MÉXICO
02/03/2018 5:00 AM CST | Actualizado 02/03/2018 6:21 AM CST

La campaña de la PGR contra Anaya que evidencia el uso político de la justicia en México por parte del PRI

Mientras la fiscalía difundió un video para golpear mediáticamente a Ricardo Anaya, los coordinadores del PAN-PRD-MC solicitaron un juicio político contra el encargado de la PGR por uso faccioso de los aparatos judiciales con fines electorales.

Ricardo Anaya

La Procuraduría General de la República lanzó una ofensiva mediática contra Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, y encendió las críticas contra el gobierno por utilizar los aparatos de justicia con fines político-electorales.

La polémica se generó cuando la PGR difundió un video captado por las cámaras de seguridad de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), luego de que el pasado 25 de febrero, Anaya acudió a la sede de la procuraduría para fijar su posicionamiento y pedirle a la autoridad judicial no utilizar políticamente la investigación contra el empresario queretano Manuel Barreiro. Una investigación en la que Anaya fue vinculado por presuntas operaciones de lavado de dinero con la venta de una propiedad inmobiliaria.

De este modo, la PGR atacó a Anaya difundiendo un video en el que se escuchan algunos insultos mientras Anaya se niega a rendir declaración, tras entregar un escrito al subprocurador encargado del área de lavado de dinero, Mauro Rodríguez. Dicho video fue utilizado para golpear a Anaya mediáticamente con el argumento de que se trataba de un caso "de interés público" que "no contraviene ninguno de los principios del debido proceso".

Y mientras tanto, un juez federal suspendió un amparo solicitado por Barreiro, lo cual da luz verde a la PGR para detener al empresario.

Pero aunque el tema de la investigación de Odebrecht también es de interés público y el exprocurador Raúl Cervantes señaló en su renuncia del cargo que la indagatoria había sido concluida desde octubre de 2017, la PGR mantiene oculto el expediente contra Emilio Lozoya por el caso Odebrecht tras cuatro meses de haber concluido.

A través de un comunicado, Anaya señaló que se trata de "una prueba más de que esta institución -la PGR- se ha convertido en la oficina de la guerra sucia del PRI en contra de sus opositores".

El ataque de la PGR provocó que coordinadores del PAN, PRD y MC presentaron en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, por uso faccioso de la institución para atacar al candidato presidencial Ricardo Anaya.

"El juicio político es porque no hay más ciego que el que no quiere [ver], pues con el aval del presidente Enrique Peña Nieto, la PGR incurrió en el absurdo de lo doloso, con el uso faccioso de las instituciones para atacar a Ricardo Anaya", completó el líder de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza.

El caso también desató una ola de reacciones entre los aliados y detractores de Anaya.

Incluso Santiago Creel, exsecretario de gobernación y operador de Anaya, reconoció que el caso actual es un error como en su momento fue el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador.

"Estuvo mal en aquel momento, está mal en este momento", señaló Creel en entrevista con Aristegui.

Posteriormente, la PGR salió a dar una conferencia de prensa junto con la Secretaría de Gobernación para señalar que la investigación contra Anaya es un "caso emblemático" del cual se seguirían dando a conocer avances.

"A pesar de que fue tratado de manera cordial y respetuosa por parte de los servidores públicos... existen insultos al personal de la PGR", lamentó el Elías Beltrán.

La polémica llegó hasta el Instituto Nacional Electoral. Mientras el consejero Marco Antonio Baños consideró en principio que el diferendo entre la PGR y Ricardo Anaya no está en la órbita del INE, la consejera Pamela San Martín, opinó que el INE tendría que hacer una reflexión al respecto para garantizar la imparcialidad en el proceso electoral.

Ginnette Riquelme / Reuters

La actuación de la PGR desató una ola de críticas

"Tendríamos de una vez por todas que divorciar al sistema electoral de la procuración de justicia. El uso faccioso del Ministerio público para descarrilar candidaturas fractura cada vez el orden constitucional y, sin ofender a las repúblicas bananeras, deja a México en situación de república bananera", escribió el periodista Ricardo Rapahel.

"La PGR no debería ser comparsa de las estrategias de campaña, del gobierno ni de nadie. Se trata de una institución demasiado importante como para dilapidar sus recursos, la legitimidad y sus responsabilidades en asuntos mezquinos de grilla electorera", agrega Raphael.

Una opinión compartida por el periodista Salvador Camarena.

"Enrique Peña Nieto intenta regresar a México a los tiempos del Estado policial. La operación de acoso y derribo desatada en contra del panista Ricardo Anaya no es 'guerra sucia' electoral. No es siquiera 'operación política'. Que nadie se confunda. No hay cabida para los eufemismos. Esto es la perversión del elemento central del juego democrático: equidad en la contienda, con árbitros justos y un gobierno garante de que serán los ciudadanos, y sólo ellos, quienes decidan quién gana en unos comicios", escribió Camarena.

"La administración Peña Nieto ha emprendido el asalto de las instituciones; sí, desde el interior de las mismas, y en contra de todo espíritu democrático, para utilizarlas con un único propósito: revivir las raquíticas posibilidades del partido en el gobierno de siquiera llegar a la final en la competencia por Los Pinos", añadió.

"Se habla del daño a Anaya pero poco se dice del daño a las instituciones. Cuando la PGR y el SAT solo persiguen a sus rivales y protegen a los suyos quedan convertidas en burdos brazos electorales del PRI y del gobierno", dijo por su parte el periodista y académico Mario Campos.

"Aquí la justicia eficaz, expedita, veloz de una PGR que persigue a enemigos políticos e ignora corrupción priista. No no se trata de exonerar o defender a Anaya pero sí reconocer la aplicación selectiva y discrecional de la ley desde el Estado", dijo la politóloga del ITAM, Denise Dresser.

"Todo mundo sabemos que esta es una estrategia de campaña, el ejecutivo metiéndose en proceso electoral. Es profundamente autoritario y eso es muy preocupante", aseveró la investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni.

Una situación que, paradójicamente, incluso le podría terminar beneficiando a Anaya.

::.