempos de López Obrador

Carlos Tischler via Getty Images
Andrés Manuel López Obrador, 6 de agosto de 2018.

Ciudad de México, 23 de abril de 2021

Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. En el año 2005, la Ciudad de México se convulsionaba políticamente por el tema del desafuero del entonces jefe de gobierno y su inminente aprehensión. A dieciséis años de distancia, la escena se repite con el mismo personaje central pero ya como presidente de la República. ¿La razón? Una reforma impulsada por él mismo y que sus asesores no alcanzaron a dimensionar. Un boomerang político del que se habla en todos los lugares, columnas y noticieros: la prisión preventiva a delitos por corrupción.

Cuando el actual titular del Ejecutivo emprendió su tercera campaña presidencial, allá por el 2018, sus detractores siempre hicieron mofa de su discurso en el sentido de que acabando con la corrupción, se recuperaría la economía del país. Si bien es cierto que a más de dos años de su gobierno, la inflación se ha mantenido estable y el tipo de cambio ha sufrido vaivenes propios de las guerras comerciales que se siguen librando entre los integrantes del G8, la economía nacional aún no despunta como muchos quisieran. Pero la lucha contra la corrupción se volvió en su contra.

En esa campaña, López Obrador propuso y lo reafirmó ya siendo presidente electo, que enviaría unas sendas reformas para que los delitos de corrupción no permitieran la libertad y se consideraran como graves. Al dar su histórico discurso de toma de posesión, reafirmó su intención y exhortó al poder legislativo a modificar todo lo necesario para ese fin y además, para acabar con el fuero. El Congreso de la Unión autorizó fast track las reformas, situación que se repitió en la mayoría de los Congresos Estatales dominados por MORENA.

Los asesores del presidente olvidaron, temieron o ignoraron avisarle que en el nuevo sistema de justicia penal no se necesitan de pruebas totales para iniciar un proceso judicial, sino de datos que hagan presumir que un hecho se cometió. Es lo que los técnicos le llaman pomposamente "estándar probatorio". No le dijeron que, la prisión preventiva oficiosa, que significaenfrentar todo el proceso detenido, se limitó a ciertos delitos que por su gravedad, afectan sensiblemente los valores sociales.

El Congreso de la Unión autorizó fast track las reformas, situación que se repitió en la mayoría de los Congresos Estatales dominados por MORENA.

Tampoco le dijeron que, los demás delitos, no ameritan esa medida, salvo que, la Fiscalía argumente debidamente su necesidad. Esto es, si en un proceso por determinado delito, el detenido puede darse a la fuga, poner en riesgo a la víctima o a los denunciantes u obstaculizar la investigación, puede quedar detenido sin necesidad de que el delito amerite prisión preventiva oficiosa.

Ahora, después de la serie de revelaciones que han hecho diversos medios de comunicación, los cuales implican al jefe de oficina de la presidencia en tratos que resultaron favorecedores a sus empresas —y que motivaron su detención y prisión preventiva en el penal del Amate en Chiapas— el Frente Unido Contra la Corrupción, integrado por legisladores del PAN, PRI y PRD, ha presentado una nueva denuncia acusando al presidente de la República de omisión en la vigilancia de sus colaboradores. Ha empleado el mismo argumento que sirvió para llevar a prisión en su momento al expresidente peruano Alberto Fujimori, por medio de la teoría de la Autoría Mediata por Dominio de la Voluntad en Aparato de Poder Organizado, o lo que eso quiera decir.

El tema no es menor, porque cabe recordar que desde la aprobación de dicha reforma (la de imponer prisión desde el inicio a los delitos de corrupción) van más de 1,200 servidores públicos de todos los rangos y poderes, que se encuentran detenidos por mera sospecha, sin que hasta al momento existan condenas en sus caso. Lo que ha derivado en una severa crisis en el poder legislativo, pues varios de sus integrantes han sido aprehendidos y sustituidos por sus suplentes.

Esta escena nos recuerda otra crisis similar ocurrida durante los siglos XVIII y XIX, cuando la justicia penal estaba en manos de jueces de instrucción, partidarios o de conservadores o de liberales y que llevaron la disputa política a la arena judicial, encarcelando en exceso a opositores de cada ideología.

Pero lo peor está por venir, ya que se dice que sendos grupos empresariales que en su momento fingieron una luna de miel con el gobierno, estarían detrás de las campañas negras, al verse afectados en la cancelación de contratos multimillonarios. Y no faltan las luces intelectuales que comienzan a sugerir al presidente que envíe una nueva iniciativa de reforma, donde los delitos fiscales, bursátiles y financieros, también sean de prisión preventiva oficiosa. Y bastará la mera sospecha para que pronto vean en cárceles a la clase empresarial en su conjunto.

Ya sin el fuero y con la denuncia presentada en su contra, el presidente no ha vuelto a usar la palabra complot, pero sí la de los enemigos de la democracia. Muchos analistas políticos ya barajean las hipótesis de quién debe suceder al presidente o si este podrá seguir gobernando desde la prisión a la que sea enviado.

Mientras tanto, ayer comenzó a convocarse para una Asamblea Popular para el próximo miércoles en el Zócalo capitalino para decidir si el aún presidente debe o no ingresar a prisión.

Una crisis que pudo haberse evitado, si hubiese tenido asesores que le explicaran que la cárcel no es sinónimo de justicia.

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.

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