MÉXICO
08/10/2018 4:44 PM CDT | Actualizado Hace 18 horas

Al cierre del sexenio, EPN "olvida" proteger a periodistas y defensores de derechos humanos

El gobierno federal no ha dotado de recursos al Mecanismo Federal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Enrique Peña Nieto, Presidente de la República Mexicana acompañó al gobernador Mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, durante su Primer Informe de Labores, en el Palacio de Gobierno de Toluca, el 21 de septiembre de 2018.
ARTEMIO GUERRA BAZ/CUARTOSCURO
Enrique Peña Nieto, Presidente de la República Mexicana acompañó al gobernador Mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, durante su Primer Informe de Labores, en el Palacio de Gobierno de Toluca, el 21 de septiembre de 2018.

El gobierno federal puso en riesgo a más de 700 personas que son parte del Mecanismo Federal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, al no dotar de recursos para protegerlos.

Este lunes, el Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos acusó al gobierno federal de irresponsabilidad al no liberar los 75 millones de pesosdestinados para la implementación de medidas de protección, pese al compromiso que firmó la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob y la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores el 19 de septiembre pasado.

"A pesar del compromiso, a la fecha, el dinero no ha sido depositado al Mecanismo y los miembros del Consejo Consultivo hemos sido informados por algunas personas beneficiarias desplazadas que se suspendieron de manera inesperada sus medidas de alimentación, las cuales se reanudaron hasta 24 horas luego de llegar a un acuerdo con la empresa proveedora", denunció el Consejo Consultivo en un comunicado de prensa.

El Consejo Consultivo recordó al gobierno federal que la protección a periodistas y defensores de derechos humanos no es un tema de sexenio, sino "un compromiso de Estado".

Desde el más alto nivel, el gobierno de Enrique Peña Nieto cierra su sexenio incrementando el nivel de riesgo de personas defensoras y periodistas que se encuentran bajo el resguardo del Mecanismo y ha dejado con una mínima capacidad de operación a todo el equipo de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo.- Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

El Mecanismo actual contempla 3500 medidas de protección para 727 periodistas o defensores que son parte de él y tanto ellos como sus familias quedarían sin protección por falta de recursos, en un contexto de violencia y violaciones a sus derechos humanos.

El Consejo Consultivo pidió 126 millones de pesos para operar hasta marzo del próximo año, pero a finales de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se comprometió a otorgar 75 millones de pesos al Fideicomiso 1032. Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con lo que el Mecanismo podría operar hasta este año. Sin embargo, no han otorgado esos recursos.

Periodistas y defensores en riesgo

El pasado 2 de octubre, Jaime Valencia Adame, director de la agencia de noticias Alerta Michoacán fue víctima de detención arbitraria, torturas, amenaza de desaparición, incomunicación y uso ilegítimo del poder público por parte de elementos de la Policía Estatal y Municipal en Zamora, Michoacán, pese a contar con el Mecanismo de Protección tras la tentativa de homicidio que sufrió el 12 de septiembre.

En lo que va del año, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha contabilizado el asesinato de ocho periodistas. El periodista y activista, Sergio Martínez González, fue asesinado a balazos el miércoles 3 de octubre en Tuxtla Chico, Chiapas.

Desde 2006 a la fecha, 36 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinados, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El viernes 28 de septiembre, el activista y defensor del territorio Jesús Javier Ramos Arreola fue asesinado en su casa en el poblado de San Rafael, en Tlalmanalco, Estado de México.

Organizaciones denunciaron que Arreola comenzó a sufrir amenazas cuando se sumó a las protestas contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

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