MÉXICO
01/05/2018 5:00 AM CDT

Abre SCJN posibilidad histórica para Río Sonora

Atrae la Corte dos demandas que podrían cambiar el curso del que es considerado el peor desastre medioambiental en México.

Cuartoscuro.

El 6 de agosto de 2014 tuvo lugar el que es considerado el peor desastre medioambiental en México: 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos fueron derramados en los ríos Bacanuchi y Sonora.

El derrame tóxico afectó directamente a 24 mil personas, por lo cual se creó el Fideicomiso Río Sonora, con el cual se buscaba reparar a los afectados.

Sin embargo, este operaba sin reglas claras ni cuestionamientos sobre su funcionamiento, aunque la reciente atracción del caso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría cambiar el curso de las cosas.

A través de una solicitud de información, Nacional Financiera señaló que el fideicomiso se extinguió el 7 de febrero de 2017.

El pasado 11 de abril de 2018, la SCJN atrajo una demanda que plantea que el Fideicomiso Río Sonora es susceptible de ser cuestionado con un juicio de amparo dado el interés público de su objeto y debido a la intervención de un funcionario público en su Comité Técnico (expediente SEFA 27/2018).

Pero la Corte también atrajo otra demanda para definir si, de cara a la salvaguarda del derecho a un medio ambiente sano, se puede reconocer interés legítimo de los habitantes del Río Sonora para cuestionar actos generados en una localidad que puedan repercutir en otra, sea por la afluencia de ríos o por la conexión de cuerpos de agua (expediente SEFA 46/2018).

UN FIDEICOMISO TRANSPARENTE

La primera demanda atraída por la SCJN busca conseguir que el Fideicomiso Río Sonora pueda ser cuestionado mediante un juicio de amparo, alegando que la remediación de la contaminación y los daños al medio ambiente y a la salud de los habitantes, así como los daños económicos causados a la población aledaña son de interés público, además de que el Comité Técnico del Fideicomiso fue presidido por un funcionario público, el subsecretario de Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo.

El Fideicomiso Río Sonora fue creado por Grupo México para reparar los daños causados por el derrame de 40 millones de litros de solución de cobre acidulado a los ríos Bacanuchi y Sonora, provenientes de las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V.

"Lo que se planteó en el juicio es que los Comités de Cuenca Río Sonora deben poder cuestionar cómo opera el fideicomiso y el juzgado dijo que no por tratarse de un fideicomiso privado. Lo que respondimos es que el fideicomiso responde a un asunto de interés público y que dentro de su Comité Técnico está un funcionario público, el subsecretario de la Semarnat, que está dedicando tiempo de su función pública a trabajar para un privado y eso sí debe ser cuestionado en el juicio. Eso lo encontró de interés el Tribunal de Sonora y se lo planteó a la Corte. Esta última, al atraer el caso, muestra que es de interés y trascendencia excepcionales", señaló Luis Miguel Cano, abogado de la organización civil PODER que acompaña a los Comités de Cuenca Río Sonora, un grupo ciudadano creado a partir del derrame.

LOS PENDIENTES

De los 2 mil millones de pesos que se destinarían a reparar los daños ambientales y materiales ocasionados por el derrame, solo se usó poco más de la mitad, dejando varios pendientes.

El monto del fideicomiso equivalió al 0.013% de los ingresos brutos de Grupo México en 2014, y la multa de 24 millones de pesos que impuso a la empresa la Profepa equivalió al 0.00016% de los ingresos brutos de ese año.

El fideicomiso, por ejemplo, prometió instalar 36 plantas potabilizadoras, aunque solamente quiso construir nueve, de las cuales apenas hay ocho instaladas y no todas operan con regularidad.

También construir una unidad médica sin precedentes en el país para tratar las intoxicaciones por metales pesados, pero el edificio destinado a ese propósito quedó en obra negra y el fideicomiso cerró sin haber abierto la unidad de salud.

De hecho, se gastó más en una estrategia de comunicación para limpiar la imagen de la empresa (24 millones de pesos) que en acciones de atención y seguimiento médico (poco más de 21 millones), según datos del propio fideicomiso.

Asimismo, se limitó a repartir una serie de indemnizaciones a los productores sin hacer un análisis económico para definir ese reparto, lo que provocó que los montos repartidos fueran ínfimos comparado con las pérdidas ocasionadas a corto, mediano y largo plazo para los productores agrícolas y ganaderos.

"La gente es a la que se le va a reparar el daño y debe ser informada e incidir en cómo funciona el fideicomiso, porque se trata de satisfacer un interés público. La empresa no puede ser libre de reparar como le dé la gana. Tiene la obligación de reparar conforme a los interés de las personas afectadas", explica el abogado.

Si la SCJN acepta que el fideicomiso puede ser cuestionado en un juicio de amparo, una de las posibles consecuencias sería su reapertura para permitir que la gente sea tomada en cuenta, lo cual "abriría la esperanza de que esto no acabe en la impunidad más atroz, donde la empresa dio sus dádivas y la gente quedó completamente dañada", señala Cano.

UN NUEVO RIESGO

El segundo caso que atrajo la SCJN busca definir si las personas que habitan en las zonas aledañas al Río Sonora y a las instalaciones de la mina en Cananea tienen la posibilidad de cuestionar el funcionamiento de la nueva presa de jales construida por Grupo México, en tanto que pueden verse afectadas por su operación.

Este caso es novedoso porque las personas que solicitan opinar sobre la presa de jales no están en el mismo lugar de la mina, sino en un municipio distinto al afectado, en este caso en Bacánuchi.

"La Corte entiende que habría que volver a reflexionar sobre este punto y determinar si las personas tendrían posibilidad de cuestionar a la empresa, pues tratándose de un derrame en un cuerpo de agua, con las características que tuvo el derrame de Grupo México en el Río Sonora, es probable que sí tengan oportunidad de cuestionarla", comenta el abogado Cano.

La trascendencia del caso a nivel nacional está en generar un criterio sumamente importante para el derecho humano a un medio ambiente sano y es que cualquier persona que se ve afectada en su entorno —así esté en otro municipio o entidad, pero aledaño al punto de origen de la contaminación— tiene derecho de cuestionar lo que sucede.

Si la SCJN decidiera que las comunidades no tienen derecho a opinar, se generarían incentivos muy perversos, ya que las empresas solamente buscarán quedar bien con las autoridades más inmediatas que son quienes les dan el uso de suelo". Luis Miguel Cano