POLÍTICA
10/12/2018 4:43 PM CST | Actualizado 10/12/2018 4:46 PM CST

Niñas y adolescentes mexicanas con discapacidad fueron sometidas a esterilización sin consentimiento

Una investigación revela que hospitales públicos han practicado esterilizaciones a mujeres menores de edad con discapacidades sin su consentimiento, una práctica que viola sus derechos.

La esterilización a niñas y adolescentes con discapacidad no debería ocurrir sin su consentimiento, pero en México se hace en hospitales de gobierno.
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La esterilización a niñas y adolescentes con discapacidad no debería ocurrir sin su consentimiento, pero en México se hace en hospitales de gobierno.

Este reportaje fue realizado por Elizabeth Ortiz, Gabriel Orihuela y Juan José del Toro para Zona Docs en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

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La esterilización a niñas y adolescentes con discapacidad no debería ocurrir sin su consentimiento, pero en México se hace. El Gobierno federal lo oculta, aunque hospitales y médicos admiten que es un proceso habitual para bloquear la posibilidad de embarazo ante abusos sexuales.

En lugar de brindar una atención basada en sus derechos, cumplir con el compromiso internacional que el gobierno mexicano adquirió hace 10 años, protegerlas del agresor y escuchar sus necesidades, se somete a las jóvenes con discapacidad abusadas a una nueva agresión: una operación para evitar que cuando sean violadas queden embarazadas.

Así, la operación que dicen se hace para prevenir, termina sometiéndolas a más abusos.

Los casos son contundentes.

Irma es una mujer con síndrome de Down que durante su adolescencia fue violada por un vecino en Huixtán, Chiapas. A los 16 años quedó embarazada. Con pocos recursos y mucha desesperación, fue a un hospital regional para abortar.

Los médicos se negaron y sugirieron esterilizar, así, si le volvía a pasar lo mismo, ya no quedaría embarazada. Perdió al bebé, pero la historia no quedó ahí: aunque había una orden de aprehensión y alejamiento, el violador siguió abusando de ella y la situación se repitió: Irma volvió al hospital embarazada cuatro años después.

Hay más.

Ana es una menor con trastorno mental bajo la tutela del Estado: dejó de vivir con sus padres a los ocho años porque la maltrataban y la explotaban laboralmente. Cinco años más tarde, las autoridades la trasladaron al Hogar de Transición para la Niñez Villas Miravalle en Guadalajara.

A sus 15 años, los directivos del hogar solicitaron a las autoridades de Salud que la sometieran a una operación para atarle las trompas, por "un alto riesgo de un embarazo no deseado".

El Consejo de Familia impidió el procedimiento de manera rotunda: era violatorio de sus derechos humanos. Pero el caso muestra que profesionales responsables de niñas y adolescentes ven en estas operaciones un mecanismo anticonceptivo seguro.

El Gobierno oculta las cifras: de las respuestas a 82 solicitudes de información enviadas a través de la ley de transparencia a dependencias federales, estatales y hospitales no es posible determinar cuántas de las 12,937 menores de edad esterilizadas entre 2006 y 2016 tenían discapacidad. Tampoco si hubo consentimiento firmado.

La cifra de menores de edad –es decir, menores de 18 años– esterilizadas en México implica que, en promedio, en esa década al menos tres niñas y adolescentes fueron intervenidas con una salpingoclasia todos los días.

Aunque seis de cada 10 casos ocurrieron en adolescentes de 17 años, la Secretaría de Salud reporta esterilizaciones en niñas tan pequeñas como de 10 años.

A las solicitudes de transparencia, la Secretaría de Salud federal respondió que no tiene obligación de llevar registro, pero estados como Baja California, Jalisco, Puebla y Tabasco reconocieron que el "retraso mental" es un escenario para realizar esas operaciones; solo como ejemplo: en el Hospital Gustavo A. Rovirosa Pérez de Tabasco indicaron que, de 2010 a 2015, fueron esterilizadas tres menores por esta razón. Una serie de entrevistas con médicos, instituciones y activistas, y la revisión de recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos, revelan que es un procedimiento usual.

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