MÉXICO
19/09/2018 4:58 PM CDT | Actualizado 19/09/2018 4:59 PM CDT

CNDH acredita ejecuciones arbitrarias en Palmarito, Puebla

El organismo emitió una recomendación para la Sedena y la SSP-Puebla por el caso Palmarito y acreditó otros hechos violatorios a la legalidad.

Cuartoscuro

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que elementos del Ejército ejecutaron de forma arbitraria a dos personas durante el enfrentamiento con huachicoleros en la comunidad de Palmarito, Puebla, ocurrido el 3 de mayo de 2017.

En un comunicado, recordó que los enfrentamientos armados entre huachicoleros, efectivos militares, así como servidores federales y estatales, derivaron en la muerte de 10 personas (6 civiles y militares), 26 resultaron lesionadas (14 civiles y 12 militares) y 13 más fueron detenidas, 3 de ellos menores de edad.

Una semana después del enfrentamiento en el que murieron seis civiles y cuatro militares, se difundió un video en el que se observaba a un militar que disparó contra un civil que ya estaba en el suelo.

La comisión emitió una recomendación por "violaciones graves a las garantías individuales atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla" durante el operativo en Palmarito.

Otras violaciones graves que cometieron militares y elementos de la SSP local fueron: siembra de armas en los cadáveres de dos personas, detenciones arbitrarias de dos infantes, además de trato cruel con 12 personas, entre ellos tres menores de edad.

La CNDH recomendó a la Sedena y al gobernador de Puebla que se repare integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica, así como colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado.

La CNDH señaló su preocupación por la impunidad en la sustracción ilegal de hidrocarburos, debido a que las personas detenidas por ese hecho no son puestas a disposición de la autoridad competente y cuando se inician las indagatorias respectivas no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetas a proceso.