POLÍTICA
30/05/2018 5:00 AM CDT | Actualizado 30/05/2018 5:00 AM CDT

Por cada peso que reportan partidos políticos, gastan 15 de manera ilegal

La compra y promoción del voto y el clientelismo electoral representan una forma de burlar los topes de gastos en épocas electorales.

CIUDAD DE MÉXICO, 29MAYO2018.-  Esta mañana en la casa Lamm, Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar presentaron el reporte "Dinero Bajo la Mesa". Financiamiento y gasto ilegal de las campañas politicas en México.
FOTO: VICTORIA VALTIERRA  /CUARTOSCURO.COM
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CIUDAD DE MÉXICO, 29MAYO2018.- Esta mañana en la casa Lamm, Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar presentaron el reporte "Dinero Bajo la Mesa". Financiamiento y gasto ilegal de las campañas politicas en México. FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Por cada peso que reportan los partidos políticos, por ejemplo, como parte del gasto de campaña para un candidato a gobernador, gastan hasta 15 pesos de los que se desconoce su procedencia y no se fiscalizan. Bajo este mecanismo, los partidos políticos rebasan hasta por 10 veces el tope legal establecido: si se les asignan 46 millones de pesos, pueden llegar a gastar hasta 470.

Estamos ante las elecciones más grandes en la historia de México, además de que elegirá al presidente, se votará por gobernadores en nueve estados de la república, incluyendo Ciudad de México. Y mucho del dinero que se les otorga a los partidos políticos será utilizado para "promoción" del voto y el clientelismo electoral.

Para las elecciones del 2018, los partidos políticos y los candidatos recibirán 11 millones 844 mil de pesos, pero el costo real de las elecciones será mayor.

De acuerdo con la investigación Dinero Bajo la Mesa: financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México, impulsado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el próximo primero de julio, una gran cantidad de dinero será utilizada para movilizar votantes, inhibir o amenazar a los electores de partidos contrarios y pagar a representantes de casilla y operadores que emprenden la misión en tierra para cuidar sus intereses.

Hasta el año 2007, antes de la reforma electoral, los partidos políticos derrochaban dinero pagando por espacios publicitarios en medios de comunicación, por la cobertura de sus campañas, lo que se conocía como campaña en el aire. Sin embargo, los cambios solo provocaron el desvío de estos actos de corrupción a otras vertientes, como el clientelismo electoral, en las que, en una elección de tamaño promedio, se pueden gastar hasta 290 millones de pesos.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha identificado tres maneras en las que los partidos políticos están percibiendo recursos ilícitos: desvío de recursos públicos, contribuciones ilegales de particulares y hasta financiamiento por parte del crimen organizado.

Quienes deciden meter dinero a partidos políticos están haciendo una apuesta con riesgo de perder su inversión, pero con la idea de que los beneficios, si se gana, son sumamente altos, en el caso del crimen organizado. Pero también actores políticos participan de este hecho. Contrarios a dicho partido podrían apostar con la idea de crear inmunidad o poder seguir con sus carreras políticas. Mientras que los contratistas o empresarios buscan hacerse de contratos, permisos o regulaciones que les sean favorables.

De acuerdo con la investigación, encabezada por María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, el principal problema es el financiamiento privado porque resulta difícil de identificar, comprobar y fiscalizar. Esto implica el desvío de recursos públicos, el lavado de dinero, la defraudación y la evasión fiscal con dinero en efectivo que es sumamente difícil de rastrear. Igual de común resulta la simulación de compra y venta de bienes con empresas fantasma de las cuales se puede obtener un comprobante válido con el que se deducen impuestos y este dinero es invertido en algún candidato.

O bien, hay industrias, textiles o de comida, por ejemplo, que hacen gorras y playeras o desayunos para los mítines políticos a un precio menor al que se factura o con un descuento, con la promesa de otorgar contratosnpara la elaboración de uniformes o el manejo de comedores hospitalarios.

La revisión de Cuentas Públicas de 2012 a 2016, revela que hay 243 millones de pesos sin comprobar. No se sabe a dónde fueron a parar estos recursos, pero se deduce que fueron utilizados para construir lealtades políticas y el enriquecimiento ilícito.

Parte del problema recae en la fiscalización de los recursos, pues el aparato encargado de esta tarea es insuficiente, carece de inteligencia y de infraestructura para operar. Muchos de los gastos que le son reportados se pagan con dinero en efectivo, erogados a terceras personas y el INE es incapaz, por falta de datos, de dimensionar el problema.

Algunos de los gastos que no se le reportan al INE están a simple vista: anuncios en redes sociales, una barda pintada o renta de mobiliario.

En el 2017, el INE detectó 276 millones de pesos ejercidos, pero no reportados, es decir, 26% del gasto total detectado no había sido informado a las autoridades.

Y no solo la fiscalización es el problema, también lo es el reporte que ofrecen los partidos políticos, los cuales en muchas ocasiones reportan haber gastado solo un 32% del tope de gastos permitidos, y cuando se les llega a imponer una multa por rebasar el tope o por hace uso indebido de los recursos otorgados, las sanciones resultan irrisorias y están contempladas dentro de la práctica ilícita.

En las elecciones a gobernador del Estado de México en el 2017 se descubrieron 276 millones en gastos, de los cuales sólo se comprobaron 31 millones de pesos.

El informe que, al término de las presentes campañas electorales, será convertido en un libro que refleje el comportamiento de los partidos políticos, también ofrece una serie de recomendaciones a manera de solución, entre las que destacan el establecer topes de campaña con base en costos reales, crear procesos de fiscalización que no estén activos solo en épocas electorales y que no dependan exclusivamente del INE.

También plantean hacer pública la lista de contratistas y proveedores de gobiernos locales para así poder revisar y transparentar las licitaciones. Inhibir en su totalidad la publicidad electoral para que los medios de comunicación no tengan la tentación que representa el dinero por estos espacios.