MÉXICO
04/06/2018 2:25 PM CDT | Actualizado 04/06/2018 5:24 PM CDT

El ataque militar en Ostula, en riesgo de quedar impune en el gobierno de EPN

Pese a las acusaciones de una ejecución arbitraria de un menor a manos del Ejército y diversas violaciones, hasta ahora ningún avance, a casi 3 años de los hechos.

Cuartoscuro.
Guardia comunitario en Santa María Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, Michoacán.

El día 19 de julio de 2015 se llevó a cabo un operativo en el que participaron autoridades estatales y federales, con motivo de la detención de uno de los líderes de la guardia comunitaria de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, Michoacán.

El saldo de ese día fue un niño ejecutado -Hidelberto Reyes García, de entonces 12 años de edad-, decenas de personas, entre ellas niñas y niños, lesionadas por armas de fuego y gases lacrimógenos, así como una persona detenida.

En el operativo participaron tres batallones de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), elementos de la Secretaría de Marina, y fuerzas de granaderos y antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán. Sin que hasta ahora haya un avance en el caso y se alerte sobre que el caso se perfila para quedar impune en el gobierno saliente.

Las acusaciones hechas por la comunidad y víctimas señalan la ejecución arbitraria del menor a manos del Ejército y diversas violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Santa María Ostula, sin que hasta ahora se tenga a algún detenido, se haya consignado a algún responsable, se tenga a algún mando bajo investigación o se le haya reparado el daño a las víctimas. Ningún avance, es el saldo a casi 3 años.

Con motivo de estos hechos, el día 22 de diciembre de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 65/2016, en la que corroboró un uso excesivo, arbitrario e ilegítimo de la fuerza por parte de elementos de la Sedena y de la SSP, identificó a los militares que dispararon y planteó la necesidad de investigar la cadena de mando. Además, acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad, respecto de una multiplicidad de pobladores; a la integridad personal, en agravio de seis personas; y a la vida, en perjuicio de un menor.

Por otra parte, el mismo día de los hechos se abrió de oficio una investigación que al día de hoy se encuentra registrada bajo el número de averiguación previa 129/2015, a cargo subdelegación de Uruapan, Michoacán, de la Procuraduría General de la República (PGR).

En cuanto las víctimas directas e indirectas, varias de ellas fueron incorporadas al entonces Registro Nacional de Víctimas desde mayo de 2016, sin que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) haya resuelto lo correspondiente a su derecho a la reparación, a pesar de que ha transcurrido un año y medio desde que se emitió la recomendación.

Por ello, un grupo de 38 personas, entre ellas aproximadamente 13 víctimas directas e indirectas, como Miguel Reyes y Emilia García --padres de Hidelberto-- , y autoridades del bienes comunales de Santa María Ostula acudieron la semana pasado a Ciudad de México para tener reuniones con la PGR, la CNDH y la CEAV.

Cuartoscuro.
AQUILA, MICHOACÁN, 21JULIO2015.- El cuerpo del menor Hidelberto Reyes García, fue enterrado este mediodía en el panteón de la Ticla.

LOS PENDIENTES DE OSTULA

* La PGR no ha consignado a los militares responsables de la ejecución del niño y de las lesiones a decenas de personas, a pesar de que dentro de la averiguación previa se encuentran debidamente identificados.

* La CEAV no ha reparado integralmente a las víctimas, a pesar de que la recomendación de CNDH se emitió desde diciembre de 2016 (hace año y medio).

* La CNDH no ha informado a la comunidad o a las víctimas los avances en el seguimiento al cumplimiento de la recomendación.

* Los gobiernos federal y estatal deberían reconocer públicamente su responsabilidad y ofrecer una disculpa pública a la comunidad y a las víctimas.

"No se ha avanzado en absolutamente nada, por eso tuvieron que venir hasta acá (las víctimas), los militares, perfectamente identificados desde hace más de año y medio, con averiguación previa, y nadie ha sido consignado, no se ha investigado la cadena de mando, no se ha reparado a ninguna de las víctimas, no ha habido ningún avance, es uno de los casos que se perfila para quedar impune en el gobierno saliente", sentencia Araceli Olivos, asesora legal de las víctimas de Ostula, en entrevista con el HuffPost.

LAS PROMESAS CON LAS QUE REGRESAN A OSTULA

Olivos señala que una de las principales demandas es que exista solo una investigación, pues actualmente se llevan a cabo dos, una por el fuero civil y otra por el militar, por los mismos hechos contra los mismos responsables.

"Era importante decirle a la CNDH que no se pueden seguir dos investigaciones paralelas, una en el fuego militar y otra en el civil. Están habiendo dos investigaciones paralelas sobre los mismos hechos en contra de los mismos responsables y le pedimos también que, justo en esa medida, la forma correcta de hacer justicia en el caso era que el fuero militar declinara competencia al fuero civil", apunta. Sin embargo, la Comisión no se comprometió a ello, pero sí a evaluar la petición.

Olivos explica que los hechos de Ostula no pueden ser conocidos en el fuero militar, pues está impedido para conocer de hechos donde están involucrados civiles y, sobre todo, donde hubo graves violaciones, "como este caso, donde hubo una ejecución arbitraria y uso excesivo de la fuerza."

El riesgo de mantener la investigación en las dos vías radica en que los militares argumenten que no pueden ser juzgados dos veces por los mismos hechos y "decir que ya fueron sentenciados en el fuero militar y que el fuero civil no puede conocer de los mismos hechos", abunda la asesora legal de las víctimas.

Nadie ha sido detenido, nadie ha asumido o pagado alguna responsabilidad por el caso". Araceli Olivos.

Asimismo, cuenta Olivos, la CNDH se comprometió a remitir toda su investigación a la que realiza la PGR y a enviar un oficio con estándares en materia de reparación, tanto a la Sedena como al gobierno estatal, e impulsar un convenio entre la CEAV y el gobierno del estado para la víctimas que fueron lesionadas por policía estatales.

Cuartoscuro.
AQUILA, MICHOACÁN, 28JULIO2015.- Comuneros y comandantes de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula recibieron en la cabecera de este municipio a representantes de la oficina del Alto Comisionado en México de la ONU.

La CEAV, por su parte, se comprometió a dar cumplimiento a la reparación de los hechos antes del aniversario, el 19 de julio, a ocho familias, así como analizar la posibilidad de atraer los casos que están en el Instituto de Víctimas del estado de Michoacán.

La PGR se comprometió a seguir todas las líneas de investigación a partir de una reconstrucción de hechos que se llevará próximamente, sin especificar fechas.

No se pueden volver a repetir estos hechos y para eso, la comunidad quiere que se presente el Estado, representado por el gobierno federal y el gobierno estatal, a decir que reconocen públicamente su responsabilidad por los hecho, que ofrezcan una disculpa y que se comprometan a que hechos de esta naturaleza no volverán a ocurrir". Araceli Olivos.

Hasta ahora, ningún candidato a la presidencia se ha pronunciado al respecto.