MÉXICO
06/05/2018 5:00 AM CDT | Actualizado 06/05/2018 5:00 AM CDT

Entre el autogobierno, el hacinamiento y la muerte, empeoran penales en 16 estados.

Identifica CNDH deficiencias importantes en las prisiones del país, como la falta de prevención y atención de incidentes violentos, y condiciones de autogobierno/cogobierno.

Cuartoscuro.
MONTERREY, NUEVO LEÓN, 23FEBRERO2018.- Presos del penal del Topo Chico protestaron con mantas arriba de las azoteas en contra de mandos de seguridad y autoridades del Cereso.

Penales de 16 estados se encuentran peor que el año anterior debido al hacinamiento, la mala alimentación, la sobrepoblación y el autogobierno que imperan en algunos de ellos.

Siete entidades que ya estaban entre las 10 con las más bajas calificaciones (en una escala de 0 a 10), cayeron más. Se trata de Sinaloa, que pasó de 5.88 a 5.64; Zacatecas, de 6.03 a 5.52; Baja California Sur, de 5.75 a 5.09; Nuevo León, de 5.46 a 5.02; Tamaulipas, de 4.95 a 4.71, Guerrero, de 4.39 a 4.22, y Nayarit, de 4.37 a 4.15.

Lo anterior se desprende del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2017, presentado esta semana por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el cual da cuenta de que los penales de 16 estados empeoraron respecto del año anterior en un ejercicio levantado entre el 86.16% del total de la población penitenciaria nacional.

Los tres estados con las prisiones peor calificadas fueron Nayarit, Guerrero y Tamaulipas, con 4.15, 4.22 y 4.71, respectivamente.

Los otros estados con penales calificados a la baja fueron Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Tlaxcala, Jalisco, Yucatán, Puebla, Estado de México y Veracruz.

Las deficiencias detectadas con mayor incidencia se refieren a la separación entre procesados y sentenciados, deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios, insuficiente personal de seguridad y custodia, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.

También se identificaron como deficiencias importantes, la falta de prevención y atención de incidentes violentos, así como las condiciones de autogobierno/cogobierno.

Nayarit cuenta con las tres prisiones municipales peor evaluadas del país: Acaponeta, con 1.62; Rosamorada, 1.67, y San Blas, con 1.86.

http://www.cndh.org.mx

En la mayoría de los centros visitados no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria eficiente, prevaleciendo deficiencias como la inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para un adecuado funcionamiento.

También se pudo observar un bajo control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos, en actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control del ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de los teléfonos y de la seguridad, dando paso al autogobierno/cogobierno, favoreciendo, así, la violencia.

En 64 de los establecimientos locales supervisados por la CNDH hay hacinamiento, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad. Asimismo, en la mitad de los centros verificados, se observaron áreas de privilegios, así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas.

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CENTROS FEDERALES

En 16 establecimientos hay insuficiencia de personal, en 14 concurre la carencia de actividades laborales y de capacitación; así como de actividades educativas en seis de ellos.

El DNSP 2017 también destaca que el derecho de protección de la salud es un problema generalizado en los centros federales dada la falta de personal médico, así como por la deficiencia en su atención.

En 13 se observaron deficiencias en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, mientras que en seis se observaron deficiencias en la prevención de incidentes violentos.

CENTROS MUNICIPALES

Las deficiencias detectadas con mayor incidencia se refieren a insuficientes actividades laborales y de capacitación para el trabajo, así como una deficiente clasificación, falta de reglamentos y manuales, así como escasa o a veces nula difusión de la normatividad que rige hacia las personas privadas de la libertad y no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.

También llama la atención la insuficiencia o inexistencia de acciones para prevenir y atender incidentes violentos.

Parte importante son las malas condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, como deficiencia en agua y alimentos de pésima elaboración y distribución.

CULPAS COMPARTIDAS

El DNSP 2017 evalúa cinco rubros: aspectos que garantizan la integridad personal del interno; los que garantizan una estancia digna; las condiciones de gobernabilidad; reinserción social del interno y grupos internos con requerimientos específicos.

En todos los centros visitados, en el primer rubro se encontró deficiente separación entre hombres y mujeres; insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos; deficiencias en los servicios de salud e insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.

En el segundo, insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento de los centros; deficientes condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad y deficiencias en la alimentación.

En rubro tres se halló insuficiencia de personal de seguridad y custodia; deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno) y presencia de actividades ilícitas.

En el cuarto, la Comisión observó deficiente separación entre procesados y sentenciados; insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación, así como de actividades educativas.

En el último rubro se observó insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, así como deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas.

El organismo nacional lleva a cabo cada año esta evaluación del Sistema Penitenciario Nacional con el objetivo de verificar que las condiciones de internamiento de las personas procesadas y sentenciadas en México sean acordes con el respeto a los derechos humanos.

El levantamiento del DNSP 2017 se realizó sobre una muestra total de 198 instituciones penitenciarias de las 378 que se encontraban en funcionamiento al inicio de 2017, con lo cual se abarcó más de la mitad de los centros de reclusión del país.

HOMICIDIOS, RIÑAS Y SUICIDIOS

El diagnóstico se complementa con información estadística sobre homicidios, riñas, motines, desórdenes y abusos, así como de quejas documentadas que sucedan en las prisiones federales y locales.

Para ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al gobierno federal y a los gobiernos locales la información sobre el total de incidentes que se produjeron en establecimientos bajo su jurisdicción en el período que comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.

De la información proporcionada se desprende que durante 2017 se registraron mil 647 incidentes, de los cuales mil 159 ocurrieron en centros locales y 788 en federales.

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De los datos registrados destaca que el tipo de incidente que se presentó con mayor frecuencia corresponde a las riñas con un total de mil 043 (561 en Ceresos y 482 en Ceferesos); el segundo lugar lo ocupan los abusos con 400, los cuales se ubican únicamente en Ceresos; el tercer lugar los homicidios con 108; el cuarto lugar lo ocupan los desórdenes con 48; el quinto lugar lo ocupan los suicidios con 37 y el sexto los motines con 11, observando que en éstos últimos que en su mayoría se presentaron en los Ceresos.

Aquí puedes consultar o descargar íntegro el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria:

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