POLÍTICA
01/11/2018 5:00 AM CST

SCJN envía investigación del gobierno de Chihuahua a la congeladora, aunque Corral busca dar pelea

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender cualquier imputación penal o indagación a EPN y su equipo por el caso Chihuahua.

Reunión en la Residencia Oficial de Los Pinos entre el gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y el presidente Enrique Peña Nieto, en Ciudad de México, el 8 de septiembre de 2016.
PRESIDENCIA/CUARTOSCURO
Reunión en la Residencia Oficial de Los Pinos entre el gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y el presidente Enrique Peña Nieto, en Ciudad de México, el 8 de septiembre de 2016.

La investigación del gobierno de Chihuahua sobre el presunto desvío de 250 millones de pesos de las arcas estatales al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que presuntamente están involucrados personajes cercanos al presidente Enrique Peña Nieto, está en la congeladora hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia constitucional interpuesta por la Consejería Jurídica de la Presidencia.

La semana pasada, la SCJN admitió la controversia constitucional promovida por el consejero Misha Leonel Granados Fernández y ordenó suspender cualquier imputación penal o indagación del gobierno de Javier Corral contra el presidente y su equipo, argumentando que plantea una invasión a la esfera competencial de la Federación, consistente en determinar si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local.

"Desde el punto de vista legal es válido, pareciera ser que el estado de Chihuahua está investigando delitos que son competencia federal, por lo tanto le corresponden a la Procuraduría, y eventualmente al Poder Judicial determinar sobre el fondo del asunto, y lo está haciendo el gobierno del estado", explica en entrevista el abogado Gonzalo Sánchez de Tagle.

Para Javier Corral, la admisión de la controversia por parte de la SCJN "es inédita y a todas luces, notoriamente improcedente" y es parte de un "plan de impunidad transexenal".

Como consecuencia, el gobernador de Chihuahua anunció que presentarán dos recursos en contra de la admisión de la controversia, uno de impugnación y otro por la queja por la solicitud de las copias de todas las actuaciones ministeriales.

Sí es extraño que una cuestión de competencia se dirima a través de una controversia constitucional.--Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado.

A un mes de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto, la controversia constitucional interpuesta por el consejero jurídico de Presidencia paraliza el caso mientras se resuelve la competencia de las autoridades estatales en la investigación en contra de los funcionarios federales.

Para Sánchez de Tagle, es sui géneris que el ministro Eduardo Medina Mora, promovido por el presidente Peña Nieto, "se haya aventado a suspender el juicio".

En realidad un tema de competencia de investigación penal no es común que se trate en sede constitucional, sino muchas veces lo que debería de eventualmente hacer es que el juez de la causa decline la competencia por tratarse de un delito federal, y eso eventualmente puede ser motivo de un juicio, pero de otra naturaleza.-Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado.

Corral señaló que lo "verdaderamente vergonzoso y escandaloso" es que les ordenaron "entregar copia de todas las actuaciones reclamadas como inválidas: indagatorias, investigaciones, actuaciones y hasta las reuniones de la Fiscalía General del Estado".

Sánchez de Tagle considera que es normal que se le pida un informe a la autoridad que está siendo demandada, en este caso el gobierno de Chihuahua, respecto a qué es lo que está haciendo, aunque eso no quita de lado que una gran carga política detrás del caso.

En realidad están utilizando un instrumento legal para avalar su impunidad y que no se investigue que presumiblemente puede derivar en una imputación directa por corrupción y desvío de fondos públicos.-Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado.

Hace prácticamente un mes, la madrugada del viernes 28 de septiembre, el gobierno de Corral recibió una noticia que tendría un impacto importante en su investigación sobre el desvío de recursos en el estado.

El exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, fue liberado del Cereso del municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, luego de que la PGR presentó una solicitud de sobreseimiento al considerar que no existen elementos de prueba suficientes para sostener la imputación.

Tras la suspensión de las investigaciones, el gobierno de Chihuahua dijo desconocer todo el contenido de las órdenes de aprehensión contra el exgobernador priista, César Duarte, acusado de ser una pieza central en el desvío, reconoció que acumularía alrededor de veinte órdenes de aprehensión.

Mientras se resuelve el caso, el gobierno de Corral lanzó una advertencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "No creo que quieran que la Corte siga siendo manchada, arrastrada por este régimen".

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