MÉXICO
22/12/2018 10:01 AM CST | Actualizado 22/12/2018 11:00 AM CST

El gobierno de AMLO dice 'sí' a las sentencias de la Corte Interamericana

La administración del tabasqueño deberá enmendar las violaciones a derechos humanos que cometieron sus antecesores

Con una misa oficiada por el Padre Miguel Concha Malo, fueron recordados los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que perdieron la vida tras el enfrentamiento que se registró hace 10 años entre pobladores de Atenco que se negaban a la construcción del nuevo aeropuerto y policías federales así como de la Agencia de Seguridad Estatal.
SAÚL LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM
Con una misa oficiada por el Padre Miguel Concha Malo, fueron recordados los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que perdieron la vida tras el enfrentamiento que se registró hace 10 años entre pobladores de Atenco que se negaban a la construcción del nuevo aeropuerto y policías federales así como de la Agencia de Seguridad Estatal.

El Estado Mexicano acatará las tres sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de manera concertada con las víctimas y sus representantes, reportó la cancillería, cuya titularidad está a cargo de Marcelo Ebrard.

De ese modo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá disculparse y garantizar la no repetición de delitos y actos denigrantes que cometieron sus antecesores el poder, como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y Ernesto Zedillo.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y la Procuraduría General de la República señalaron que el gobierno de la República refrenda su responsabilidad con el respeto de los derechos humanos al reconocer las sentencias de la Corte Interamericana.

El 20 y 21 diciembre de 2018, la Corte notificó al Estado mexicano las sentencias relacionadas con los casos Alvarado Espinoza y otros contra México, Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México y Trueba Arciniega y otros contra México.

El primer caso abarca la responsabilidad del Estado mexicano derivada de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales en el Ejido Benito Juárez, Chihuahua, desde el 29 de diciembre de 2009.

En aquel año, el gobernador era el priista José Reyes Baeza y en el Poder Ejecutivo federal estaba el presidente panista Felipe Calderón.

El segundo caso fue acerca de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco y se relaciona con actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual, cometidos por agentes estatales en contra de once mujeres, en el marco de las detenciones y traslados realizados en operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente.

Cuando sucedieron esas agresiones el presidente era el panista Vicente Fox y el gobernador del Estado de México era Enrique Peña Nieto, quien como candidato presidencial defendió el operativo policial.

El tercer caso es sobre Trueba Arciniega: la ejecución extrajudicial del joven Mirey Trueba Arciniega el 22 de agosto de 1998, por parte de agentes estatales en el estado de Chihuahua.

En este caso, el Estado mexicano llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa con los representantes de las víctimas, por lo que la CIDH emitió su sentencia, de conformidad con las medidas de reparación acordadas y que serán atendidas puntualmente por el Estado.

En los tres casos, la Corte Interamericana encontró responsabilidad por parte de representantes del Estado Mexicano, desde el presidente en turno hasta agentes de seguridad.

El gobierno mexicano aseguró que, como parte del cumplimiento de la sentencia, dará prioridad a la atención, investigación, persecución y castigo a todos los casos de desaparición forzada, para garantizar la no repetición de estos hechos.