MÉXICO
08/09/2018 8:44 AM CDT | Actualizado 08/09/2018 8:57 AM CDT

Pueblos indígenas en México y su papel en el nuevo proyecto de nación de AMLO

Un análisis de Simo Consulting refiere que el nuevo proyecto de nación de cambios profundos, debe iniciar por reconocer las promesas incumplidas y reconstruir la relación entre el Estado y los pueblos indígenas.

Cuartoscuro

*Análisis de Yolanda Ramos Ruiz, maestra en Ciencia Política y analista de Proyectos Estratégicos en SIMO Consulting.

Desde 2001 los pueblos originarios son reconocidos a nivel constitucional en México y antes en otros documentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Así, el artículo 2 de la Constitución expresa el carácter pluricultural de la nación, el cual está sustentado en sus pueblos indígenas.

Pese a dichos reconocimientos y a los enormes aportes que tienen los pueblos indígenas en la conformación del país, siguen estando entre los grupos con altos niveles de pobreza y pobreza extrema, así como despojo de sus tierras, discriminación, desplazamiento, entre otros.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal de 2015 del Inegi, 25 millones 694 mil 928 personas en México se autorreconocen como indígenas, lo que representa el 21.5% de la población total del país, de los cuales más de 7 millones habla alguna de las 364 variables lingüísticas reconocidas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Las desventajas con respecto a la población no indígena son claras, en promedio, la población indígena estudia 3.4 años menos que la población no indígena y 23% de quienes hablan lengua indígena son analfabetas frente a un 5.5% que presentan esta misma condición a nivel nacional.

En otras áreas como la salud, ingresos percibidos y acceso a la alimentación y servicios básicos, los datos no son menos desalentadores. De los 623 municipios indígenas del país –aquellos donde más del 40% de su población es indígena- 87.5% presentan alto y muy alto grado de marginación. Aunado a ello, sólo el 38.4% de los hogares indígenas cuentan con agua entubada al interior de sus viviendas (INEGI, 2015), lo que a su vez aumenta las probabilidades de contraer enfermedades infecciosas, y ante la precariedad de los servicios de salud en las zonas más alejadas de los centros urbanos del país, la probabilidad de muerte.

Simo Consulting.

Causas, una mirada retrospectiva

El indígena ha sido invisibilizado, visto como mero receptor pasivo de programas de corte asistencialista diseñados desde una mirada totalmente occidentalizada que no considera la postura del otro ni propicia el diálogo, a fin de construir a partir de las diferencias y los puntos de encuentro. A principios del siglo XX, se generan los primeros programas direccionados a la población indígena, entre ellos las escuelas de instrucción rudimentaria y la casa del estudiante indígena, mismos que tenían como propósito fundamental "civilizar al indígena". Posteriormente con la creación del Instituto Nacional Indigenista (INI) en 1948, hoy conocida como Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI), se establece una institución encargada de coordinar y evaluar políticas públicas que beneficien a la población indígena.

Desde entonces, la responsabilidad en materia de acción pública para la población indígena ha recaído principalmente en esta institución, la cual vale la pena mencionar cuenta con escaso presupuesto. Para el año 2018, el presupuesto para las entidades no sectorizadas, dentro del que se ubica el presupuesto para la CDI fue de 6.088 mdp, sólo 0.05% mayor al presupuesto de 2017, y 52% menos que en 2016-. Por lo anterior, su margen de operación es reducido y sólo cuenta con programas en algunas áreas como educación, infraestructura, productividad y algunas acciones complementarias en materia de salud, cultura y acceso a la justicia.

De igual forma, dentro del presupuesto para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, se asigna presupuesto para la operación de otros programas como Prospera y el de Inclusión y Equidad Educativa. Programas que al igual que los operados por la CDI, arrastran problemas desde su diseño, pues se crean para atender lo que se cree que necesita la población pobre, sin tener como base diagnósticos hechos junto con la población indígena que permitan identificar sus verdades necesidades, así como sus propuestas para enfrentar las problemáticas que los aquejan. Partiendo de estas deficiencias en su diseño, han operado durante décadas programas que no contemplan elementos básicos como el lenguaje o las condiciones geográficas donde habitan las comunidades, y que nunca han implementado evaluaciones de impacto para evaluar los cambios que se han producido en las condiciones de vida como consecuencia de los bienes y servicios que ofrecen.

Los retos del nuevo gobierno

Este panorama revela el enorme trabajo que tiene por delante la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador en materia indígena. Siendo consecuente con sus promesas de campaña, donde se sostuvo que tendrán prioridad aquellos históricamente excluidos, los pueblos indígenas deberían ser los primeros en ser escuchados y con quienes se inicie el trabajo de una agenda conjunta.

Dentro de los pronunciamientos que se han hecho en esta materia, se conoce que la CDI será remplazada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y que junto con 132 coordinaciones regionales tendrá como función principal la consulta con los pueblos indígenas a fin de formular un plan de desarrollo integral donde queden plasmadas las necesidades de la población indígena presentes en todo el país, y a partir de allí trabajar de forma mancomunada en su implementación.

Otro de los pronunciamientos que se ha hecho al respecto y el que quizá genera mayor expectativa es la de reactivar los acuerdos de San Andrés Larráinzar que fueron ignorados en la reforma constitucional de 2001. La implementación de estos acuerdos demanda en primer lugar el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas y, con ello, el respeto a sus territorios y a la conformación de gobiernos autónomos para decidir sobre sus asuntos internos. También para tener voz propia en la toma decisiones donde ellos se ven directamente afectados, así como en la configuración del nuevo modelo de país más equitativo e incluyente que propone López Obrador.

Las propuestas enunciadas hasta el momento no demuestran grandes transformaciones o ideas que no se hayan planteado antes, por lo que el verdadero reto de esta nueva administración está en su cumplimiento. Hasta la fecha, y lo demuestran las alarmantes cifras en materia de marginación y falta de acceso a servicios básicos, las promesas no han sido más que eso, promesas que han excluido al indígena de la toma de decisiones.

Así, el nuevo proyecto de nación de cambios profundos, debe iniciar por reconocer las promesas incumplidas y reconstruir la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Misma que debe cimentarse en términos de igualdad y de posicionamientos horizontales que permitan impulsar escenarios incluyentes de la diversidad en el ámbito político, económico, social y cultural. Tal como lo mencionan Corona y Le Mûr "el reconocimiento de la capacidad de acción de los pueblos indígenas para diseñar y aplicar visiones alternativas igualmente válidas es un principio decisivo en el éxito de la delineación de proyectos interculturales".

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