MÉXICO
04/05/2018 9:47 AM CDT | Actualizado 04/05/2018 10:04 AM CDT

El Ejército se defiende de acusaciones y presume menos quejas en 2017

La Sedena rechazó que las Fuerzas Armadas sean sinónimo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Elementos del Ejército y la Marina resguardan las instalaciones de la empresa First National Security, en Cancún, Quintana Roo, el 29 de octubre de 2017.
CUARTOSCURO
Elementos del Ejército y la Marina resguardan las instalaciones de la empresa First National Security, en Cancún, Quintana Roo, el 29 de octubre de 2017.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechazó que las Fuerzas Armadas sean sinónimo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pese a que el más reciente informe de Open Society señala que son muy frecuentes los casos de tortura y malos tratos a detenidos por parte del Ejército.

El director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), José Carlos Beltrán Benítez, negó que el Ejército mexicano sea responsable del aumento de la violencia en el país y dijo que el año pasado hubo menos quejas contra la institución.

"Desecho esa afirmación de decir que por nosotros ha aumentado la violencia en las calles. Simplemente el año donde menos quejas hemos tenido por derechos humanos, que fue el 2017", dijo Beltrán Benítez ante integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), según información de RadioFórmula.

De acuerdo con datos de la Sedena, citados por El Economista, desde el 2012 se ha reducido el número de quejas: en 2012 se reportaron 1,450; en 2016, sumaron 464; en 2017, 340 quejas; y en 2018, hay hasta el momento 129 quejas.

Corrupción que mata

La declaración de Beltrán Benítez se dio horas después de que Open Society y decenas de organizaciones presentaran el informeCorrupción que mata: por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad, en el que piden que el país adopte un mecanismo internacional —establecido en el país pero integrado por miembros nacionales e internacionales— para investigar y perseguir crímenes atroces, así como los actos corruptos que los hacen posibles.

En el informe, concluyen que la situación en México se ha deteriorado, y alertan de los niveles alarmantes de impunidad en el país, que "se vuelve un enorme problema a medida que es más evidente que los crímenes cometidos por los cárteles de la droga se perpetraron en colusión con funcionarios gubernamentales corruptos".

El director general de Derechos Humanos de la Sedena también defendió la labor del Ejército en Tlatlaya y Ayotzinapa, asegurando que "ningún militar sale de su cuartel con órdenes de violentar o violar derechos humanos".

El 30 de junio de 2014, 22 personas murieron tras un enfrentamiento entre presuntos criminales y militares en Tlatlaya, Estado de México. En su informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) evidencia "la existencia de órdenes castrenses que incentivaron graves violaciones a derechos humanos".

Open Society recuerda que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que la escena del crimen había sido alterada para hacer parecer que las ejecuciones extrajudiciales eran, en realidad, el resultado de un enfrentamiento armado con las fuerzas militares.

El informe de una decena de organizaciones retoma las masacres en Coahuila por parte de Los Zetas en colusión con autoridades, la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y los peligros de la Ley de Seguridad Interior, entre los que destacan que las fuerzas militares podrían intervenir en investigaciones penales.

Sobre la Ley de Seguridad Interior y la labor del Ejército, el informe advierte: "Dicha autoridad (pondría en peligro aún más las posibilidades de rendición de cuentas penal a nivel nacional: casos de tortura y malos tratos a detenidos por el ejército son muy frecuentes, y consta en numerosos informes que los soldados han modificado la escena del crimen en casos de ejecuciones extrajudiciales".