POLÍTICA
03/04/2018 4:57 PM CDT | Actualizado 03/04/2018 5:13 PM CDT

Avanza Ley de Publicidad Oficial entre señalamientos de “simulación”

El predictamen legaliza malas prácticas y retoma lineamientos ineficientes que existen a nivel federal desde hace tres sexenios, acusan organizaciones y activistas

Cuartoscuro.

La Comisión de Gobernación aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social y se turnó a la Mesa Directiva para su eventual discusión ante el Pleno, donde se presentarán las reservas de los grupos parlamentarios.

La presidenta de la Comisión, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), adelantó que se prevé que no se discuta esta semana.

El proyecto fue avalado con 15 votos a favor (PRI, PVEM y NA); ocho en contra (PAN, PRD, Morena, PES y MC) y una abstención del diputado panista Eukid Castañón Herrera, quien al inicio de la reunión se pronunció por que se llevara a cabo su votación en lo general para evitar "parálisis legislativa".

Para organizaciones y activistas, su aprobación sería muestra de "una simulación flagrante de la garantía a la libertad de expresión" que, además, " viola los acuerdos de parlamento abierto".

Acusan que no se trata de una síntesis de todas las iniciativas presentadas y que solo retoma la iniciativa presentada el 13 de marzo por los grupos parlamentarios del Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza.

Este documento no atiende los problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros."Osc y activistas.

#MediosLibres presenta iniciativa ante el Congreso para regular la publicidad oficial.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), informó que solicitará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) abrir el espacio para que se discuta y se escuchen todas las voces que aporten al contenido de este dictamen.

Precisó que "no se está planeando ninguna fecha para que se discuta en el Pleno" y aseguró que "no es intención" del PRI que se someta a votación esta semana.

Recordó que el 15 de noviembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión que, a más tardar el 30 de abril, emita la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental y comunicación social.

Publicidad oficial: la oportunidad de la Suprema Corte para terminar con la propaganda ilegal

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) comentó que su bancada votaría en contra, ya que consideró que se trata de "un albazo legislativo".

El Senado una simulación de audiencias públicas cuando ya sabían lo que haría la Cámara de Diputados. Es un agravio a la sociedad a la que se le invitó a las audiencias". Rafael Hernández Soriano (PRD)

Expuso que no se llevaron a cabo reuniones con los proponentes de seis iniciativas que se circularon el pasado 20 de marzo en la reunión de la Comisión.

El coordinador de MC, Macedonio Tamez Guajardo, pidió que se escuche a la sociedad civil interesada en participar en su discusión, y la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) externó su rechazo al documento en lo general, "pues sería darle credibilidad a un dictamen que no lo tiene".

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN) y la legisladora Norma Xochitl Hernández Colín (Morena) también se pronunciaron en contra del dictamen.

La diputada Sofía González Torres (PVEM) pidió aprobarlo en lo general y dejar pendiente las reservas, para no caer en "parálisis legislativa".

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) aclaró que se tuvo el tiempo suficiente de discutirlo y hacer las observaciones. Expuso que toda ley es perfectible.

LO QUE DICEN LA OSC

El predictamen incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial.

En primer término el artículo 134, octavo párrafo de la Constitución prevé que "la propaganda ... deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público". Asimismo, la CIDH a través de la Relatoría Especial para la Libertad de expresión ha señalado que "en una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado" y que la información derivada de la publicidad oficial debe ser de interés público que tenga por objeto satisfacer los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios.

Sin embargo, el predictamen (art. 4, f.I) considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de logros de los gobiernos y sujetos obligados abriendo la posibilidad de que esta se siga utilizando como una herramienta para promover figuras públicas y/o partidos políticos generando una sobreexposición de los mismos a la sociedad mexicana y, por tanto, impactando directamente en la equidad de la contienda electoral.

En el mismo sentido está la excepción que se prevé en el art. 14 respecto a la publicidad de los informes anuales de laborales los cuales son actualmente utilizados para la promoción personalizada de funcionarios públicos y no para rendir cuentas a la ciudadanía.

Asimismo, se prevé la posibilidad de difundir mensajes o campañas extraordinarios a los originalmente planteados en el Programa Anual de Comunicación Social sin señalar claramente el tipo de mensajes que podrían significar, violando directamente el principio de planeación adecuada del gasto [2]. Es importante recordar que existen en la misma ley disposiciones especiales plasmadas en el artículo 16 que prevén la difusión de campañas en casos de emergencia. Además existen graves incongruencias respecto al tipo de campañas de comunicación social que pueden ocurrir durante las campañas electorales (art. 21,f IV).

El predictamen sigue permitiendo la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos.

Ahora bien, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que busca subsanar la omisión de regular el artículo 134 señala claramente que la gravedad de la omisión deriva en la falta de criterios claros y objetivos de asignación de la publicidad oficial. Sin embargo, el predictamen no prevé nada al respecto, simplemente remite a la creación de lineamientos por parte de la Secretaría de Gobernación, situación que no cambia nada a la asignación discrecional y excesiva de este concepto de gasto.

Por su parte, el artículo 7 del predictamen prevé que se exenta de regulación de esta ley los pagos que se hagan a los medios de comunicación para publicar "disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones gubernamentales que deban publicarse o difundirse por mandato legal". Esta situación abre la puerta a la corrupción y el desvío de recursos de uno a otro concepto.

Es importante advertir que la falta de criterios de asignación de la publicidad oficial representa una violación directa al artículo 7 de la Constitución y del 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Precisamente por esto es que desde el colectivo #Medioslibres insisten en la necesidad de que los recursos publicitarios se asignen según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos, que deberán evaluar distintos factores, tales como el perfil del público al que va destinada la campaña, los precios, la circulación, la audiencia del medio y distintos criterios de equidad. A su vez es trascendental reconocer la idoneidad, el público objetivo -con acciones afirmativas hacía contenidos asociados a grupos vulnerables- y la no discriminación.

El predictamen no formula una propuesta para un mejor control presupuestario. Las menciones realizadas en este sentido quedan muy ambiguas y no construyen certeza jurídica (art. 18) . En resumen, el dictamen no prevé ninguna disposición que busque revertir los sobre ejercicios del gasto en publicidad oficial ni poner un tope a los gastos en publicidad oficial.

El predictamen centraliza más el control del gasto en publicidad oficial.

De la misma manera que el punto anterior el principio 7 de la Relatoría Especial ha señalado la necesidad de contar con un control externo de la asignación de pauta. En este predictamen, salvo las referencias al rol -ya existente- de la Auditoría Superior de la federación (o contraloría estatal y equivalente), se omite por completo la elaboración de controles descentralizados para vigilar y fiscalizar el uso de la publicidad oficial. Al contrario, de aprobarse este dictamen, se le otorgarían facultades potenciadas a la Secretaría de Gobernación. Por ejemplo, en los artículos 35 y 37 se prevé que sea la Secretaría de Gobernación quien está a cargo del Padrón de Nacional de Medios de Comunicación.

Ausencia de fomento al pluralismo y la diversidad.

La iniciativa no prevé ninguna disposición que permita promocionar la diversidad y el pluralismo en el país. Como lo mencionaron desde el Colectivo #MediosLibres en el decálogo, "los Estados deberán establecer políticas y destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de medios a través de mecanismos de ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros, diferenciados de los gastos de publicidad oficial como lo prevé el punto 8 de los principios para la regulación de la publicidad oficial de la Organización de los Estados Americanos."

La regulación de la publicidad oficial debe acompañarse de una definición y regulación de los mecanismos de fomento del pluralismo y de la diversidad. Se deben definir mecanismos que permitan que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de promoción del pluralismo informativo.

La asignación de recursos por venta de publicidad oficial a los medios de Uso Social Comunitarios e Indígenas se ajustará a lo especificado por el artículo 89. Fr. VII de la LFTR, de acuerdo a su carácter de medios sin fines de lucro.

El predictamen no propone transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating

Actualmente, no existen indicadores disponibles ni confiables sobre las audiencias, el rating, las visitas y la circulación de los distintos medios de comunicación. La ausencia de un sistema de medición imparcial e independiente perjudica al monitoreo de los medios de comunicación. Es primordial establecer un sistema imparcial y externo de medición de audiencias, basado en estándares certificados de medición y así asegurar que la asignación de la publicidad se haga a partir de criterios técnicos.