MÉXICO
12/08/2018 1:56 PM CDT | Actualizado 12/08/2018 1:56 PM CDT

Por investigación ineficaz, juez ordena reabrir caso Tlatlaya

Un juzgador determinó que la PGR no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso.

El 30 de junio de 2014, en un operativo elementos del Ejército ejecutaron a 22 personas, de estas entre 12 y 15 eran menores de edad.
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El 30 de junio de 2014, en un operativo elementos del Ejército ejecutaron a 22 personas, de estas entre 12 y 15 eran menores de edad.

El Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reabrir el expediente de la masacre de Tlatlaya, luego de determinar que esta no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso.

Asimismo, exhortó a la PGR a profundizar en la cadena de mando de la "orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad", que guió a los soldados participantes en ese operativo a ejecutar a 22 personas, de estas entre 12 y 15 eran menores de edad según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con La Jornada, lo anterior se da luego de que el juez Érik Zabalgoitia Novales, otorgó un amparo a Clara Gómez González, una de las sobrevivientes de los hechos del 30 de junio de 2014, y madre de una joven de apenas 14 años que murió en el operativo realizado en la bodega de la comunidad San Pedro Limón.

Al analizar el juicio de amparo 545/2017, interpuesto el 15 de junio de 2017, el juzgador reconoció que la investigación defectuosa de la PGR "ha violado los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia" pues no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados; asimismo, no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal.

La sentencia del juez obliga a la PGR a reencausar el expediente en un plazo máximo de 30 días hábiles –que se cumplen esta semana– y abre la posibilidad de recabar más pruebas contra siete militares que en su momento fueron detenidos y luego puestos en libertad por falta de pruebas, no por ser hallados inocentes. El cumplimiento del fallo se encuentra suspendido por los recursos de revisión que interpuso la procuraduría.