MÉXICO
12/12/2017 5:00 AM CST | Actualizado 15/12/2017 12:34 AM CST

Gobernadores respaldan Ley de Seguridad Interior; es la "hegemonización de EU en México" cuestiona oposición

Mandatarios del PRI y el PAN apoyaron sin reparos la iniciativa de ley. Senadores del PT-Morena consideraron que la visita busca construir condiciones para aprobar la polémica iniciativa pese a las protestas de expertos en derecho humanos.

Senado

Mientras los gobernadores del PRI y PAN respaldaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en los términos avalados por la Cámara de Diputados, senadores de la bancada PT-Morena consideraron que dicha ley hará que los gobiernos estatales pierdan poder frente a las fuerzas armadas.

Una situación que, de acuerdo con los senadores de oposición, implicaría la pérdida de la soberanía nacional con el objetivo de beneficiar el proyecto de seguridad regional impulsado por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre.

Fue en estos términos que se realizó la visita de gobernadores al Senado de la República, dentro de la Junta de Coordinación Política, con el fin de exponer argumentos a favor y en contra de la ley que busca conferirle facultades extraordinarias a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

La postura de los gobernadores

Mandatarios estatales pidieron al Senado aprobar la minuta que expide la Ley de Seguridad Interior, consideraron que es imperante dar un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en sus labores en las entidades federativas.

Advirtieron que sería "un grave riesgo a la seguridad nacional" retirar a los militares de sus tareas contra organizaciones criminales, pues los gobernadores consideraron que la ley no militariza al país, no invade competencias locales ni transgrede los derechos humanos ni las garantías individuales. Precisaron que no se criminaliza la protesta social y señalaron que es una exigencia ciudadana restablecer la seguridad, para ello, se necesita toda la fuerza del Estado y contar con policías certificadas.

Mencionaron que con la participación del Ejército se ayudaría a revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, emanado del PRI, señaló que es necesaria una Ley de Seguridad Interior, ante el crecimiento de los índices delictivos, "y su análisis debe superar las posiciones de tipo político, partidista o electoral". "La seguridad de las familias mexicanas exige una respuesta del Estado", indicó.

Destacó además que la Ley no facultará la invasión de la esfera de competencia de las fuerzas del orden local, tampoco generará la sustitución de estas autoridades ni establecerá un Estado de excepción.

El gobernador de Durango, el panista José Rosas Aispuro, solicitó a los legisladores que se apruebe la legislación en materia de seguridad interior, ya que, al verse rebasados en algunos casos por la debilidad institucional de las corporaciones policiacas, se necesita que el Ejército mexicano pueda tener un marco jurídico que le permita actuar con toda certeza.

"No es que nosotros estemos abandonando la responsabilidad que tenemos en materia de seguridad pública, esa la estamos asumiendo, pero al vernos rebasados en algunos casos por la debilidad institucional de las corporaciones policiacas, indudablemente eso transgrede la seguridad interior y en esa parte necesitamos que el Ejército mexicano pueda tener un marco jurídico que le permita actuar con toda certeza", señaló Rosas Aispuro, quien habló también en nombre de los gobernadores de Baja California Sur, Aguascalientes y Tamaulipas.

El priista Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, una de las entidades más militarizadas del país, incluso negó que "en Guerrero el Ejército mexicano y la Marina Armada de México han sido leales con el pueblo de Guerrero y han sido respetuosos de los derechos humanos".

Para el gobierno de Jalisco, encabezado por Aristóteles Sandoval, es absolutamente "necesaria e inaplazable" la aprobación de una ley que permita a las fuerzas armadas seguir colaborando con los estados en un marco en el que, tanto la sociedad como los militares, tengan derechos, facultades, limitaciones y alcances.

El gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién, pidió a los senadores retomar, discutir y votar "lo más rápido" la Ley de Seguridad Interior. "¿Dónde dice que se va a militarizar el país?", cuestionó Domínguez y negó que la ley viole los derechos humanos como han advertido organismos nacionales e internacionales expertos en la materia.

El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, aseguró que este ordenamiento permitirá tener una mayor y mejor coordinación en materia de seguridad pública con las fuerzas armadas y también para poder integrar a las fuerzas policiales municipales en esta tarea.

Tlaxcala, en voz del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, expresó que "ha habido suficiente tiempo" para discutir y aprobar dicha ley, que consideró debe salir a la brevedad. Aseguró que no es correcta la afirmación de que las Fuerzas Armadas, a partir de esta ley, van a estar cotidianamente en las calles.

El gobernador de Puebla, Antonio Gali, también expresó a través del senador panista Javier Lozano su respaldo a la iniciativa.

Tras el espaldarazo de los gobernadores del PRI y PAN, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que si bien es necesario dar un marco de legalidad a la actuación de los militares, aseguró "no quiero dejar de señalar que en esta minuta yo advierto excesos y advierto algunas disposiciones que rebasan lo que incluso han solicitado las fuerzas armadas".

Opinó que hay varios artículos en donde se traspasa lo que se puede entender por coordinación y se pasa a un esquema de subordinación del Estado mismo, de los estados, de las fuerzas estatales o municipales, respecto de quien designe el Ejecutivo Federal como coordinador de las tareas de seguridad. Ello está dejando una puerta abierta que "incluso creo que sería extralegal", agregó.

"Aquí de lo que se está hablando y me parece algo muy delicado, es cuando se establece en el artículo 11, fracción segunda, cuando se dice que se puede dar esta declaratoria de protección cuando se origine por falta o insuficiente coordinación de las entidades federativas o municipios. ¿En qué momento se va a determinar que hay una falta o insuficiencia de colaboración? Eso ya no es el espíritu de lo que se planteó, eso incluso es descalificar la actuación de un estado o municipio", señaló Mancera.

"¿Según quién se van a poder dar estos supuestos? ¿Según quién se van a comprometer la capacidad efectiva de una autoridad municipal o estatal? Hay varias disposiciones donde se rompe lo que originalmente se planteó", añadió.

Una acalorada discusión y el factor geopolítico de Estados Unidos

La polémica comenzó cuando senadores de la bancada PT-Morena cuestionaron las posturas de los gobernadores y advirtieron el riesgo de que con la aprobación de dicha ley, el gobierno de Estados Unidos vulnere la soberanía nacional de México por la vía militar, a través de acuerdos de seguridad regional.

"Yo me hago una pregunta política. ¿Por qué este gobierno al final de su periodo, este gobierno que termina ante la opinión pública en condiciones de enorme debilidad, por qué impulsa esto? ¿Por qué no se espera a la legitimidad de la renovación de los poderes públicos en 2018? ¿De dónde viene esa decisión?" cuestionó el senador Miguel Barbosa.

Al término de su intervención, Barbosa preguntó a Mancera si estaba o no a favor del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. El jefe de Gobierno aseguró que estaba a favor de la regulación pero no de los excesos planteados en el dictamen. La discusión se salió de control. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, interrumpió a Barbosa y el poblano le respondió que los gobernadores eran invitados del Senado y no podían imponer los términos en que habría de darse la discusión. "¡Si quiere respeto, respete!", reprochó el gobernador de Guerrero a Barbosa.

Tras la discusión, Manuel Bartlett, coordinador de la bancada PT-Morena, tomó la palabra y aseguró que los gobernadores estaban impulsando la Ley de Seguridad Interior por órdenes del Ejecutivo federal, pues indicó que los términos en que está redactada la ley, el Ejército estaría por encima de los gobiernos estatales.

Los gobernadores están aquí precisamente porque fueron impulsados, con todo respeto, por el presidente de la República para apoyar la ley. Esas son las circunstancias en las que estamos".Manuel Bartlett, coordinador de la bancada PT-Morena

Pero Bartlett fue todavía más allá, al asegurar que la iniciativa forma parte de un proyecto geoestratégico impulsado por Estados Unidos a partir de la caída de las Torres Gemelas, con el fin de garantizar la seguridad del vecino país del norte a expensas de la soberanía nacional de los mexicanos.

"Desde que Felipe Calderón estableció la guerra contra las drogas, es un acuerdo con Estados Unidos, no se les olvide. Es el Plan Mérida. ¿Ya se les olvidó? ¿Ustedes creen que se está dando este paso obligado en estos momentos en que ya se está yendo el presidente porque sí? ¡No! Es el Plan Mérida, un acuerdo de seguridad de los Estados Unidos", dijo.

"Aquí está Homeland Security, todas las agencias internacionales. Tenemos centros de fusión donde están fuerzas armadas norteamericanas en territorio nacional en combinación con las policías. ¿Qué no nos damos cuenta?", cuestionó.

"No sólo es la militarización sino la hegemonización de los Estados Unidos en México, por la vía militar. Y no lo estoy diciendo yo, hay estudios que lo dicen con toda claridad. Los Estados Unidos después de las Torres Gemelas cambiaron su patrón de seguridad e hicieron que todos los países de la OEA aceptaron los riesgos definidos por la OEA, que son de seguridad pública, no son de seguridad interior. Y eso es suplantar la estructura política en México por el Ejército y la Marina, vinculados ya a Estados Unidos a través del Comando Norte y el Comando Sur. ¿Qué no los han visto actuar? Es una demanda norteamericana para moverse libremente", argumentó Bartlett.

Agregó que el hecho de que los mandos militares controlen los puertos comerciales que antes controlaban civiles, así como la presencia de agentes estadounidenses en los controles migratorios mexicanos, son otros síntomas de dicha situación.

"Eso es lo que está ocurriendo. Van a ser desplazados en esta ley definitiva y formalmente los gobernadores y los presidentes municipales para establecer en este país una policía militar, el Ejército y las fuerzas armadas, vinculados a los intereses de seguridad del gobierno norteamericano", añadió Bartlett.

Por su parte, el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, señaló que no son las fuerzas armadas las que han fallado en su tarea de otorgar seguridad a los mexicanos, sino el Estado en su conjunto. Por ello urgió a aprobar la ley y limitar el poder del presidente en el uso de las fuerzas armadas.

"El problema que tenemos en el país en este momento es que ni los estados pueden con la delincuencia organizada ni la federación asume por completo la responsabilidad de la delincuencia organizada", manifestó. "Llevamos 12 años aventándonos la bolita", agregó.

"No podemos estar más militarizados ya, 27 entidades de la República tienen presencia permanente de las Fuerzas Armadas, el 87 % del territorio nacional, ¿por qué? porque la facultad (del presidente) no está reglamentada", sostuvo.

Sin embargo, Gil Zuarth advirtió que las suspensiones de derechos humanos "lo que puede instalar en nuestro país estas microsuspensiones de derechos humanos hoy Guerrero, mañana Tamaulipas, pasado Veracruz, pero peor aún, puede instalar en nuestro país el populismo de la mano dura".

Con una postura diferente, el senador del PAN, Ernesto Ruffo, se pronunció en contra de la ley al advertir que los excesos en la misma resultan "preocupantes". "No nos vaya a llevar a un asunto como Venezuela o Cuba", dijo Ruffo, quien remató: "no me sorprendería ir avanzando hacia una dictadura".

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