MÉXICO
08/06/2018 10:40 AM CDT | Actualizado 08/06/2018 11:28 AM CDT

'Un poquito de dignidad', exigen a EPN padres de normalistas de Ayotzinapa

Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos exigen al Ejecutivo apoyar una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad.

TWITTER: @CentroProdh

"Un poquito de dignidad", eso es lo que le piden al presidente Enrique Peña Nieto las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes más de tres años y medio después se siguen preguntando en dónde están sus hijos. Por eso pidieron al Ejecutivo Federal voluntad política para apoyar una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala.

"Los 43 padres sabemos perfectamente que es el mismo gobierno que no nos ha dado respuesta durante cuatro años, pero es una oportunidad para el señor presidente de tener un poquito de dignidad y apoyar la nueva comisión", sostuvo Mario González, padre del estudiante padre de César Manuel González Hernández, tras escuchar el balance del primer año del Mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que critica la falta de investigación en muchas de las líneas del caso y que pone en duda la "verdad histórica" del gobierno federal.

En una sentencia histórica difundida esta semana, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas, ordenó "reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas", además de pedir la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala. De acuerdo con la sentencia divulgada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los magistrados argumentan que en el caso "no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México".

La sentencia ordena al Ejecutivo crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad como un "procedimiento alternativo" para subsanar y corregir la deficiente actuación de la Procuraduría General de la República (PGR).

En el balance del primer año del Mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa, la CIDH dijo que "siguen pendientes y abiertas líneas de investigación que deben profundizarse" y que "no hay un cambio en la narrativa del caso que deje atrás la 'verdad histórica' que el tribunal ha señalado como una verdad insostenible por una nueva narrativa apegada a lo que ha dicho la Comisión, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), de una revisión autónoma parcial e independiente de toda la investigación que obra el expediente".

"La Comisión es una buena oportunidad para que regresen los expertos del GIEI, es lo que queremos, porque ellos descubrieron anomalías y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido", dijo Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, uno de los estudiantes desaparecidos.

La Comisión Interamericana criticó que los expedientes estatales no se han integrado a la investigación estatal, que hay diligencias incompletas de policías municipales, estatales, así como omisiones en la investigación de los militares y de la plantilla completa de la policía federal involucrada en el caso. Además, cuestionó la falta de esclarecimiento sobre los detenidos que fueron torturados, tal como lo documentó la ONU y el GIEI, algo que imposibilita el esclarecimiento de la investigación.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, dijo que es su derecho "conocer la verdad" y que "el Estado está obligado a garantizarlo", pese a que según la PGR el tribunal "desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal". El jurista Humberto Guerrero, de la organización Fundar Centro de Análisis e Investigación, denunció que "es falso que sea ilegal ordenar su creación", como argumentan las autoridades mexicanas.

La comisión especial de investigación tiene pleno fundamento en el derecho internacional, "que también es parte de nuestro marco jurídico", señaló Humberto Guerrero.