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12/04/2018 2:00 PM CDT | Actualizado 12/04/2018 3:35 PM CDT

El Bronco y la bronca detrás de la decisión del Tribunal Electoral

PEDRO PARDO/AFP/Getty Images
Jaime Rodríguez Calderón el Bronco.

Mucho se ha dicho y escrito sobre la sentencia que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la noche del lunes y madrugada del martes, respecto de las candidaturas independientes de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, y Armando Ríos Piter. Sabemos que el primero es candidato, el INE ya aprobó su registro y del segundo revisará los cientos de miles de apoyos ciudadanos que presentó de manera irregular.

La mayoría de quienes integran la Sala Superior y aprobaron la sentencia, así como algunos otros, defienden su postura sobre los diferentes vicios que se presentaron al revisar la validez o invalidez de los apoyos ciudadanos enviados por cada aspirante. Quienes estamos en desacuerdo con la sentencia y especialmente con los efectos de la misma, consideramos que el fallo fue excesivamente formalista y con ello se eximió al Bronco de cumplir certeramente con los 866,593 apoyos ciudadanos que la ley exige. Y, por su parte, a Armando Ríos Piter le dio una segunda oportunidad de ejercer su garantía de audiencia para revisar la validez o invalidez de los apoyos enviados, a pesar de que en su momento rechazó dicha garantía.

La Sala Superior no se pronunció sobre la validez o invalidez de los apoyos enviados, y justamente eso me parece una de las debilidades de la sentencia. Sin siquiera haber valorado o revisado alguno de los apoyos que el INE sí valoró y calificó como inválidos por tratarse de fotocopias, personas que no se encontraban en el padrón electoral o en el listado nominal o de datos inexistentes. Entre otras irregularidades se avaló el cumplimiento de un requisito legal que no solo le era exigible al Bronco, sino que también debían cumplir el resto de quienes aspiraban a una candidatura independiente a la presidencia.

La Sala Superior no se pronunció sobre la validez o invalidez de los apoyos enviados, y justamente eso me parece una de las debilidades de la sentencia.

Para una mayoría de integrantes de la Sala Superior fue más importante que no se cumplieron con ciertas formalidades, entre otras:

  • La oportunidad para preparar argumentos o pruebas que pudieran contradecir la calificativa que dio la autoridad electoral a los apoyos inválidos.
  • Conocer, previo al desarrollo de la audiencia y durante la verificación de los apoyos, los motivos de invalidación.
  • Que la autoridad consideró de manera unilateral insubsanables los apoyos inválidos.
  • Que la decisión sobre la validez o invalidez de los apoyos se hizo de acuerdo con la libre apreciación del personal del INE.
  • Que las actas circunstanciadas emitidas en cada audiencia de revisión de apoyos no se encontraban debidamente fundamentas y motivadas.
  • La imposibilidad de poder revisar la totalidad de los apoyos considerados inválidos.

Todos estos requisitos que a consideración del Tribunal debieron cumplirse en el proceso de validación de las firmas, no se encuentran en la ley, tampoco en los lineamientos emitidos por el INE; por el contrario, el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano equivalente al 1% del listado nominal sí es un requisito expresamente establecido en la ley, mismo que el Bronco no cumplió. Pues como claramente lo sostuvieron los magistrados, lo que lo tiene en la boleta electoral es una presunción de que reúne el requisito, lo cual no significa que exista certeza sobre el cumplimiento del 1% de apoyos requeridos.

No podemos dejar de considerar que tanto en el caso del Bronco como el de Ríos Piter, del total de apoyos ciudadanos enviado, más de la mitad fueron considerados falsos por la autoridad electoral; es decir, más de millón y medio de los apoyos que enviaron entre los dos fueron invalidados. Considero que un margen aceptable hubiera sido que un 5% o 10% de apoyos fueran invalidados, como ocurrió con otras candidaturas que obtuvieron el registro —salvo la de Margarita Zavala, que también tuvo un muy elevado número de apoyos inválidos. Ante esa situación extraordinaria, me parece imposible considerar que está dentro de la normalidad.

Ahora la pregunta que queda hacernos es la siguiente: ¿es razonable exigirle a la autoridad electoral que cumpla con las formalidades mínimas que el Tribunal estimó que se habían omitido?

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.