MÉXICO
21/06/2018 6:00 AM CDT | Actualizado 21/06/2018 6:46 AM CDT

En México “resolver” un homicidio significa presentar a un detenido aunque sea inocente

Los especialistas coinciden en que la gran mayoría de las investigaciones de crímenes comienzan con la detención de un supuesto culpable.

Entre 2006 y 2016, en México se presentaron 15 mil denuncias por tortura, según datos de la PGR y procuradurías estatales.
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Entre 2006 y 2016, en México se presentaron 15 mil denuncias por tortura, según datos de la PGR y procuradurías estatales.

En todo homicidio el MP o fiscal es la cabeza de la investigación y dirige el trabajo del policía de investigación. Idealmente, el MP plantea la hipótesis del crimen, define la estrategia jurídica para llevar al acusado ante el juez y vigila que sea legal el trabajo del policía de investigación; éste, por su parte, trabaja en calle, entrevista testigos y sospechosos, recolecta la información, los datos y la evidencia para llevarla al MP.

Pero en el México real, según el diagnóstico Reforma procesal y Ministerio Público publicado por la UNAM en 2016, esta coordinación no se da: el MP no tiene capacidad para dirigir al policía y éste es casi un "ente autónomo" sin controles.

La tercera parte del reportaje #MatarenMéxico de Animal Político se centra en la técnica para "resolver" un homicidio en México, la cual se refiere a tener un culpable a quien presentar ante el juez. Como sea: aleccionar a las familias para que declaren contra una persona o intimidar y amenazar con cárcel a testigos para que señalen a un culpable.

"No sirven los peritajes ni las evidencias. La única forma de probar un asesinato es hacer que alguien te diga 'yo fui' o que te digan 'fue él'", señala Alejandro, un policía de investigación de la Ciudad de México.

El uso generalizado de la tortura en la investigación judicial en México, de hecho, motivó una condena por parte de Juan Méndez, relator de las Naciones Unidas, durante su visita al país en el 2017 y ese hecho lo confirman las estadísticas oficiales: registros de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías estatales indican que, en una década, entre 2006 y 2016, en México se presentaron 15 mil denuncias por tortura. De ese total, 59% corresponden a autoridades federales y 41% a locales.

Las nuevas reglas del sistema penal, vigentes a partir de 2016, impiden que el testimonio sea la prueba máxima de las autoridades contra un acusado, aunque en los hechos, según los testimonios recabados, esa práctica se mantiene.

En 2016, según el INEGI, el 54% de las condenas por asesinato emitidas en el nuevo sistema penal, fueron en juzgados de control. Es decir, en más de la mitad de las sentencias condenatorias la única prueba fue la confesión del inculpado.

Guillermo Naranjo, abogado de la organización Id(h)eas, y David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, coinciden al decir que tener a un culpable es lo importante en términos de efectividad institucional.No importa esclarecer los hechos ni los motivos, tampoco si hay cómplices u otros casos relacionados a ese crimen. Y para tener a un culpable, explican, hay que "cuadrar" la evidencia con el testimonio.

"Al acudir al lugar de los hechos van con el enfoque de 'vamos a buscar culpables' y si no los encuentran 'vamos a fabricarlos'", dice Naranjo. "Toda la evidencia de un crimen te va arrojando las posibilidades de hipótesis que descartan porque solo van a buscar a los perpetradores".

"En la investigación criminal en México no se entiende que el principal objetivo es el esclarecimiento de los hechos y ligado a eso un derecho de las víctimas: el derecho a la verdad", dice Peña. "Lo que buscan es castigar y esta lógica sancionadora es aplaudida por una sociedad cansada de impunidad".

En Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares, dice que si existen tales deficiencias es porque nunca se desarrollaron métodos de trabajo, pues era sencillo detener a una persona.Incluso se hizo famosa entre autoridades la frase de "una orden de aprehensión es como un vaso de agua: no se le niega a nadie".

"Había situaciones de abuso y de arbitrariedad, muchas veces se sembraban drogas y se sembraban armas, se fabricaban delitos", denuncia el magistrado presidente del Tribunal de Sinaloa.

El nuevo sistema de justicia evidenció esas malas prácticas, agrega Inzunza Cázares, por lo cual la tasa de consignación cayó estrepitosamente y las consignaciones que logran avanzar, se caen en el amparo.

José Alberto Mosqueda, juez y secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dice que la gran mayoría de las investigaciones de homicidios comienzan con la detención de un supuesto culpable, quien ha confesado el crimen.

"Integramos mal las investigaciones y paralelamente utilizamos la detención arbitraria y la tortura", dice, "por eso es tan común entender que la policía podría ver (la tortura) como un hecho común... que así se hace".

Animal Político señala que solo la mitad de los estados del país cuentan con un área especializada dentro de las Fiscalías o Procuradurías para resolver homicidios, según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Y en el país no existe un protocolo homologado para investigar estos crímenes, salvo un documento que plantea recomendaciones, que no son obligatorias y que en algunos estados ni siquiera se conocen.

De ahí deriva la falta de coordinación, uno de los principales problemas que hay para investigar, según cuentan agentes del MP, jueces y policías de investigación.

El documento oficial con recomendaciones para investigar determina, por ejemplo, que:

1.- El primer respondiente —policía preventivo— acude a la escena del crimen cuando se ha dado aviso de éste.

2.- El policía de investigación hace el trabajo de campo, entrevista testigos, sospechosos, inspecciona el lugar y vehículos y coteja cualquier dato que surja de la investigación.

3.- El perito debe acudir con el uniforme completo para evitar contaminación, no toca absolutamente nada de la escena del crimen, tampoco fuma, escupe, menos come y trata la evidencia de acuerdo a su especialidad y a las técnicas debidas. Tiene autonomía técnica e independencia de criterio para sugerir al ministerio público diligencias periciales para esclarecer el crimen.

4.- El MP coordina la investigación, vigila la cadena de custodia de datos o pruebas recabados por los policías de investigación o peritos y lanza líneas o hipótesis de quién y por qué cometió el delito.

"El trabajo de investigación es muy bonito, pero no se hace. En la vida real el policía de investigación no investiga, es cartero del ministerio público, solo repartimos citatorios", asegura Alejandro.

Datos generados por el INEGI lo confirman. En 2017, solo dos estados —Tlaxcala y Querétaro— tenían sistemas para compartir información con corporaciones policiacas de otros estados y solo cinco —Baja California, Colima, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas— para compartir información con policías del mismo estado.

Menos de la mitad de los estados, 13 —Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán—, tenían sistemas para compartir información con la Procuraduría General de la República (PGR) y solo cuatro entidades —Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro y Tamaulipas— tenían sistemas para compartir información con las fiscalías de otros estados del país.

Puedes encontrar la investigación completa en Animal Político.