MÉXICO
10/04/2018 3:48 PM CDT | Actualizado 10/04/2018 6:40 PM CDT

Aprueban diputados la llamada #LeyChayote, pese a críticas; ahora pasa 'el balón' al Senado

Ha sido señalada por numerosas organizaciones de promover el uso proselitista de la #PublicidadOficial y por su opacidad; entraría en vigor el 1 de enero de 2019

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La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social y lo turnó al Senado de la República para su análisis.

El documento, que se refiere a la difusión de propaganda de los entes públicos, bajo la modalidad de comunicación social, fue avalado en lo general por 205 votos a favor, 168 en contra y cero abstenciones.

Sin embargo, ha sido señalada por numerosas organizaciones de promover el uso proselitista de la #PublicidadOficial y por su opacidad.

Por ello, se inició un movimiento en Change.org, ¡NO A LA #LEYCHAYOTE!, como se le ha denominado a esta ley, señalando que el Legislativo simula que cumple con la sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia -lograda por el litigio de Artículo 19 y Fundar- que los obliga a generar una ley que combata el problema de la publicidad oficial antes del 30 de abril.

Las diputadas y diputados piensan mantener la discrecionalidad con la que los gobiernos y dependencias otorgan dinero público a un puñado de medios de comunicación a cambio de que 'se cuente lo bueno que casi no se cuenta'."Organizaciones del Colectivo #MediosLibres.
La expedición de esta ley se estableció en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de febrero de 2014.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Édgar Romo García, informó que para su discusión en lo particular se presentaron 103 propuestas de modificación, con 61 artículos reservados, y que participarán 19 oradores.

La expedición de esta ley se estableció en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de febrero de 2014.

El 15 de noviembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión que, a más tardar el 30 de abril, cuando concluye el actual periodo ordinario de sesiones, emita la ley reglamentaria de esa reforma.

El tema se abordó en la sesión de este martes, a partir de las 12:40 horas, cuando la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), fundamentó el dictamen desde la tribuna.

Posteriormente se presentaron, por separado, tres mociones suspensivas a cargo de los diputados Jesús Zambrano Grijalva (PRD), Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN) y Juan Romero Tenorio (Morena), la cuales fueron rechazadas en una sola votación por 168 votos a favor de esas propuestas y 194 en contra.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios tomaron la palabra Abel Cruz Hernández (PES), Mirna Isabel Saldívar Paz (NA), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (MC), Samuel Rodríguez Torres (PVEM), Virgilio Caballero Pedraza (Morena), Rafael Hernández Soriano (PRD), Jorge Triana Tena (PAN) y Arturo Huicochea Alanís (PRI).

A favor se pronunciaron César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI), Sofía González Torres (PVEM) y Carolina Viggiano Austria (PRI); en contra lo hicieron Jorge Álvarez Maynez (MC), Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (Morena), Ernestina Godoy Ramos (Morena), Tomás Octaviano Félix (PRD) y Rafael Hernández Soriano (PRD).

LEY CUESTIONADA

Desde diciembre del año pasado a través de cartas y luego en febrero en conferencia de prensa, una de las primeras y más importantes demandas que expresó la sociedad civil, y en particular el colectivo #MediosLibres, fue la falta de una ruta crítica para conocer en tiempo y forma el proceso de elaboración de la ley de publicidad oficial.

Y contra esa demanda, la audiencia se organizó con solo cinco días de anticipación, incluyendo además a personas que no fueron citadas o que se enteraron de su participación a través de las redes sociales a las 22 horas del día anterior.

Ante este escenario, diversas organizaciones acusaron que el proceso parece más una simulación de la participación de la sociedad civil, los periodistas, la academia y la ciudadanía.

Por ello, exhortaron al Congreso a generar mecanismos efectivos de participación ciudadana, a fin de integrar dichas voces en una sola iniciativa antes del 30 de abril.

Anteriormente, los integrantes del colectivo enunciaron los puntos mínimos que tendría que contener la futura ley:

1.- La publicidad oficial no debe desaparecer.

2.- Se requiere una Ley General que atienda a los tres niveles de gobierno.

3.- Definir criterios de asignación basados en la idoneidad

4.- Máxima publicidad de las autoridades como de los medios de comunicación, para contar con una rendición de cuentas eficaz y controlar el uso de la publicidad oficial.

5.- Transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.

6.- Contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada.

7.- La publicidad oficial debe ser siempre identificable.

8.- Fomento a la pluralidad y a la diversidad.

9.- Mecanismos de control eficaces

10.- Uso racional de los recursos públicos.

Y LO QUE CONTIENE

La legislación, apunta el proyecto de ley, "tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos, a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos".

Surgió de ocho iniciativas presentadas, entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, de las cuales una fue suscrita conjuntamente por diputados del PRI, PVEM y NA, y las otras siete, de forma particular, por legisladores del PAN, PRD, Morena, MC (dos iniciativas), NA y del Congreso de Jalisco

La Ley General de Comunicación Social recoge lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional que a la letra dice:

"La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público".

El nuevo ordenamiento legal está conformado por 45 artículos divididos en cinco títulos (I. Disposiciones generales, II. De la comunicación social de los entes públicos, III. De la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de comunicación social, IV. De la transparencia y rendición de cuentas, y V. De las infracciones y sanciones). Además, considera ocho preceptos transitorios.

El artículo Primero Transitorio señala que la Ley General de Comunicación Social entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y será aplicable a cualquier campaña de comunicación social pagada con recursos públicos, que sea transmitida en territorio nacional o en el extranjero.

La legislación indica que se deberá procurar que dichas campañas se trasmitan en versiones y formatos accesibles para personas con capacidades diferentes.

No se podrán difundir campañas cuyos contenidos tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público.
Los informes de gobierno o de gestión de los funcionarios, así como los mensajes en radio y televisión para anunciarlos, no se considerarán como comunicación social.

Siempre que la difusión se limite a una vez al año, con cobertura geográfica regional correspondiente al ámbito de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe".

Durante las campañas electorales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en medios de comunicación, salvo las de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, y las de protección civil, en casos de emergencia.

Los entes públicos deben elaborar una estrategia anual de comunicación social, para efectos de la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Aquellos que reciban recursos federales para comunicación social deberán elaborar un Programa Anual concordante con la partida de gasto asignado.

Los entes públicos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos sitios de internet, la información sobre los montos destinados a gastos relativos a campañas de comunicación social desglosa por tipo de medio, proveedores, número de contacto y concepto o campaña.

Se establece que la Secretaría de Gobernación deberá crear el Padrón Nacional de Medios de Comunicación y emitir los lineamientos para llevar a cabo su organización, una vez que se autorice el Presupuesto de Egresos respectivo.

Los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación. La información de este listado será pública y accesible a distancia.

Respecto a las sanciones, se señala que cuando las autoridades federales, estatales y locales cometan alguna infracción a la Ley General de Comunicación Social, se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o denuncias ante el Ministerio Público.

Aquí puedes consultar o descargar el dictamen en cuestión:

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