MÉXICO
07/09/2018 11:09 AM CDT | Actualizado 07/09/2018 11:12 AM CDT

Pacificación y reconciliación: la apuesta de AMLO ante la crisis de derechos humanos

Un análisis de Simo Consulting sobre cómo se van vislumbrando las políticas de pacificación y reconciliación que la nueva administración busca implementar.

Forenses trabajando en Tonalá, Jalisco, tras hechos violentos.
Stringer . / Reuters
Forenses trabajando en Tonalá, Jalisco, tras hechos violentos.

*Análisis de Lourdes Nava Carrasco, licenciada en Ciencia Política y Administración Pública.

En 2011, con la reforma en materia de derechos humanos, estos se elevaron a rango constitucional en México. Esta reforma buscó un cambio en el modo de entender las relaciones entre autoridad y sociedad y no se puede desvincular del contexto de violencia que azotaba al país en sus diferentes horizontes por la estrategia militarizada de seguridad que emprendió el entonces presidente Felipe Calderón.

Una vez terminado el sexenio calderonista, la llegada de la nueva administración priista supuso un cambio en la política de derechos humanos y seguridad, sin embargo, las políticas implementadas tanto en seguridad, economía y desarrollo social, no hicieron más que afianzar la crisis de violencia y derechos humanos en el país, consolidando al año 2017 como el más violento de la historia reciente de México.

Las cifras indican que, en el 2017, el número de homicidios, según el INEGI, fue de 31 mil 174 cuando el número de asesinatos más alto data del 2011 con 27 mil 213. El número de personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta octubre de 2017 era de 33 mil 125 casos. A su vez, el informe "Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México" de la Universidad Iberoamericana (UIA) de la Ciudad de México y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), indicó que se encontraron mil 075 fosas clandestinas entre 2007 y 2016, con un hallazgo de 2 mil 014 cuerpos.

De acuerdo a la Red TDT en su Informe "La esperanza no se agota", indica el registro de 106 ejecuciones extrajudiciales y 81 desaparecidos, el saldo del gobierno de EPN sobre defensores de derechos humanos del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2017. Además, la libertad de expresión en el país alcanzó números rojos, de 2012 a la fecha, 48 periodistas han sido asesinados, convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

En suma, México alcanzó niveles de violencia nunca antes vistos, fue así que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alcanza récord histórico de recomendaciones por violaciones a derechos humanos en 2017, con un total de 97 instrumentos recomendatorios; 81 recomendaciones ordinarias; cinco recomendaciones por violaciones graves; ocho recomendaciones del Mecanismo de Prevención de la Tortura y tres recomendaciones generales.

Simo.

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La crítica no solo se remite al tratamiento de la crisis de seguridad y de derechos humanos en México, también a la negligencia de los representantes de las instituciones del Estado, al negar dichas crisis que atraviesa el país. Cabe recordar que en 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó la "Visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", las conclusiones preliminares evidenciaron la crisis en derechos humanos; las cuales fueron negadas y descalificadas por el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y respaldado por José Antonio Meade, entonces al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, la desacreditación del informe Ayotzinapa I y II del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocado por la CIDH, enfatiza que el Estado mexicano no reconoce la crisis en materia de derechos humanos.

Ante el panorama actual en temas de seguridad y derechos humanos, los retos que enfrenta Andrés Manuel López Obrador y su administración son mayúsculos. Sin embargo, a escasos meses que asuma oficialmente el cargo de presidente, AMLO y su equipo de transición han planteado una posible solución a este problema, apostando a la pacificación y la reconciliación.

La primera propuesta para la reconciliación nacional que declaró AMLO en plena campaña electoral fue la Ley de Amnistía, la cual trajo consigo confusión y contrariedad tanto en la opinión pública, como en el propio equipo de campaña del próximo presidente, a raíz de las diversas declaraciones discordantes y falta de coordinación de AMLO y su equipo. Actualmente, se sabe que esta propuesta no aplicaría en crímenes de lesa humanidad (desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales) y violencia extrema.

En la misma línea, Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, ha expuesto un cambio de estrategia en seguridad, con la posible despenalización de la mariguana, por lo que las redes criminales ya no se beneficiarían de la venta ilegal y así enfrentar el problema del narcotráfico de manera gubernamental, a través de su producción, sacándolo de la ilegalidad y afectar la red de comercio que se crea en torno a los cárteles. (Despenalizar la marihuana, la apuesta de Olga Sánchez Cordero)

Actualmente, el equipo de transición trabaja en la creación del plan de seguridad pública y la estrategia de pacificación y reconciliación nacional por medio de los "Foros Escucha", que buscan generar espacios de diálogo con la participación de víctimas, académicos, empresarios, actores sociales, grupos, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, así como autoridades locales y estatales, con el fin de identificar y reunir diversidad de ideas y posturas para la creación de propuestas que respondan a la problemática de seguridad y la creación de políticas públicas integrales con perspectiva de derechos humanos.

Asimismo, Sánchez Cordero, en julio, en un encuentro con familiares de víctimas de desaparición, recalcó la promesa de que el próximo gobierno no va a esconder la problemática de violencia y crisis de seguridad y derechos humanos que se vive en el país. Además, la próxima secretaria de gobierno, no sólo sostiene la despenalización de la mariguana como vía para la seguridad que se ha visto mermada por el crimen organizado, sino que remarca la importancia de una reparación integral desde la justicia transicional y los cimientos de la memoria, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Incorporando propuestas como Comisiones de la Verdad, una Ley de Reducción de Penas y Amnistía y un Plan Nacional de Reparaciones. (Olga Sánchez Cordero tiene su primera prueba frente a familiares de desaparecidos)

En suma, es cierto que las declaraciones y propuestas que han hecho tanto AMLO como su equipo, no han sido lo suficientemente precisas, sin embargo se puede decir que las decisiones y políticas tomadas tendrán que estar basadas con enfoque de derechos humanos, garantizar políticas integrales donde se abarque no sólo la cuestión de seguridad como variable independiente, sino que haya una vinculación en las políticas económicas, sociales y educativas. Igualmente, esta administración debe priorizar el fortalecimiento institucional y con justa razón: las instituciones encargadas de la procuración de justicia. Cumplir con la principal promesa de campaña: erradicar la corrupción. Por último, a la par de toda acción dirigida a la seguridad pública, es fundamental que se implementen programas transversales de sensibilización y educación sobre cultura de la paz y respeto a los derechos humanos.

En conclusión, se puede ir vislumbrando las políticas de pacificación y reconciliación que la nueva administración busca implementar, sin embargo, será hasta noviembre de este año que será posible tener una aproximación de la propuesta del plan de seguridad pública. Pero en definitiva, toca seguir de cerca los procesos que a este tema confiere, acompañando a las víctimas en la búsqueda de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esperando que esta nueva oportunidad no responda a intereses y a la voluntad política del partido en turno. Finalmente, no será hasta que entre en funciones oficialmente el nuevo gobierno que podamos ver avances o retrocesos de la problemática de la violencia que continúa flagelando a nuestro país, pero por lo mientras se seguirá en la espera de que la reforma del 2011, sea vista como tal: constitucional.

Consulta la serie #DerechosHumanosMéxico #VocesDeLaTransición

Primera entrega: 'Enrique Peña Nieto deja un país de fosas, desaparecidos y feminicidios': Denise Dresser

Segunda entrega: Desastres ambientales, minería y despojo de tierras: las deudas del sexenio de EPN (entrevista con Benjamin Cokelet, de PODER).

Tercera entrega: México, donde el gobierno lo vio todo y se hizo cómplice de las desapariciones #6toInforme (entrevista con Lucía de los Ángeles Díaz, fundadora del Colectivo Solecito Veracruz)

Cuarta entrega: 'Si se hablara de las víctimas como se habla del NAIM las cosas serían muy distintas' (entrevista con el investigador Jacobo Dayán)

Quinta entrega: 'El gobierno de EPN será recordado por la corrupción y las graves violaciones a derechos humanos' (entrevista a Mario Patrón, director del Centro Prodh).

Consulta el resto del serial #VocesDeLaTransición aquí.

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