POLÍTICA
14/08/2018 5:15 AM CDT | Actualizado 15/08/2018 5:55 PM CDT

Ley de Seguridad Interior, resurge el debate en foros de paz y aún no hay claridad sobre si AMLO la abrogará

Aunque Morena presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior y López Obrador, desde el Ejecutivo, podría abrogar la Ley, aún no ha definición sobre lo que su gobierno hará.

ACAPULCO, GUERRERO, 08AGOSTO2018.- Personal del Ejército mexicano, ministeriales y peritos acuden a atender el hallazgo de un cuerpo con un mensaje presumiblemente de un cártel del narcotráfico.
FOTO: BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM
Cuartoscuro.
ACAPULCO, GUERRERO, 08AGOSTO2018.- Personal del Ejército mexicano, ministeriales y peritos acuden a atender el hallazgo de un cuerpo con un mensaje presumiblemente de un cártel del narcotráfico. FOTO: BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM

El Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador señala que, de continuar el Ejército mexicano en la calles, es necesaria la aprobación de una Ley de Seguridad Interior (LSI) "ya que es impensable que continúe realizando labores de seguridad pública, que no le corresponden, sin un ordenamiento legal apropiado."

El apunte extraído del documento publicado en http://proyecto18.mx es, hasta ahora, el posicionamiento más claro respecto a la Ley de Seguridad Interior del próximo gobierno. Sin embargo, el tema volvió a la palestra en el "Primer Foro Escucha para la Pacificación Nacional", llevado a cabo en Ciudad Juárez el pasado 7 de agosto.

Allí, desde la ciudad fronteriza, diferentes ponentes de una de las mesas pidieron la abrogación de la Ley de Seguridad Interior al considerar que es un peligro para la población civil y para el propio gobierno.

En ese sentido, la sentencia dictada por un juez de distrito el pasado 12 de agosto sobre el caso Tlatlaya, que dejó en 2014 un saldo de 22 muertes generadas casi en su totalidad a causa de un enfrentamiento entre un "grupo de delincuentes" y militares, según las fuentes oficiales, evidencia los riesgos de la Ley de Seguridad Interior.

Aunque el Ejecutivo tiene la facultad de abrogar una ley, Zoé Robledo, propuesto como subsecretario de Derechos Humanos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, informó que el próximo gobierno no tiene aún claridad sobre lo que seguirá para la Ley de Seguridad Interior, pues están esperando al 1 de diciembre, así como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas, incluso por Morena, y de las cuales dos han sido resueltas a favor al considerarla violatoria de derechos humanos.

"No puedo adelantar hasta que haya una resolución de la Corte, el procedimiento está, la posición política es clara y contundente desde la discusión, el voto que tuvimos en Morena en el Senado y diputados, fue la presentación de la acción de inconstitucionalidad", señaló Robledo al ser cuestionado por la prensa el pasado 9 de agosto cuando se dieron por iniciadas formalmente las mesas de trabajo de equipo de López Obrador con organizaciones para diseñar la Fiscalía General de la República.

HuffPost.

En enero de este año, Morena se sumó a la acción de inconstitucionalidad de la LSI. El grupo parlamentario en la Cámara de Diputados anunció que se sumaba a los grupos que integraban la coalición por México al Frente para acudir el 18 de enero ante la Suprema Corte de Justicia a impugnar la Ley.

Y qué pasa si se impugna (o no) la Ley de Seguridad Interior.

A pesar de las múltiples voces que advirtieron de los peligros de una Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso a finales de diciembre de 2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

"Se trata de una ley que incluye un concepto de seguridad propio de regímenes autoritarios, que contiene definiciones laxas, que no incorpora controles de derechos humanos ni contrapesos legislativos, que altera de fondo la relación cívico-militar; una ley que perpetuará el fallido modelo de seguridad y que prescinde de la evidencia empírica. Una ley que por su mal diseño mantendrá en la incertidumbre a marinos y militares", denunciaron en su momento organizaciones como el Centro Prodh.

La posibilidad de revertir la LSI depende (hasta ahora) de la SCJN

Tatiana Clouthier y Zoé Robledo -- propuestos como subsecretarios de Gobiernos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del gobierno de López Obrador—fueron claros con la prensa: respecto a la LSI habrá definiciones hasta el 1 de diciembre y una vez que la Suprema Corte dé una resolución.

Sin embargo, en mayo de este año, la SCJN ordenó aplazar la resolución de los amparos en revisión promovidos contra la LSI. Mediante la circular 5/2018-AGP, el máximo tribunal notificó que serían aplazados hasta que la Corte dicte sentencia en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales cuyos proyectos están a cargo de la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, sin que hasta ahora haya un cambio en el estatus.

https://www.scjn.gob.mx/

"Al día de hoy no estamos en funciones ni legislativas ni tampoco en el Ejecutivo, y si la Corte al 1 de diciembre no ha resuelto en un sentido contrario a la acción (de inconstitucionalidad presentada por Morena), tendremos que tomar una determinación, pero hoy no existe esa facultad, como estamos no tenemos la posibilidad de abrogar la ley de seguridad interior", dijo Robledo al ser cuestionado al respecto por la prensa el 9 de agosto pasado.

Sobre si como gobierno le darán continuidad a la acción de inconstitucionalidad presentada por Morena, Robledo especuló sobre que seguramente será una posición tomada "desde el grupo parlamentario y en consenso de todos los diputados y senadores que entren en funciones, pero sí tenemos que estar claros y hay reglas y tenemos que esperar a lo que resuelva la Corte."

Tiene que haber siempre coherencia, pero también respeto a las instituciones y hoy (la discusión de la Ley de Seguridad Interior) está en la Suprema Corte."Zoé Robledo.

Ley de Seguridad Interior y estrategia de seguridad de AMLO

Para el Centro Prodh, el mensaje del presidente electo y su equipo es claro: "primero sobre no aplicar la Ley de Seguridad Interior, lo cual es bastante relevante; en segundo lugar, el retiro gradual de las fuerzas armadas y fortalecer las instituciones de seguridad ciudadana, como las policías", refiere Gabriela Carreón, abogada del Centro Prodh, en entrevista con el HuffPost.

No obstante, reconoce Carreón, "eso no se ha materializado en acciones concretas".

En el plan de gobierno de López Obrador se habla de la pertinencia de crear una Guardia Nacional con el apoyo de los 214 mil 157 soldados y 55 mil 574 marinos bajo el mando de oficiales del Ejército y de la Marina. "Se trata de aprovechar el conocimiento y la disciplina de estas fuerzas, así como todos sus recursos materiales (vehículos, cuarteles e instalaciones), con el propósito de garantizar la seguridad de los mexicanos y devolver la paz al país", se lee en el documento.

También se habla del retiro paulatino y programado del Ejército y la Marina, pues "la seguridad pública es una responsabilidad del ámbito civil. No obstante, mientras se lleva a cabo la reestructuración de los órganos policiales con las acciones mencionadas en los párrafos anteriores, el Ejército y la Marina seguirán participando con su experiencia, con su disciplina y lealtad, y con su personal e instalaciones en el esfuerzo común para garantizarla."

De este modo, el plan de gobierno habla de un retiro de las calles de la fuerzas armadas paulatino y de manera programada, previa preparación de fuerzas especiales de las diferentes policías estatales y federales para realizar las tareas que Ejército y Marina llevan hoy a cabo. "En una primera etapa dicho retiro se hará de manera directa y, en una segunda, de manera indirecta a través de la Guardia Nacional, una vez que ésta se haya constituido."

Como, en primera instancia, la administración de Andrés Manuel López Obrador mantendría al Ejército en las calles, también se haría necesaria una Ley de Seguridad Interior, se desprende del mismo proyecto de nación 2018-2024.

"Resulta indispensable crear un Pacto Nacional de Seguridad Pública y Procuración de justicia en el que participen los tres poderes:

"a) Poder Ejecutivo: Cambio radical de estrategia en el combate al delito y una completa implementación del sistema acusatorio.

"b) Poder Legislativo: De continuar el Ejército Mexicano en la calles, es necesaria la aprobación de una Ley de Seguridad Interior ya que es impensable que continúe realizando labores de seguridad pública, que no le corresponden, sin un ordenamiento legal apropiado.

"c) Poder Judicial: establecer una homologación de criterios entre los jueces en casos de delincuencia organizada y lavado de dinero".

Sin embargo, sobre la estrategia de seguridad del próximo gobierno encabezado por López Obrador tampoco todo está dicho.

En el mismo encuentro con la prensa, y a solo dos días de que arrancaran los foros de pacificación y a uno de que AMLO recibiera la constancia de presidente electo, Zoé Robledo señaló que la agenda de seguridad saldrá de los 17 foros de escucha, "donde realmente se están tomando en cuenta las opiniones y el sentir de las víctimas, no es discursivo es realmente una forma de entender la acción de gobierno a partir de escuchar a las víctimas y en ese sentido tenemos que lograr que de los foros surja la acción política y la acción de gobierno, no al revés."

Consulta aquí los seriales #AusteridadRepublicana y #VocesDeLaTransición.