MÉXICO
20/04/2018 8:45 AM CDT | Actualizado 20/04/2018 9:00 AM CDT

Quiere Tribunal Electoral seis camionetas blindadas para sus magistrados; costarían 13.5 mdp

Argumenta TEPJF que es para garantizar la integridad de los magistrados de la Sala Superior debido al proceso electoral.

Especial

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quiere cuidar la integridad de sus magistrados.

Bajo el argumento de "garantizar la independencia y autonomía en sus determinaciones, dada la complejidad del entorno que se presenta en los procesos electorales a realizarse", el TEPJF solicitó al Consejo de la Judicatura Federal seis camionetas blindadas para los magistrados de su Sala Superior similares a las que se asignan a juzgadores que llevan casos penales de alto riesgo.

El periódico Reforma dio a conocer este 20 de abril que el "préstamo temporal a título gratuito" de las seis camionetas, que en su conjunto tienen un valor de 13 millones 500 mil pesos, se prevé hasta el 31 de diciembre de 2018, según consta en un oficio del 9 de marzo del secretario administrativo del TEPJF, Jorge Enrique Mata.

En él se explica que la solicitud se hace tras una revisión al "parque vehicular consistente en camionetas blindadas, llegando a la convicción de que se encuentran en estado de obsolescencia" y que con las camionetas solicitadas se podrán brindar a los magistrados "las medidas de seguridad a fin de garantizar la independencia y autonomía en sus determinaciones, dada la complejidad del entorno que se presenta en los procesos electorales a realizarse".

El TEPJF ha estado recientemente en la mira tras la resolución en que ordenó la inclusión de Jaime Rodríguez, el Bronco, en la boleta electoral.

El proyecto, presentado por el magistrado Felipe Fuentes Barrera, le otorgó al Bronco la candidatura presidencial. El proyecto se aprobó por la votación más cerrada posible en este colegiado: 4-3. Le dieron el sí, además de Fuentes Barrera, los magistrados José Luis Vargas, Mónica Soto e Indalfer Infante.

También ha estado bajo el reflector luego que la misma sala determinó que el gobierno de Enrique Peña Nieto intervino en el proceso electoral y afectó la equidad de la contienda presidencial con el uso político de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación en contra de Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente.