POLÍTICA
02/05/2018 2:25 PM CDT | Actualizado 02/05/2018 2:32 PM CDT

De medio ambiente tampoco han hablado los presidenciables #10xMéxicoNatural

Al menos treinta organizaciones ambientalistas llaman a los candidatos a la Presidencia a un diálogo urgente sobre la crisis ambiental del país.

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Este 2 de mayo se informó sobre el desarrollo de lujosas viviendas en Valle de Bravo a expensas de la tala de 80 hectáreas de Bosques de Pamejé, catalogado como área natural protegida, así como que para realizar este complejo habitacional, en noviembre de 2015, se cambió el uso de suelo de 78.94 hectáreas de área natural protegida-zona forestal a urbano habitacional en colusión entre autoridades de distintos niveles de gobierno.

Desarrollo habitacional pone en riesgo 80 hectáreas de área natural protegida.

Casi al mismo tiempo, una treintena de organizaciones ambientalistas presentaban #10xMéxicoNatural, 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México, y llamaban a los candidatos a la Presidencia a un diálogo urgente sobre la crisis ambiental del país.

La primera propuesta es sobre la necesidad del manejo integral del agua para garantizar la disponibilidad y establecer un mecanismo operativo funcional para determinar precios justos e incrementales a quienes consuman una mayor cantidad.

También sobre la necesidad de implementar acciones gubernamentales efectivas para lograr una tasa de cero deforestación al 2030, un acuerdo que México firmó en París. "Sin embargo, nuestros recursos forestales continúan perdiéndose y degradándose por políticas públicas erróneas y por el avance de un modelo depredador que impulsan los grandes proyectos vinculados con la minería, la agroindustria, el turismo y el desarrollo urbano", apuntan las organizaciones.

Asimismo, se exhorta a desarrollar mecanismos de protección para cuando menos 30% de los mares mexicanos y detener su explotación comercial; también se llama a fortalecer el ordenamiento ecológico del territorio, las áreas naturales protegidas y otros instrumentos de gestión territorial.

Este esfuerzo será la base para consolidar y hacer efectiva la aplicación de los instrumentos de política pública para la planificación del territorio nacional y asegurar la integridad de nuestro capital natural y los servicios ambientales que nos provee."

Las organizaciones urgieron a implementar la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático, hacia el cumplimiento de las metas establecidas en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés), en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (es decir, alcanzar hasta 36% de reducción de las emisiones para 2030).

Enmarcaron además la necesidad de incentivar los sistemas descentralizados para el suministro de energía eléctrica a las comunidades rurales y urbanas, lo cual disminuirá la pobreza energética del país al tiempo que mitigará las emisiones de gases de efecto invernadero.

Lo anterior aceleraría la transición energética de México para cumplir con la meta de generación de energías limpias de 35% para 2024, conforme a los compromisos establecidos por el propio país en sus INDC.

Urgieron también a reducir al máximo los impactos negativos sobre la biodiversidad producidos por los proyectos extractivos y la infraestructura de apoyo para el desarrollo del país.

La explotación de hidrocarburos, el aprovechamiento de los recursos mineros, la generación y la transmisión de la energía eléctrica y la construcción de infraestructura de transporte son actividades trascendentales para México; sin embargo, debe impedirse que sus impactos ambientales negativos comprometan el bienestar y la salud de los mexicanos."

Los convocantes piden formular y aplicar a nivel nacional un modelo de desarrollo turístico sostenible que minimice los impactos ambientales negativos y logre una alta rentabilidad social y económica.

Asimismo, exhortan (de manera impostergable) al diseño del marco jurídico y el programa de incentivos correspondiente para favorecer el desarrollo de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y resilientes, donde se garanticen modalidades de consumo y producción sostenibles.

En México, 70% de la población vive en las ciudades.

Finalmente, urgieron a incorporar un enfoque ambiental transversal en el Sistema Nacional de Planeación Democrática.

En particular, asegurar en el corto plazo la coordinación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el otorgamiento de subsidios al campo y el manejo de nuestros recursos pesqueros.

También la alineación de la Semarnat y las secretarías de Economía, de Energía y de Turismo para el aprovechamiento sostenible; y el fortalecimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Gendarmería Ambiental y la Guardia Costera para la efectiva protección de los recursos naturales terrestres y marino-costeros.