MÉXICO
09/05/2018 5:23 PM CDT | Actualizado 09/05/2018 5:41 PM CDT

Las ENORMES deudas de Grupo México y el Estado mexicano en el caso Río Sonora

El 6 de agosto de 2014, en México ocurrió el "desastre ambiental más grave de la minería en México"; las respuestas del Estado y de la empresa llegaron dos meses después y sorprenden por sus múltiples contradicciones.

Project PODER.

El 6 de agosto de 2014, en México ocurrió el "desastre ambiental más grave de la minería en México": 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado fueron derramados en los ríos Bacánuchi y Sonora.

Al respecto se ha publicado mucho y hoy se sabe que esta tragedia pudo haber sido evitada por Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo México.

Por desgracia para las 22 mil personas de siete municipios situados en las orillas del Río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviá- Cora y Ures, el hecho les cambió la vida, las preguntas que se hicieron poco después del derrame y las que se hacen ahora, casi cuatro años después, han cambiado poco: ¿Por qué la empresa no tomó medidas para evitar el desastre? ¿Qué ha hecho el gobierno para garantizar que se reparen los daños a la población? ¿Es posible que una empresa contamine un río y siga operando como si nada hubiera ocurrido?

A partir de septiembre de 2014, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), grupo ciudadano creado a raíz del derrame para luchar por la remediación y limpieza de los ríos Bacánuchi y Sonora, se ha dado a la tarea de buscar cómo respondieron la empresa y el Estado a esta emergencia medioambiental para exigir cuentas.

Luego de dos años de ocurrido el derrame, el caso fue retomado por cuatro procedimientos especiales de Naciones Unidas: el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, el relator de desechos tóxicos, el de medio ambiente y el de agua, quienes en octubre de 2017 publicaron un documento en el que le solicitaron al gobierno de México y a la empresa responder una serie de preguntas sobre la respuesta y el seguimiento que dieron al desastre.

Las respuestas del Estado y de la empresa llegaron dos meses después y sorprenden por sus múltiples contradicciones.

A continuación les compartimos los principales hallazgos que fueron recogidos en el informe realizado por los Comités junto a la organización PODER para el Relator Especial de la ONU sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Baskut Tuncak, durante una visita este mes.

Afectaciones al derecho a la salud

Respuesta del Gobierno Mexicano: "Se realizaron 10 mil 875 revisiones médicas lo que permitió identificar 360 casos directa o indirectamente relacionados con la contaminación de metales pesados".

Respuestas de Buenavista del Cobre: "No se tiene conocimiento o se ha identificado caso alguno de personas que hubieren fallecido como consecuencia del mismo o que presenten enfermedades directamente relacionadas con la fuga de solución y que haya puesto en riesgo o causado daño a su salud".

"La razón de que no se hubiera completado la construcción de las plantas de tratamiento y de la clínica era que sería irresponsable hacerlo, puesto que las autoridades municipales no tenían capacidad para explotarlas".

Evidencia de daños a la salud

Cabe recordar que los metales pesados son bioacumulables, por lo que las consecuencias por consumirlos mediante agua contaminada pueden tardar meses o años en aparecer. Existen indicios suficientes de que el nivel de contaminación de la zona estaría exponiendo a sus habitantes a graves riesgos para su salud, lo que se comprueba con el aumento de casos.

Project PODER.

En julio de 2017, una improvisada Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) reportó que 381 personas del río presentaban desechos tóxicos en sangre y orina, y habrían sido afectadas por enfermedades de la piel, renales, cardiovasculares y oculares. Los testimonios de habitantes de la región confirman que las enfermedades del estómago y de la piel se han vuelto sumamente frecuentes a lo largo del Río Sonora.

Asimismo, la empresa se comprometió a instalar más UVEAS, los cuales, según se dijo, darían atención hasta el año 2029.

Afectaciones al derecho a un medio ambiente sano

Respuesta del Gobierno: "El programa de remediación atiende el área afectada de manera zonificada y no así de manera parcial (...) La legislación nacional impone la obligación de remediar el suelo efectivamente impactado por la contaminación de que se trate, en el caso concreto se refiere, especialmente, a la zona 1".

Respuestas de Buenavista del Cobre: "No se tiene conocimiento o se ha identificado (...) la pérdida de especies animales como consecuencia del accidente".

"Las conclusiones anteriores nos permiten concluir que hasta la profundidad estudiada (50 cm), los suelos y sedimentos de la zona del Arroyo tinajas, Ríos Bacanuchi y Sonora no se encuentran afectados por la presencia de metales asociados al derrame del pasado 06 de agosto de 2014".

Evidencia de daños al medio ambiente

Un estudio hecho por el laboratorio Intertek Testing Services de México, octubre de 2014, a pedido de la Profepa, concluye que de las muestras recolectadas en el cauce seco del arroyo Tinajas y Río Bacánuchi, nueve rebasan el límite máximo permisible para arsénico, una para vanadio y otra para plomo.

Estos elementos provinieron de los lixiviados vertidos a ambos ríos, ya que el contenido de la sustancia derramada coincide con los elementos encontrados en el suelo, de acuerdo con información presentada por la empresa el 9 de agosto de 2014.

Asimismo, el estudio de 2014 del Laboratorio ABC, realizado a pedido de la empresa, y publicado en el sitio web del Fideicomiso Río Sonora, afirma que con los datos aportados por Conagua se puede estimar una masa de 74.8 toneladas de metales aportados al ecosistema por este derrame, principalmente fierro y aluminio (83%), seguidos de manganeso y zinc (8%).

Junto a un diagnóstico ambiental realizado en 2016 por la UNAM, los estudios cuestionan la versión del gobierno y la empresa, en el sentido de que no exista presencia de metales en el suelo asociados al derrame, ya que los estudios citados fueron encargados por el mismoFideicomiso Río Sonora.

Negligencia

Un informe de 2015 de la Profepa afirma que Buenavista del Cobre incurrió en 55 irregularidades, fue negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos al evadir el cumplimiento de las normas ambientales relativas al manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera.

Ese mismo informe señala que los hechos y las omisiones de la empresa son graves, riesgosos y pueden provocar daños a la salud humana, a los recursos naturales, a los ecosistemas y a la biodiversidad.

La falta de transparencia sobre el estado del medio ambiente en la cuenca del Río Sonora por parte del gobierno federal y las subsidiarias de Grupo México han complicado obtener la documentación que demuestra que la contaminación persiste, ha denunciado PODER Project.

Afectaciones al derecho al agua potable

Respuestas del Gobierno Mexicano: "CONAGUA ha llevado a cabo de manera exhaustiva y seguirá implementando medidas precautorias con el objetivo de mantener la calidad de los cuerpos de agua".

"El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó la perforación de pozos nuevos, la rehabilitación, construcción y equipamiento de la infraestructura de agua potable existente, así como los estudios respectivos. Esto significó la dotación de infraestructura de 41 pozos".

"Como resultado de una serie de compromisos adquiridos por los actores involucrados, está por concretarse en el corto plazo, la instalación de plantas potabilizadoras y de emergencia para garantizar la calidad del agua para consumo humano aún en eventos adversos extremos".

Respuestas de Buenavista del Cobre:"La calidad del agua de los pozos clausurados precautoriamente se analizó constantemente y se determinó por COFEPRIS como apta para el consumo humano desde octubre de 2014".

"Se destinó la cantidad de $125.8 millones de pesos provenientes del Fideicomiso para la perforación, construcción y equipamiento de infraestructura hídrica de 63 nuevos pozos en beneficio de la población afectada para garantizar el suministro de agua".

"Se instalaron 2 plantas potabilizadoras móviles".

Evidencia de contaminación de los cuerpos de agua

Luego del derrame, el principal reclamo de quienes viven en los municipios afectados ha sido la falta de agua potable, así como inacción de las autoridades para garantizar que el agua sea de calidad óptima.

Se anunció públicamente que habría un monitoreo constante de los pozos de agua, pero Conagua, una de las dos autoridades comprometidas a llevar a cabo esa acción, se declaró incompetente en un juicio, mientras que Cofepris, otra autoridad responsable, ha actuado con una metodología cuestionable.

Los análisis de agua que presenta el portal del Fideicomiso Río Sonora no explicitan cómo se diseñó el muestreo y la periodicidad con la que se presentan los datos no es adecuada: hay meses sin datos y hay valores que se repiten en varios meses, "lo que es inaudito dada la baja probabilidad de obtener los mismos valores cuando el agua se mueve constantemente", apunta PODER.

La empresa y el gobierno destacan en sus respuestas al Grupo de Trabajo de la ONU la apertura de nuevos pozos, pero esta acción se ha realizado en la región afectada con el uso de normas que (como la NOM-127-SSA1-1994, sobre Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano) están por debajo de los estándares internacionales, lo cual viola el derecho al agua salubre y de calidad.

Otra de las grandes promesas que se hicieron mediante el Fideicomiso Río Sonora, fue la instalación de 36 plantas potabilizadoras para eliminar los metales pesados en el agua, las cuales se redujeron a 28 en febrero de 2016 y, finalmente, en abril del 2017, se anunció que se construirían solamente nueve.

La justificación de la empresa para reducir su número fue que los niveles de contaminación "se habían estabilizado".

El equipo de PODER, junto con habitantes de las localidades donde se inauguraron las plantas, comprobó que ninguna de las cinco plantas fijas ubicadas en Mazocahui, San Felipe, La Capilla, Banámichi y San Rafael está funcionando, como tampoco funcionan las cuatro plantas potabilizadoras móviles.

Sin permisos adecuados

De acuerdo con diversas solicitudes de acceso a la información, se ha podido verificar que la empresa Buenavista del Cobre no contaba con las autorizaciones de Semarnat para el manejo de residuos peligrosos al momento del derrame.

En 2011, la minera envió a dicha dependencia su Plan de Manejo de Residuos y, un año después esta le solicitó más información para autorizarlo. La empresa solicitó una prórroga y durante tres años la Semarnat no exigió la información a la minera y ésta no la entregó, por lo que el trámite continuaba pendiente.

El 6 de marzo de 2018, apunta el informe, se dio a conocer que la empresa había registrado su plan de manejo de residuos peligrosos en agosto de 2017, tres años después de sucedido el derrame.

Aquí puedes consultar o descargar el informe íntegro entregado al Relator Especial de la ONU:

Sonora Informe May 2018 by Anonymous 5zXu2FmR on Scribd