MÉXICO
22/12/2017 11:18 AM CST | Actualizado 22/12/2017 12:18 PM CST

20 años después de la masacre de Acteal, continúa la tragedia humanitaria por desplazados y paramilitares en Chiapas

A dos décadas de la impune matanza de 45 indígenas a manos de paramilitares, la crisis humanitaria en la región de Los Altos, sigue cobrando víctimas ante la violencia provocada por grupos paramilitares.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.

Han pasado dos décadas de la masacre de Acteal, la crisis humanitaria en la región de Los Altos, en Chiapas, sigue tan vigente como entonces. Violencia, paramilitares, desplazados, impunidad. Son las palabras que se siguen resonando dolorosamente en aquella olvidada región de México.

El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia cristiana pentecostal cuando fueron masacrados por grupos paramilitares. Entre los asesinados estaban cuatro mujeres embarazadas.

Una masacre que, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes y expertos en el tema, fue parte de una estrategia de "contrainsurgencia" implementada por el gobierno mexicano para frenar el levantamiento indígena ocurrido en Chiapas el 1 de enero de 1994.

Dos décadas después, el crimen permanece impune luego de que los autores materiales fueron liberados paulatinamente desde 2009, bajo el argumento de que hubo fallas en el proceso judicial en su contra. Esto, además de que otros actores involucrados como el expresidente Ernesto Zedillo, quien recibió inmunidad diplomática por parte del gobierno de Estados Unidos luego de que 10 presuntas víctimas de la masacre de Acteal interpusieron un recurso legal ante una corte de Connecticut, Estados Unidos, para demandar al expresidente una compensación de 50 millones de pesos por los hechos.

"Víctimas sobrevivientes de La Masacre y miembros del pueblo tzotzil estamos cansadas y cansados de tanta injusticia, humillación, desprecio y discriminación de parte del Estado mexicano. A pesar de ello, nos hemos propuesto junto con otros pueblos originarios el de construir Otra Justicia, digna y humanizada. No sabemos cuántos años más deben pasar para conocer la verdad y ver la justicia. Acteal sigue siendo una herida abierta, en México no hay justicia. La dilación es discriminación", dijo Guadalupe Vásquez Luna, sobreviviente de la masacre, durante la visita de la ONU en con motivo de la conmemoración de la matanza.

Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, estuvo ahí para escuchar los testimonios de las víctimas, quienes acusaron que "la verdad que el Estado mexicano intentó negar y continúa ocultando, las graves violaciones a derechos humanos como estrategia contrainsurgente en la región de Los Altos de Chiapas".

Pero lejos de recibir justicia, la crisis humanitaria en la región de Los Altos se ha intensificado en el último mes ante casos de desplazamiento forzado por grupos armados que operan en el contexto de un conflicto agrario entre comunidades indígenas de Chalchihuitán y Chenalhó, que data desde 1976.

El conflicto se agudizó el 18 de octubre de 2017, cuando un grupo armado quemó nueve casas y asesinó a Samuel Luna Girón, del poblado Chen Mut, obligando al desplazamiento de poco más de 5 mil personas, equivalente al 34% del total de la población. De esta forma la población se concentra en lugares estratégicos de sus pequeñas comunidades, en espacios como la cancha deportiva o algún templo, para subir a la montaña por las noches y así protegerse de una posible agresión.

De acuerdo con un informe de tres organizaciones civiles en la región de conflicto (Salud y Desarrollo Comunitario A.C. y Casa de La Mujer, Ixim Antsetic A.C.), el conflicto ha dejado al menos 11 muertos y una serie de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y trastornos de ansiedad provocados por la situación de violencia.

Entre los casos más impactantes, se encuentra el de Raymundo Pérez Girón, de 18 años de edad oriundo de Chen Mut, quien se suicidó consumiendo herbicidapor la tristeza que le causó el desplazamiento de su comunidad.

Los funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), René Juárez y Roberto Campa, se reunieron este jueves en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con autoridades y representantes de las comunidades indígenas de San Pedro Chenalhó y San Pablo Chalchihuitán.

Los funcionarios de la Segob informaron que tras dialogar con representantes de cambas comunidades se llegó a cuatro acuerdos junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno: 1) Se reforzará la seguridad local y federal de manera permanente en la zona a fin de recuperar las condiciones de tranquilidad en las comunidades. Incluso se construirá un cuartel de policía. 2) Se impulsará un programa de desarme voluntario en Chenalhó. Se ofrecerán electrodomésticos, y aparatos y tabletas electrónicas a los pobladores que entreguen sus armas. 3) Se instalará una mesa de trabajo para atender la emergencia de las familias desplazadas. 4) Se instalará una mesa para ver por las necesidades históricas de ambas comunidades.

Sin embargo, organizaciones civiles entre las que se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C, emitieron un comunicado conjunto en el que acusan tanto al gobierno federal como estatal de actuar con opacidad y manejar la resolución del conflicto territorial entre ambas comunidades con fines políticos, lo cual consideran, fue determinante para agudizar la crisis.

Esto, luego de que una resolución judicial emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente se hizo pública hasta el día 13 de diciembre, es decir, un mes y una semana después de emitida la sentencia, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto.

De ahí que las organizaciones firmantes consideraron urgente implementar una "estrategia de desarticulación, desarme y castigo a los grupos civiles armados de corte paramilitar que están actuado bajo la complacencia de los gobiernos local y estatal de Chiapas".

Esto, además de realizar "auditorías a las presidencias municipales de Chenalhó, Chalchihuitán y Chamula, ante la presunción documentada de que desde ahí se desvían fondos para la compra de armas".

Conflictos armados que a dos décadas de distancia, podrían desatar un episodio similar a lo ocurrido con la masacre de Acteal, ante el contexto de violencia que se vive en Chiapas.

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