MÉXICO
12/12/2017 8:15 AM CST | Actualizado 12/12/2017 10:42 PM CST

Ley de Seguridad Interior permite al Ejército "autogobernarse" e implica un estado de excepción de facto: CIDE

Durante su intervención en el Senado, Alejandro Madrazo, investigador del CIDE y experto en la materia, advirtió una serie de riesgos sobre la ley que pretende aprobar el Congreso.

Senado

Académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) advirtieron al Senado los muchos riesgos que implica la aprobación de la Ley de Seguridad Interior: la posibilidad de que los abusos de las fuerzas armadas no sean impugnables ante autoridades civiles, las facultades que da a los militares para "autogobernarse" sin rendirle cuentas al presidente de la República e incluso la posibilidad de instalar un "estado de excepción" sin que los gobiernos asuman su responsabilidad política en la actual crisis de inseguridad.

Pero entre todas las voces que participaron ayer en la discusión en el Senado, los argumentos esgrimidos por Alejandro Madrazo Lajous, doctor en derecho por la Universidad de Yale y encargado del Programa de Política de Drogas del CIDE, cobraron especial atención ante la contundente crítica que realizó a los legisladores que pretendían avalar sin cambios la ley aprobada por la Cámara de Diputados.

El constitucionalista exigió a los legisladores que dictaminarán la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, que se hagan responsables ante la grave crisis que vive el país y recordó que desde hace más de un año, el Congreso ha hecho oídos sordos a las críticas y reclamos de los expertos.

"Hace un año yo estuve aquí para discutir una iniciativa semejante a esta, pero no tan mala y no tan peligrosa", manifestó el académico.

Señaló que aunque en aquella ocasión presentó datos duros sobre los resultados de los primeros 5 años de la militarización del país, hoy la Cámara de Diputados ya aprobó una norma "que es más laxa en los controles al Ejército, menos responsable con las facultades que tiene el Congreso de la Unión para mantener algún tipo de regulación sobre el poder Ejecutivo, una ley que fue aprobada fast track, sin debida discusión, sobre un texto que se conoció poco antes de que fuera votado en comisiones y que fue votado en el pleno el mismo día. Esto es un madruguete".

"En este contexto, vengo a repetir algunas cosas que ya sabemos que ustedes saben, pero también alertarles de algunas que quizá no estén consientes que están aprobando en esta versión de la ley", continuó.

Madrazo aseguró que la militarización del país ha sido contraproducente y refirió que, incluso, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República ha advertido los riesgos de aprobar una Ley de Seguridad Interior en los términos aprobados en el recinto de San Lázaro.

Así puede constatarse en el video del foro a partir del tiempo 5:01:21.

Hoy estamos en un país más violento que hace un año, con una ley más laxa de la que estábamos hace un año, con policías más desarticuladas de las que estábamos hace un año".Alejandro Madrazo, CIDE

El investigador indicó que la ley que se discute actualmente "pretende hacer como que no son de seguridad pública las tareas que son de seguridad pública y pretenden que el Ejército lleve a cabo". Agregó que el lenguaje usado en la redacción de la ley es "esquivo y engaña".

Lo que están pretendiendo es que con una etiqueta pueden violar la Constitución y eso es muy delicado".Alejandro Madrazo, CIDE

"También saben que la ley no contiene controles al Ejecutivo, que el Ejecutivo puede desplegar unilateralmente al Ejército sin tener que rendir cuentas a nadie y eso es muy peligroso", dijo.

Criticó que en el artículo 26 de la ley viene "un pequeño regalo a las fuerzas armadas para autogobernarse", de acuerdo con el segundo párrafo de la ley, el cual señala:

Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran".Artículo 26, Ley de Seguridad Interior

Agregó que cuando el Ejército actúe sin una declaratoria, "no tiene que informar al Ejecutivo", pues los informes que contemplan los artículos 32 y 14, dependen que haya una autoridad encargada de coordinar las acciones que no es de seguridad Interior, pero eso no existe sin una declaratoria. Es decir, que la ley plantea muchos caminos legales para que las fuerzas armadas puedan actuar por su propia cuenta e incluso puedan evadir informes al ejecutivo.

"Entonces tenemos a un Ejército que sin autorización del presidente de la República, puede actuar o enfrentar amenazas potenciales de Seguridad Interior sin rendirle cuentas al Ejecutivo", enfatizó.

Están ustedes discutiendo una ley que, bajo el artículo 26, permite autogobernarse al Ejército". Alejandro Madrazo, CIDE

Agregó que la Ley de Seguridad Interior "somete a autoridades civiles ante autoridades militares" en al menos dos aspectos referidos en el artículo 31 y transitorio segundo. Refirió que en el artículo 31 se obliga a todos los órganos de gobierno, incluyendo los órganos autónomos, "a entregar toda la información que se les requiera por Seguridad Interior", lo cual implica que "nuestros datos personales pueden llegar ahí, o nuestros expedientes médicos conforme al IMSS, pueden ser requeridos".

Asimismo, el segundo transitorio implica que, tanto el gobierno federal, pero también estados y municipios, "tendrán que pagar las acciones de Seguridad Interior que se realicen".

Además, quizá ustedes no lo sepan, pero los actos administrativos de esta ley no son impugnables".Alejandro Madrazo, CIDE

Esto, debido a que el artículo 10 señala textualmente que "la materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo".

Explicó que cuando una ley no contempla procedimientos administrativos, la Ley de Federal de Procedimiento Administrativos sirve para sancionar a funcionarios. Sin embargo, indicó que esto no ocurre con el dictamen actual, ya que la Ley de Seguridad Interior "contempla una disposición expresa para evadir la posibilidad de impugnación".

Madrazo también indicó que, ante el sombrío panorama que propone la ley, existen alternativas. Explicó que la cláusula de Seguridad Interior referida originalmente en la ley mexicana viene de la Constitución de 1824, del "estatuto de gobierno del Imperio" que hablaba de "orden interior", un concepto que se refería a los levantamientos federalistas y republicanos que se estaban pronunciando en contra del emperador, la secesión de entidades como lo fue Centroamérica y el ataque de tribus indígenas en el norte del país. "¿Por qué se utilizaba orden interior? Porque no se les quería reconocer el carácter de externo", explicó Madrazo.

En este sentido, explicó que el artículo 119 de la Constitución actual, establece que para proteger el pacto federal, la federación está obligada a proteger a los estados. "Si vamos a regular Seguridad Interior tiene que ser regulando el artículo 119 que sólo puede ser activado por los Congresos estatales o excepcionalmente los gobernadores. No unilateralmente el presidente de la República, sino los Congresos estatales", dijo. "¿Tenemos que regular eso? Quizá. ¿Es prioritario? Para un periodo electoral no lo creo", agregó.

Contrario a lo aprobado por la Cámara de Diputados, recomendó la creación de una ley transitoria con una fecha fija de salida del Ejército para la desmilitarización de la seguridad pública y simultánea construcción de cuerpos de seguridad civiles en los estados.

Indicó que para proteger a las fuerzas armadas, es preciso dotarlas "de un marco que regule su salida y que obligue a los gobiernos civiles a asumir su responsabilidad de seguridad pública", es decir, un "régimen de salida".

Madrazo también fue enfático en que, en caso de una amenaza extraordinaria, la ley actual ya establece mecanismos para atender situaciones de emergencia, activando el artículo 29 constitucional que prohíbe la seguridad pública por parte de fuerzas castrenses.

"Se mencionaba hace un momento tratando de decirnos que es muy normal que el Ejército participe en labores de seguridad, que en Francia, cuna de la democracia, hay hoy un Estado de excepción y los militares realizan labores de seguridad pública. La palabra operativa ahí es estado de excepción. Políticamente hay que reconocer la excepción y hay que responsabilizarse de ella y es importante hacerlo porque el Congreso entra a fiscalizar lo que hace el Ejecutivo si se activa el artículo 29", criticó.

Esta ley (de Seguridad Interior) lo que pretende es justamente tener un estado de excepción de facto sin responsabilizarse políticamente y sin someter al escrutinio del Congreso el despliegue del Ejército por parte del Ejecutivo. ¡Eso es lo que es esta ley, no nos hagamos guajes!"Alejandro Madrazo, CIDE

El académico indicó que el foro puede ser una de dos cosas, el inicio de un diálogo serio que responda a un llamado de la sociedad civil para solucionar el problema de la inseguridad, si el Senado decide frenar la ley y construir mesas de trabajo para analizar el problema a fondo, o también una mera simulación para aprobar la ley en los términos ya aprobados en la Cámara de Diputados.

Dejen de jugar con etiquetas, dejen de llamarle Seguridad Interior, a lo que no lo es. Dejen de decir mentiras y engañar diciendo que hay documentos como la agenda de riesgos, que son públicos, cuando no lo son y son secretos. Háganse responsables, porque la crisis es grave y los ciudadanos no somos tontos y nos damos cuenta cuando hay una simulación".Alejandro Madrazo, CIDE

Otro especialista en derecho del CIDE, José Antonio Caballero, agregó además que el artículo 26 de la ley implica que las fuerzas armadas podrán "prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país", según consta en la ley, lo cual abre la posibilidad de que puedan operar en todo el país sin restricción alguna.

Al igual que Madrazo, Caballero recomendó crear un régimen de transición para establecer tiempos concretos para que las fuerzas armadas dejen sus tareas de seguridad pública en un tiempo programado.

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