MÉXICO
22/01/2019 2:55 PM CST | Actualizado 22/01/2019 2:59 PM CST

Gobierno de Guanajuato impulsa a 'fiscal carnal' con historial de secuestro y tortura

La denuncia de tres comuneros por actos de tortura física y psicológica a manos de agentes ministeriales de Guanajuato, bajo el mando de Carlos Zamarripa Aguirre.

Carlos Zamarripa Aguirre, tiene la titularidad de la Procuraduría General del Estado de Guanajuato desde 2009.
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Carlos Zamarripa Aguirre, tiene la titularidad de la Procuraduría General del Estado de Guanajuato desde 2009.

Guanajuato. Golpes, insultos, vejaciones sexuales y tortura psicológica, formaron parte del método de investigación de la Policía Ministerial a cargo del Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Carlos Zamarripa Aguirre, en su intento por dar respuesta al secuestro de siete personas en la comunidad de Cerro Gordo en el municipio de Salamanca.

Tres civiles fueron torturados y presionados para que se declararan culpables del presunto homicidio de los salmantinos desparecidos.

Los hechos quedaron documentados en el expediente 236/16-A de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Pdheg), cuyas recomendaciones acreditaron la Violación del Derecho a la Integridad Personal, pero ameritaron únicamente medidas disciplinarias y el llamado para investigarla penalmente.

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Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato.

La nueva administración estatal, encabezada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y los diputados locales del PAN, pretenden dotar de pase automático a Zamarripa Aguirre como Fiscal General ahora como figura autónoma, junto con toda la estructura de subordinados que encabeza desde el año 2009, es decir, mantenerlo por un total de 18 años al frente de la institución.

Por lo pronto, la PGJE aún no resuelve la desaparición de las siete personas, ni el proceso penal contra los agentes que torturaron a tres personas inocentes que corresponden a la carpeta de investigación 33117/2016.

Un caso emblemático

El 19 de agosto de 2016, el dueño de una vulcanizadora ubicada en la comunidad de Cerro Gordo convivía con otros cuatro amigos mientras les daba servicio a dos menores de 15 y 18 años de edad, que pasaron por el lugar para ponerle el aire a sus bicicletas. Esa tarde, diez hombres armados los privaron de su libertad.

Según las características brindadas al momento de la denuncia de los sujetos, quienes se encontraban fuertemente armados, encapuchados y dotados de vehículos de carga, los pobladores del lugar aseguraron en un primer momento que se trató de una detención arbitraría por parte de la PGJE o de agentes de la Policía Federal.

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El día 22 de ese mismo mes, amigos y familiares de las víctimas bloquearon durante varias horas la autopista Salamanca – Celaya a la altura de Zapote de Palomas, para exigir que sus parientes fueran devueltos con vida.

Después de un mes, el procurador Carlos Zamarripa descartó alguna detención a manos de su corporación o de la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que el secuestro estaba confirmado. Aseveró que por lo menos uno de los siete desaparecidos estaría inmiscuido en actividades ilícitas como el robo de hidrocarburos.

Zamarripa no ahondó más en el tema. Sólo indicó qué "había personas consignadas", sin precisar el número de ellas. Dejó en claro que aunque no estaban detenidas directamente por la desaparición, son "derivadas de la misma".

Tres meses después de la desaparición de los siete salmantinos de Cerro Gordo, Carlos Zamarripa dio su última entrevista sobre el tema. Aseguró en ese momento que se tenían avances de la investigación que no se podrían dar a conocer. Sólo aseveró que "apostaba" a localizarlos vivos.

Hasta el día de hoy, no se dieron a conocer resultados sobre el tema.

La tortura impune

Pasaban de las cinco de la tarde del lunes 5 de septiembre del 2016.

En una comunidad del municipio de San Felipe una familia y amigos pasaban el día después de una jornada de trabajo, entre ellos, el delegado del pueblo ubicado en la zona noroeste del estado.

La tranquilidad fue interrumpida por 20 vehículos entre automóviles y camionetas pick up. Descendieron varias personas armadas que fueron fácilmente identificadas por las siglas que se muestran al frente y detrás de sus chalecos: AIC (Agencia de Investigación Criminal).

Los agentes les apuntaron y les exigieron que se tiraran al suelo. Terminaron por esposar al delegado de la comunidad que habitaba la vivienda, y a sus dos hijos. Los subieron en camionetas distintas tapándolos del rostro con sus propias playeras.

Según calculan, estuvieron en movimiento a bordo de las unidades casi por una hora hasta bajarlos en paraje desconocido para ellos junto a un río.

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"Cuatro personas que estaban armadas eran dos de uniforme azul con el chaleco que traía el logo de AIC y los otros dos andaban de civiles y me empezaron a preguntar que donde estaban los siete desaparecidos... me empezaron a golpear, esto entre insultos, pero yo les decía que me dejaran por favor, ya que yo no sabía nada, sin embargo insistían y cada que les decía que no sabía nada, me golpeaban", así comenzó el calvario.

De acuerdo con la descripción de los hechos que quedó asentada en la 236/16-A de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Pdheg), una de las víctimas fue atacada con descargas eléctricas después de mojarle su pantalón en la zona genital, para posteriormente abusar sexualmente de él con su bastón retráctil.

La víctima afirmó que se le exigía constantemente una confesión inexistente. Sin obtenerla, los agentes le introdujeron por las uñas unos alfileres o agujas. Fue entonces cuando lo grabaron con una cámara de video para forzarlo a afirmar que formaba parte de un grupo delictivo.

También querían que dijera que nosotros habíamos levantado a los siete desaparecidos de Salamanca, pero eso sí no lo dije.

Nuevamente lo subieron a la camioneta. En otro paraje, la víctima describe un plástico negro grande que cubría algo. Los agentes le afirmaron que ahí estaban los cuerpos de los siete desaparecidos por lo que era necesario que dijera la verdad.

Lo que ocurría con la segunda víctima no fue muy diferente.

Describe que en otro punto del mismo paraje fue acostado en el suelo boca arriba. Esposado con las manos hacia atrás, le bajaron el pantalón hasta los tobillos. En esa posición comenzaron a derramar agua sobre su rostro. Cuando veían que perdía fuerza por el ahogamiento, cesaban para pedirle que aceptara que él ordenó el secuestro de los siete salmantinos.

"Me soltaron una mano para que me vistiera y acercaron una vez más a mi hijo y me dijeron –mira cabrón, a poco quieres más a tu hermano que a tu hijo, mira cómo lo tenemos ya- y mientras decían esto le tiraban agua en su cabeza mientras éste tenía tapado el rostro con su propia ropa".

El hijo del comunero atacado fue víctima de otro tipo de abuso.

Uno de los policías le dijo: "vamos a matar a tu papá si no dices la verdad. ¿Quién los tiene?, ¿Quién se los llevó?" -refiriéndose a los desaparecidos. Pasaron como veinte minutos golpeándolos a los dos. Incluso, la tercera víctima afirmó que mientras era pateado a la altura de las costillas, lo checaban para ver si no tenía alguna rota; "este todavía aguanta", dijeron.

La tortura ahora fue psicológica cuando una de varias voces le dijo que iban a traer a su familia. Después de media hora le afirmaron que ya estaban con ella y que abusarían de su madre y esposa.

"Se escuchaba una grabación con la voz de mi mamá, mis hermanas, mi esposa que gritaba que no nos llevaran, mientras los sujetos se reían y decían que las iban a meter a la casa una por una para violarlas..."

Los trasladaron a la ciudad de Irapuato donde los llevaron a firmar unas hojas tamaño oficio en blanco. Después, los liberaron.

La explicación que dio la autoridad estatal

Cuando la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato realizó las indagatorias, la Coordinadora del Área de Derechos Humanos de la PGJE, Alejandra Licea Ferreira, negó tajantemente los actos de tortura.

La funcionaria afirmó que aquel 5 de septiembre de 2016, los policías ministeriales Juan Aguirre Casas y Nicolás Ernesto Zavala Vázquez, cumplimentaron una orden de investigación girada por el Agente del Ministerio Público especializado en combate al Secuestro.

Afirmó que los agentes solicitaron la presencia de las tres personas para "recabar su entrevista", a la que accedieron "de manera voluntaria".

La directora jurídica de la PGJE, Elizabeth Durán Isais, sostuvo en su oficio de respuesta que el traslado de las tres personas inició a las 9 de la noche desde el municipio de San Felipe hasta las oficinas del Ministerio Público de Salamanca. Agregó que al terminar dichas diligencias fueron regresados a su domicilio.

Las funcionarias aseveraron que se presentaron en calidad de testigos, por lo que "no se realizaron valoraciones médicas".

Aunque los agentes Juan Aguirre Casas y Nicolás Ernesto Zavala Vázquez, negaron los hechos de tortura, sus versiones de los hechos presentaron diferencias recurrentes. Junto con las versiones de los familiares de las víctimas, la Procuraduría de los Derechos Humanos justificó su acuerdo de recomendación.

Dos recomendaciones

Luego de poco más de un año de investigación, el 7 de marzo de 2018, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, emitió dos recomendaciones dirigidas al Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, por el caso de tortura contra los tres ciudadanos del municipio de San Felipe.

La primera fue para que instruyera sendos procedimientos disciplinarios en contra de los elementos de Policía Ministerial, Juan Aguirre Casas y Nicolás Ernesto Zavala Vázquez, respecto de la Violación del Derecho a la Integridad Personal, "así como el resto de elementos de policía ministerial que coadyuvaron".

La segunda, fue para que "dentro del menor plazo posible", se concluya el proceso que consta en la carpeta de investigación 33117/2016.

Hasta ahora, se sabe que las dos recomendaciones fueron aceptadas por la PGJE. De acuerdo con la Procuraduría de los Derechos Humanos, las medidas disciplinarias se notificaron se notificaron como cumplidas hasta el 26 de diciembre de 2018. En cuanto al proceso penal, este "se encuentra todavía en trámite".

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