POLÍTICA
03/05/2018 7:01 PM CDT | Actualizado 03/05/2018 8:01 PM CDT

Así va la primera denuncia contra el ejército mexicano frente a la CIDH

La familia Alvarado por fin pudo exponer su caso frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cortesía

"Luego de casi 10 años de buscar justicia, y ahora que están tan cerca de ella, los familiares están muy contentos de llegar hasta este punto", dice Ruth Fierro, coordinadora general de Derechos Humanos y una de las representantes de la familia Alvarado, quienes en el año 2009 denunciaron la desaparición de tres familiares suyos. Los presuntos implicados: elementos del Ejército Mexicano.

La semana pasada se discutió por primera vez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la participación del Estado en un caso de desaparición en nuestro país. Esta petición llegó hasta estas instancias el 26 de julio del 2011 luego de que, de acuerdo con la representante de la familia Alvarado, el propio Estado no atendió las denuncias en su momento.

"Estas son las consecuencias de dejar las tareas de vigilancia a una institución a la que no le competen y por la falta de seguridad del Estado", asegura la coordinadora,quien además, ve un futuro inmediato favorable para la resolución del caso.

Cortesía

El caso

La noche del 29 de diciembre del 2009, Nitzia Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Reyes estaban a bordo de una camioneta pick up cuando fueron detenidos por 10 militares. Los efectivos viajaban en vehículos no oficiales y portaban armas de alto calibre. Momentos después, ingresaron a una casa, donde sustrajeron a Rocío Irene Alvarado Reyes sin dar motivos o explicaciones.

En las indagatorias hubo muchos funcionarios y peritos involucrados. Uno fue ofrecido por los representantes de las familias y el otro por el Estado. Este último se concentró en la teoría de que no fueron detenidos por elementos del Ejército, sino que fue un grupo criminal, y que el uso de uniformes apócrifos por parte de estos es bastante común.

Sin embargo, la defensa confía en que los elementos presentados serán suficientes para probar la participación del Estado. De ser así, y dado que la CIDH no es una instancia que pueda promover un tipo de sentencia jurídica, recomendará la restitución del daño a la familia.

No sería cosa menor puesto que la familia Alvarado acusa de hostigamiento y persecución al Estado por no desistir en la búsqueda de justicia. Uno de ellos tuvo que abandonar el proceso de solicitud de asilo político en los Estados Unidos para asistir a la audiencia.

"No ha sido sencillo para la familia el tener que recordar todo de nuevo, luego de tener que contarlo y revivirlo una y otra vez", acepta la representante, pero también sienten cierto alivio de ver el final de esto cada vez más cerca.

Están aquí porque es un espacio para denunciar las omisiones en la investigación y en la búsqueda, pero también es una forma de protegerse.Ruth Fierro, coordinadora CEDEHM.

Las inconsistencias

El caso es complejo y tiene muchas aristas, aceptó Ruth Fierro, coordinadora General de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua. El Estado argumenta que el uso de uniformes para levantar gente es una práctica común por parte de las organizaciones. Además, pudieron haber confundido a Rocío con una criminal, pero no han presentado argumentos suficientes para sostener que así haya sido.

Hay tres expedientes de funcionarios que trabajaban en distintas áreas y le atribuyen la presentación de -los hoy desaparecidos- a un general, pero no señalan una posible razón para que el Ejército quisiera detenerlos.

Durante la audiencia, el gobierno mexicano presentó el peritaje de Carlos Rodríguez Ulloa, quien aseguró que tenía el aval del Colectivo de Seguridad con Democracia (CASEDE). El pasado 30 de abril, la organización aceptó que Carlos es parte de ellos, pero se deslindaron del peritaje realizado al no haber informado del mismo.

La resolución

A pesar de haber podido ver solo algunos fragmentos del primer debate entre candidatos a la presidencia, Ruth asegura que ninguno de los candidatos es opción, pues no contemplan metodologías y procesos. "Nadie puede sostener una situación de Estado duro y militar", sentenció.

El proceso, aunque va bien de acuerdo con lo que Ruth dijo al HuffPost, todavía no termina pues hay que revisar que se hagan efectivas las resoluciones y que el daño sea resarcido, así como dar un acompañamiento a los familiares que han tenido que sacrificar su vida tal como la conocían.

Hay una necesidad imperante de atacar la impunidad y la injusticia.Ruth Fierro, coordinadora CEDEHM.

Aunque para Ruth resulta difícil pensar que se pueda echar para atrás la Ley de Seguridad Interior, espera que este caso siente un precedente para la seguridad en nuestro país.

Cortesía