MÉXICO
19/12/2017 5:30 AM CST

La "fallida transición democrática" que abrió las puertas a una "restauración autoritaria" en México, según analistas

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior, calificada como "un estado de excepción permanente", se suma a un proceso de desencanto democrático, descomposición institucional y repunte de la violencia que hará particularmente difícil la elección presidencial de 2018.

Edgard Garrido / Reuters

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior, calificada como una "regresión autoritaria", ha hecho más profunda la crisis institucional de México tras una "fallida" transición democrática que ha traído como consecuencia una mayor desconfianza en el gobierno y el repunte de la violencia.

De ahí que fenómenos como las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la crisis de inseguridad detonada por la llamada "guerra contra el narcotráfico", la incapacidad de las autoridades para garantizar elecciones limpias y los altos índices de corrupción en toda la administración pública, representen una señal de alerta ante lo que se prevé serán las elecciones más complejas de la historia. Unas elecciones que habrán de desarrollarse en un contexto de regresión autoritaria que se ha acentuado durante la última década, luego de un largo proceso democratizador que inició con la reforma política de 1977 y culminó con las elecciones presidenciales de 2000, de acuerdo con algunos autores.

"¿Qué significa vivir en un estado de excepción permanente?, se pregunta Giorgio Agamben, el filósofo que mejor ha estudiado esta propensión moderna. Su respuesta debería darnos escalofríos: la sujeción voluntaria a una violencia institucionalizada. En otras palabras: la instauración de una 'guerra civil legal' disfrazada de 'necesidad de preservar la seguridad pública'", señaló el escritor Jorge Volpi tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

"Al aprobarla, PRI y PAN -o los sectores más reaccionarios del PAN- han contribuido a la consolidación del autoritarismo en nuestro país. Otra vez Agamben: Cuando el estado de excepción se convierte en regla, se transforma en una máquina letal", remató Volpi en el texto Excepción permanente, publicado en Reforma.

Para el constitucionalista Diego Valadés, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior es sinónimo de "regresión autoritaria, con una forma adicional de ejercicio discrecional del poder". De ahí que Valadés considere que la ley, que establece un "estado de sitio permanente", carece de controles democráticos como ocurre en otros Estados donde se ha legislado sobre las labores del Ejército en tareas de Seguridad Interior. "No podemos seguir estando sin democracia y paz", señaló el abogado en una entrevista con Reforma, en la que advirtió que ante la aprobación de la ley "nos exponemos a una recaída autoritaria y a un extravío de la ruta democrática que emprendimos en 1977. Se trataría de una regresión de la cual podríamos tardar mucho tiempo en salir", agregó Valadés.

"Nuestros representantes políticos en el Senado y en la Cámara de Diputados, o por los menos una mayoría de ellos, han decidido aprobar una ley que en contra de los intereses de nuestro país y de nuestra democracia. De hecho, se trata de un claro retroceso democrático", señaló por su parte Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

"El sometimiento de los otros poderes públicos frente a las enormes capacidades de negociación, cooptación a presión con los que cuenta el Ejecutivo. El caso del Senado es uno de los más alarmantes. Se ha convertido en un órgano de articulación de los intereses del Ejecutivo y no en una cámara federal que funcione como control a los actos y decisiones del presidente", agregó.

Una ley que se suma a una crisis institucional que se ha venido construyendo en la última década, a la par de un repunte de la violencia y la inseguridad.

"La transición política en México propició cambios en la relación tradicional de subordinación que el crimen organizado había mantenido respecto a las autoridades políticas, en la mayor parte del siglo 20. En términos generales, las autoridades perdieron la capacidad que antes tenían para regular los mercados ilegales y evitar algunas de sus consecuencias más nocivas —en particular, la violencia exacerbada que generan los conflictos entre organizaciones criminales—. Por su parte, las grandes organizaciones criminales alcanzaron mayor autonomía y desarrollaron modelos de negocios que implican una mayor presencia territorial y un mayor contacto con autoridades locales", señaló Eduardo Guerrero, experto en temas de seguridad, en un estudio de 2013.

De ahí que algunos autores consideren como una "fallida" transición democrática en México el proceso ocurrido en la última década.

"La democratización y la desdemocratización dependen tanto del aumento o la disminución de la apertura del sistema a las demandas de la sociedad, como de la capacidad estatal. En ese sentido, en el presente artículo defendemos la idea de que durante los últimos 14 años México ha transitado por un proceso de desdemocratización, contrario al que recorrió 1977 a 2000, en el que el país pasaba por un proceso de democratización. Hemos intitulado este trabajo "una transición fallida" en la medida en que a lo largo de estos 14 años se falló en ambos registros", señaló Ilán Bizberg, investigador del Colegio de México, en un texto denominado México: una transición fallida.

"Este calificativo se justifica si consideramos el declive de la capacidad del Estado mexicano, los retrocesos evidentes en el proceso de democratización y que México se encuentra en un proceso de desdemocratización", añade Bizberg.

Un enfoque con el que coincide Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del entonces IFE y actual director de Integralia Consultores, quien asegura que durante la última década se han registrado retrocesos democráticos importantes pese a las dos reformas político-electorales impulsadas tras las cuestionadas elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Las reformas de 2007 y 2014 fueron regresivas", señaló Ugalde en una entrevista con Imagen Radio."En estas dos reformas hubo elementos positivos pero en general el paquete es regresivo porque hubo un proceso de centralización en la organización de las elecciones que me parece equivocado, hubo muchas restricciones a la libertad de expresión, a lo que pueden o no pueden opinar los ciudadanos, un control adicional de los partidos políticos sobre las actividades de las campañas, porque ha habido un incremento en los castigos y prohibiciones", dijo Ugalde, al considerar que las bases de dichas reformas partieron de un enfoque equivocado.

"Si ves lo que ha ocurrido con los principales indicadores de la democracia electoral mexicana en los últimos 10 años te das cuenta que los resultados no son buenos. Ha habido un encarecimiento de ésta a pesar de que nos dijeron que iba a haber un abaratamiento, la pérdida de confianza en las instituciones electorales se ha acrecentado, el acatamiento de los resultados se ha diluido: hoy es una costumbre desafiar, desacatar o cuestionar los resultados electorales", agregó.

Así como hace 40 años, entre 1977 y 2000, hubo un proceso de mayor confianza, mayor pluralismo, mayor alternancia, en los últimos 10 años ha habido un proceso inverso".Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE

Algunos datos confirman la hipótesis.

El grado de debilidad institucional en México provocó que en tan sólo un año, México quedara empatado junto con Etiopía, Turquía, Brasil y Sudáfrica "como el país con la peor condición en el Índice de Estados Frágiles de 2017", al pasar del lugar 107 al 88 entre los países con más riesgos de convertirse en un Estado fallido.

"En 10 de los 12 indicadores del Índice de Estados Frágiles, México mostró una disminución, moviendo su puntaje total en 3.9 puntos, un cambio significativo con respecto al año anterior. En particular, México empeoró en los indicadores de Aparatos de Seguridad, Declive Económico, Refugiados e Indicadores de Quejas Grupales. Aunque la economía siguió creciendo levemente, las perspectivas económicas generales en México y su capacidad para sostener un progreso económico significativo, se vieron empañadas por la duda", afirma el análisis.

"Sin embargo, más preocupante que el desempeño económico de México fue la corrupción generalizada y los brotes de crímenes violentos que han seguido afectando al país sin ninguna señal real de reducción", agrega el texto publicado en mayo de 2017.

FFP

Una situación que, lejos de mejorar, se ha recrudecido, toda vez que 2017 es oficialmente el año más violento del que se tenga registro en 20 años.

Un dato que se suma a un creciente descontento de los mexicanos con la democracia. De acuerdo con el Pew Research Center, el 93% de los mexicanos dijeron sentirse insatisfechos con la democracia y su sistema democrático. Otra encuesta desarrollada por Latinbarómetro, ubica a México como el país con el peor nivel de evaluación de la democracia a nivel América Latina, sólo por debajo de Brasil. Ambas encuestas sitúan a México con un mayor desencanto democrático que países como Venezuela, con el cual se suelen hacer comparativos en los medios de comunicación.

Y esto se debe a que, a pesar de años de reformas político electorales como la de 2014, México es uno de los países con más fraudes electorales de América Latina, según refirió la académica del Colegio de México, Soledad Loaeza, durante un foro realizado por el INE en abril pasado.

"Ya no hablemos del fraude pequeño en el municipio, sino estamos hablando de grandes fraudes, del desvío de recursos muy importantes, multimillonarios, que sabemos ha ocurrido. Y ese desvío de recursos es el que asegura el triunfo electoral a niveles muy altos del gobierno federal", refirió Loaeza.

Una situación que se recrudeció aún más tras las elecciones estatales en Estado de México y Coahuila, donde las autoridades electorales terminaron avalando campañas llenas de inconsistencias, tal como ocurrió con el pleito entre el INE y el Tribunal Electoral a raíz de la fiscalización de gastos de campaña del actual gobernador coahuilense, Miguel Riquelme.

"Durante el fuerte enfrentamiento entre democracia y autoritarismo, la ilusión de la democracia se sobredimensionó. ¿Para qué nos ayuda la democracia? Para que la diversidad política que existe en México se pueda expresar, se pueda recrear, pueda competir y convivir de manera pacífica, institucional. No es poca cosa, porque la democracia, como bien lo decía Popper, lo que permite es deshacerse de unos gobernantes y generar otros sin el costoso expediente de la sangre", señaló el politólogo José Woldemberg en entrevista con Milenio.

Una postura que, si bien busca resaltar los avances obtenidos desde la época en que el PRI ganaba elecciones presidenciales sin oposición política, como ocurrió durante la elección de José López Portillo que provocó la reforma política de 1977, sigue prestándose al debate.

"Me parece que no hay que confundir alternancia con transición a la democracia, porque los procesos de alternancia no han consolidado una transición a la democracia", sostuvo Enrique Gutiérrez Márquez, investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, previo a las elecciones de 2017.

Por ello, algunos académicos que han participado activamente en la política, consideran que en el país no existen elementos suficientes para hablar de una transición democrática consolidada.

"En México es casi imposible una transición democrática. El poder de la élite mediatiza y limita cualquier cambio real", dijo el investigador de la UNAM y exdiputado federal por el PT, Jaime Cárdenas.

"No hay transición democrática sin generosidad. Basta ver casos: España, Sudáfrica, et al. Por eso no ha habido transición en México", el académico y expresidente del PRD, Agustín Basave.

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