POLÍTICA
17/12/2017 9:34 AM CST | Actualizado 18/12/2017 5:39 PM CST

Así es como Canadá busca resolver la figura del ombudsperson tras 10 años de discusión

Servirá para exigir cuentas a las empresas extractivas canadienses alrededor del planeta.

Cuartoscuro.

Por: Benjamin Cokelet*

Canadá tiene una deuda pendiente con el mundo en relación al desempeño de sus empresas extractivas alrededor del planeta. La sociedad civil canadiense lleva una década movilizándose para exigir a su gobierno que tome cartas respecto a los abusos a los derechos humanos y daños ambientales generados por proyectos canadienses de minería, petróleo y gas que se desarrollan prácticamente en todo el mundo. Tanto la reparación de abusos existentes como la prevención son la meta.

La articulación de organizaciones Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA) que, junto con el Canadian Labour Congress y Above Ground, ha liderado el esfuerzo por exigir la rendición de cuentas de las empresas extractivas de ese país, señala que "desde 2013, más de 100 mil canadienses se han unido a la campaña Open for Justice y más de 50 organizaciones de la sociedad civil canadiense han firmado una declaración que hace eco de esta convocatoria. Las personas y comunidades directamente afectadas han testificado ante comités parlamentarios y se han reunido con miembros del Parlamento canadiense de todos los partidos".

En octubre de 2016, la organización Justice and Corporate Accountability Project (JCAP) publicó un análisis sobre la violencia generada a partir de proyectos mineros impulsados por empresas canadienses en América Latina. Las cifras eran contundentes: del 2000 al 2015 habían muerto 44 personas y 30 de las víctimas habían sido blanco de ataques desde tiempo atrás. En ese mismo periodo, 400 personas resultaron heridas y 700 más fueron criminalizadas.

Durante la última semana cuatro líderes comunitarios del municipio de Ixtacamaxtitlán, en Puebla, México, confirmaron estas estadísticas, recorriendo los pasillos del gobierno canadiense y las salas de sindicatos y pueblos indígenas de aquel país para dar a conocer los abusos existentes que ya perciben durante la fase de exploración minera de la empresa canadiense Almaden Minerals en su comunidad.

La propuesta de la sociedad civil canadiense para resolver estos problemas ha sido clara: el gobierno debería nombrar un ombudsperson para las industrias extractivas que sea creíble y efectivo para enfrentar los abusos a derechos humanos originados por las empresas, exigir rendición de cuentas a las mismas y garantizar la reparación de los daños ocasionados. Asimismo, la sociedad civil canadiense ha señalado que un ombudsperson brindará beneficios a largo plazo para las empresas mismas.

Las características que deberá tener este ombudsperson han sido ampliamente discutidas en Canadá, donde se ha demandado crear una figura que actúe con independencia, integridad y justicia, y tenga capacidad para realizar investigación sobre las quejas relacionadas con los daños causados por las empresas, lo que implica que posea el mandato y poder legal para hacer dichas investigaciones. Otros aspectos de este ombudsperson son capacidad para dar a conocer de forma pública y regular los avances en la materia (con hallazgos y recomendaciones enfocadas en las empresas, pero también en las instancias gubernamentales), y que pueda monitorear y dar seguimiento a las recomendaciones y los acuerdos de solución.

Los argumentos a favor de un ombudsperson para las industrias extractivas se han expuesto en foros nacionales e internacionales, e incluso Naciones Unidas manifestó su satisfacción con una medida de este tipo. La mesa para definir al ombudsperson estará lista para el nombramiento durante el mes de enero de 2018. Si el gobierno canadiense decide aplazar la discusión de esta importante medida, dejará en el limbo a miles de víctimas de los conflictos originados por empresas canadienses.

Los cuatro habitantes de Ixtacamaxtitlán que intentan frenar la creación de una mina a cielo abierto por parte de Almaden Minerals, prestaron su voz a favor de la creación del ombudsperson, ya que esta figura podría prevenir futuras violaciones a los derechos humanos de las más de 25 mil personas de su comunidad. El lugar donde se pretende instalar esa mina es un verdadero paraíso ecológico y cultural, donde la gente lleva una vida campesina y productiva que le ha permitido preservar tradiciones milenarias, y que hoy se ve amenazada con la llegada de este proyecto minero.

La figura de un ombudsperson para Canadá sería el primer paso para resarcir los daños ocasionados a las víctimas de conflictos pasados, además de prevenir futuros abusos como en el caso de Ixtacamaxtitlán, y daría esperanza a las miles de personas que, como en México, están siendo afectadas en todo el mundo por los proyectos extractivos planeados desde Canadá.

* Benjamín Cokelet es el director ejecutivo fundador de la organización de la sociedad civil latinoamericana PODER, que promueve la rendición de cuentas empresarial y los derechos humanos en la región. www.projectpoder.org