POLÍTICA
25/10/2018 2:34 PM CDT | Actualizado 25/10/2018 2:41 PM CDT

Propuesta de AMLO de publicidad oficial no resuelve el problema: organizaciones

La austeridad en publicidad oficial no es suficiente, se requiere una buena regulación y reglas claras: organizaciones.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a su llegada al aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, el 20 de septiembre de 2018.
CUARTOSCURO
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a su llegada al aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, el 20 de septiembre de 2018.

La propuesta del gobierno electo de aplicar "Austeridad Republicana" también en los recursos destinados a los medios de comunicación ayudaría en limitar el uso del dinero, pero de ninguna manera garantizaría la libertad de expresión y el derecho a la información.

"El gobierno de la Cuarta Transformación ha señalado que reducirá en 50% del presupuesto aprobado el gasto en publicidad oficial, sin embargo, la reducción es insuficiente si no existen reglas claras para su asignación", explicaron diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas y académicos que conforman el colectivo #MediosLibres.

Con un gobierno federal que ha gastado más de 50 mil 800 millones de pesos en publicidad oficial —6,875 mdp de manera discrecional y poco transparente—, el colectivo #MediosLibres propone abrogar la llamada #LeyChayote y promulgar una Ley General de Publicidad Oficial que elimine "el uso proselitista de la publicidad oficial, fomente el pluralismo y garantice la libertad de expresión e información en nuestro país".

Algunos de los puntos que promueve la iniciativa de #MediosLibres son:

  1. Regulación de la planeación, uso y asignación de la publicidad oficial en los tres niveles de gobierno y en todas las entidades gubernamentales.
  2. Obligar a autoridades, medios de comunicación y otras formas de difusión y promoción a rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos de publicidad oficial.
  3. Prohibir y sancionar el uso propagandístico de la publicidad oficial, así como la censura, castigo o premio a los medios de comunicación.
  4. Criterios claros de asignación de la Publicidad Oficial en función de la idoneidad del medio de comunicación u otra forma de difusión.
  5. Topes a los presupuestos asignados para el gasto de publicidad oficial, así como un límite para los sobreejercicios (no más de 10% de lo aprobado).
  6. Eliminar el uso faccioso de las mediciones de audiencia, lectoría y penetración y otorga al INEGI la facultad de llevar a cabo dichas mediciones.
  7. Otorgar facultades al INAI como institución encargada del control y vigilancia de la planeación, uso y asignación de la publicidad oficial.
  8. Crear un fondo de fomento a la pluralidad, investigación y capacitación a periodistas.
  9. Fortalecer la transparencia en la planeación, ejecución y evaluación de los recursos públicos en materia de publicidad oficial.

La iniciativa busca poner fin a las violaciones a la libertad de expresión, las malas prácticas y garantizar el acceso a la información completa, oportuna, veraz y transparente.

La publicidad oficial no debe ser asignada para premiar o castigar a las distintas formas y medios de comunicación.- Colectivo #MediosLibres

#LeyChayote y la viciada publicidad oficial

El 15 de noviembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión expedir una ley para regular el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018. La histórica sentencia que buscaba corregir "la ausencia de reglas claras y transparentes sobre la asignación del gasto de comunicación social" terminó siendo cumplida muy superficialmente.

Después de un proceso discrecional, sin participación ciudadana y sin un ejercicio de parlamento abierto, el Congreso aprobó una Ley General de Comunicación Social que poco ahondaba en corregir la publicidad oficial. Organizaciones de la sociedad civil, académicos y periodistas la llamaron la "Ley Chayote", porque terminó "legalizando las malas prácticas llevadas a cabo en la publicidad oficial", atentó contra la libertad de expresión y no cumplió con lo establecido en la sentencia de la SCJN.

Aunque AMLO anunció que reduciría en 50% el presupuesto para publicidad oficial y reconoció que los medios de comunicación "están actuando a la altura de las circunstancias", pues "ya han entendido que estamos viviendo tiempos nuevos y nadie me presiona, nadie me está pidiendo convenios de publicidad", el colectivo #MediosLibres espera que con la llegada del nuevo gobierno sea posible una buena regulación y reglas claras que realmente garanticen la libertad de expresión e información.

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