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04/05/2018 9:00 AM CDT | Actualizado 04/05/2018 10:16 AM CDT

La última y nos vamos: los retrocesos en transparencia y libertad de expresión que nos dejó el Congreso

DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM
Con la nueva Ley General de Archivo, por ejemplo, todos los documentos creados en la actualidad que contengan datos personales sensibles pueden ser resguardados por las instituciones hasta por 70 años.

Durante los últimos días del último período ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso, los derechos humanos a la libertad de expresión y al acceso a la información pública sufrieron graves retrocesos. Del 23 al 27 de abril, con prisas y buscando salir del paso, se ratificó la elección de dos Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y fueron aprobadas o modificadas tres leyes que impactan estos derechos: la Ley General de Comunicación Social, la Ley General de Archivos y la Ley Federal del Derecho de Autor.

Comencemos por la ley que más nos preocupa. La Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como #LeyChayote, derivó de una sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó al Congreso crear una ley que regule el uso de la publicidad oficial: por primera vez la Corte le ordenaba al Congreso hacer su trabajo. Esta necesidad surgió debido a la ausencia de criterios que regulen el uso que los gobiernos dan a la publicidad oficial. Esta permite manipular sus líneas editoriales puesto que, en términos generales, la publicidad oficial es la mayor fuente de ingresos de los medios en México. En lugar de corregir la plana, lo único que hace la nueva ley es regular las malas prácticas que restringen la libertad de expresión.

En cuanto a la Ley General de Archivos hay avances, como la descentralización del Archivo General de la Nación o que ahora podamos consultar los archivos históricos sin restricciones o tachaduras. Pero también hay retrocesos: con la nueva ley, todos los documentos creados en la actualidad que contengan datos personales sensibles pueden ser resguardados por las instituciones hasta por 70 años. Se trata de un cheque en blanco para restringir acceso a todo tipo de documentos que contribuyen a la ausencia de verdad en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Estamos hablando de documentos como los contratos para la compra de software de vigilancia del #GobiernoEspía, los contratos de instituciones públicas con empresas como Odebrecht o averiguaciones previas de casos de violaciones de derechos humanos.

El poder legislativo se ha convertido en una compañía teatral donde las y los legisladores trabajan juntos para seguir sus guiones de oposición y gobierno, pero donde detrás de cada puesta en escena, todos protegen los intereses que tienen en común.

Con la Ley Federal del Derecho de Autor, la Cámara de Senadores aprobó la incorporación de medidas precautorias que vulneran la libertad de expresión en Internet. Esto quiere decir que ahora, sin que haya un proceso legal, se podrá ordenar la suspensión, el acceso e, incluso, el embargo de equipo empleado para difundir material que presuntamente viole los derechos de autor. Esto se traduce en restricciones de acceso a páginas web y videos, entre muchas otras cosas que circulan y difundimos todos los días en Internet. También podría derivar en el aseguramiento de ruteadores o equipo de cómputo utilizado para difundir contenidos. Estas medidas podrían facilitar la censura previa porque se prestan a interpretaciones amplias y también porque restringirían la circulación de contenidos que pudieran violar el derecho de autor.

El Pleno anterior del INAI ya era considerado poco progresista por haber resuelto el cierre de información en casos como Odebrecht o el acceso a estadísticas de fosas clandestinas, e incluso su independencia y autonomía quedaron en entredicho debido a que Ximena Puente, comisionada saliente, ahora es candidata plurinominal a una diputación por parte del PRI.

Por si esto fuera poco, el nuevo pleno ahora estará integrado por dos perfiles cuya trayectoria no nos permite confirmar su autonomía e independencia. Esta elección se dio a partir de un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado, por el que se eligió a Carlos Alberto Bonnin Erales y a Blanca Lilia Ibarra Caden de entre 32 candidatos para ser Comisionados. Sin embargo, los perfiles elegidos no son los que mejor cumplían con los criterios de idoneidad.

En México, los partidos políticos se han encargado de pervertir hasta tal punto el sistema de pesos y contrapesos en el que se sustenta una democracia, que el poder legislativo se ha convertido en una compañía teatral donde las y los legisladores trabajan juntos para seguir sus guiones de oposición y gobierno, pero donde detrás de cada puesta en escena, todos protegen los intereses que tienen en común. Miremos un poco a detalle el comportamiento de la oposición.

Parecen medidas que contribuyen, de manera integral, a cubrir las huellas de quienes se van y asegurar los pasos de quienes llegan.

En lo que respecta a la Ley General de Comunicación Social, aprobada con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, es importante considerar que tres legisladores de oposición votaron en sentido distinto al del grueso de su bancada: por parte del PAN se emitieron un voto a favor y una abstención, mientras que en el PRD hubo un solo voto a favor. Sumados a las ausencias de otros 21 legisladores, estos tres votos irregulares aseguraban que esta ley fuera aprobada aún en el hipotético caso de que la totalidad de las y los senadores se hubieran encontrado presentes en la sesión.

La matemática es tan fina que nos recuerda aquel dicho mexicano: piensa mal y acertarás. De esta manera, en un ejercicio de simulación, la "oposición" obtuvo dos victorias: el capital político de haber votado en contra, y a la par, mantener la puerta abierta a las malas prácticas con una ley que le permitirá seguir incidiendo sobre la prensa una vez haya conseguido el poder o la mayoría en el Congreso.

Es frecuente que desde sociedad civil exijamos la implementación de políticas públicas integrales que resuelvan problemas complejos. Parece que esta semana se aprobaron una serie de medidas que restringen el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información de manera integral: se regularon las malas prácticas de la publicidad oficial, se podrán censurar en línea, sin procedimiento legal previo, contenidos en internet, se restringirá el acceso a documentos con datos personales por setenta años y, si por alguna razón buscamos el apoyo del INAI para abrir información, lo más probable es que aplique criterios restrictivos que cierren la información.

No podemos dejar de pensar que parecen medidas que contribuyen, de manera integral, a cubrir las huellas de quienes se van y asegurar los pasos de quienes llegan.

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