POLÍTICA
28/08/2018 3:06 PM CDT | Actualizado 28/08/2018 5:07 PM CDT

'Maquinaria del gobierno' intentó comprar casi 30 millones de votos

15.5 millones de ciudadanos rechazaron la oferta de dinero a cambio de su voto, según el cálculo de Democracia Sin Pobreza; siendo Todos Por México, la coalición que más incurrió en la práctica.

Una mujer deposita su voto, en la elección del pasado 1 de julio.
AFP/GETTYIMAGES
Una mujer deposita su voto, en la elección del pasado 1 de julio.

Elección tras elección se pone en marcha la maquinaria de los gobiernos federal, estatales y municipales para comprar y coaccionar el voto de millones de mexicanos. Todos los partidos sin excepción hacen uso de esta maquinaria y la elección del 1 de julio no fue la excepción.

De acuerdo con el ejercicio Democracia Sin Pobreza realizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la compra y coacción del voto en la elección más grande de la historia podría haber llegado a 29.9 millones de mexicanos, uno de cada tres electores. No alcanzó su objetivo de afectar los resultados de las urnas gracias a que 15.5 millones de ciudadanos rechazaron la oferta de dinero a cambio de voto, según la encuesta.

Partidos a la caza de votos

De los que sí aceptaron un regalo, servicio o favor de un partido político a cambio de su voto, el 79% manifestaron que no tenían ningún problema con votar por un partido diferente del que les intentó comprar su voto. Aunque las tres principales coaliciones incurrieron en la compra del voto, fue la alianza del partido en el poder, Todos por México (PRI, PVEM y Panal), la que llegó a más mexicanos: 5.3 millones. Pese a los intentos de comprar el voto, el candidato de Todos por México, José Antonio Meade, quedó en tercer lugar con el 16.4% de los votos.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Encuesta sobre la compra de votos por coalición en la elección del 1 de julio.

La larga lista de la operación en tierra de la maquinaria electoral incluyó la entrega de tinacos, pinturas de casas, tarjetas y vales de despensa y el uso de instalaciones públicas.

Las prácticas en tierra no se quedaron ahí. Faltando poco más de un mes para la elección, el martes 26 de junio, la policía de Ciudad de México decomisó 20 millones de pesos que eran trasladados en una camioneta y cuyo destino era la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aunque el caso atrajo la atención mediática, el caso no inhibió otras prácticas y en la jornada electoral el dinero en efectivo circuló a raudales prácticamente por todo el país.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza documentó la entrega de dinero en efectivo en 28 estados de la República. El precio del voto variaba en cada estado, aunque hubo compra de voto por 100 pesos en Baja California hasta por 10 mil pesos en Jalisco.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
El precio del voto en la elección del 1 de julio.

¿Cómo llegamos ahí?

Son años y meses previos los que se necesitan para operar esta maquinaria que lucra con la pobreza y que se vale del debilitamiento de las instituciones, del nombramientos de operadores en puestos claves, así como de programas sociales con reglas poco claras y ausencia de controles.

En un país en donde la mitad de la población carece del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica, los programas sociales son usados para intentar mover las preferencias electorales.

Democracia Sin Pobreza encontró que los subsidios y transferencias destinadas y sueldos y salarios del rubro de protección social aumentaron 4 mil 654 millones de pesos entre el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2018, cuando las campañas electorales entraron. Además, de los 152 programas de subsidios, transferencias y prestación de servicios sociales federales, 85 no cuentan con reglas de operación y 66 carecen de padrón de beneficiarios.

"Durante el periodo electoral hubo más dinero disponible para contratar gente orientada al trabajo territorial de los programas sociales", se desprende del informe.

Para Joel Salas Suárez, consejero del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hay grandes incentivos para mantener una política social como la tenemos.

Con base en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Univisión documentó durante la elección que el gobierno había pagado 4.4 millones de dólares por registrar a 500 mil nuevos beneficiarios del Programa de Adultos Mayores que nunca fueron inscritos. Además, documentó que se entregaron 8.8 millones de dólares a 72 mil supuestos ancianos que no aparecen en ningún expediente.

Programas contra la pobreza como Prospera —que da apoyos en educación, salud, nutrición e ingresos a personas — tienen una gran estructura territorial para llegar a la población, pero "no cuentan con suficientes mecanismos de profesionalización, contraloría interna ni ciudadana". El informe detectó 12 mil 670 localidades en las que se encontraban 2 millones 600 mil 754 beneficiarios del programa, pero en donde viven 2 millones 37 mil 486 personas. Es decir, hay 563 mil 268 más beneficiarios que habitantes en esas localidades.

"El clientelismo sigue vivito y coleando" a pesar de la pluralidad política, dijo Joel Salas durante la presentación del informe.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo durante la presentación que "nadie en su sano juicio puede negar" el clientelismo político, aunque lo que permita que se siga alimentando es la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad.

Para Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es urgente que la pobreza deje de ser "el oscuro objeto del deseo" de los políticos. Para combatir la pobreza, el clientelismo y la compra del voto, la organización propone articular la política social y la política económica para garantizar crecimiento y distribución equitativa de los beneficios, sanción electoral que incluya la anulación de la elección y la revocación de la candidatura, y la inhabilitación permanente a servidores públicos que condiciones programas sociales o desvíen recursos en campañas electorales.

El uso de programas sociales es inútil porque no resuelve la pobreza, inmoral porque se lucra con la pobreza e ilegal porque así lo establecen las leyes, advirtió la organización.