POLÍTICA
16/11/2017 2:54 PM CST | Actualizado 16/11/2017 3:59 PM CST

11 mujeres, 11 años y la justicia que aún no llega a Atenco

El caso, calificado como paradigma de la impunidad, llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Centro ProDH

Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo son 11 mujeres con contextos distintos, pero para las que después del 3 y 4 de mayo de 2006, la vida no volvió a ser la misma.

Se trata de 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual en la represión de Atenco de mayo de 2006, luego de que floricultores trataran de instalarse en un mercado el 3 de mayo de aquel año, tras lo cual vino un operativo y detenciones.

En apoyo, personas bloquearon la carretera federal Lechería-Texcoco con el fin de exigir la liberación de las personas detenidas. Cientos de policías estatales y federales se desplegaron para romper el bloqueo, lo que dio lugar a nuevas confrontaciones; algunas personas fueron detenidas, mientras que los manifestantes retuvieron a algunos elementos policiales.

A las 19:30 horas de aquel día se reunieron autoridades federales y estatales, incluyendo al entonces gobernador del Estado de México y hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto; al entonces secretario de Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño; al entonces comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, Wilfrido Robledo Madrid; y al entonces secretario de Seguridad Pública federal y hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora Icaza. Las autoridades decidieron usar la fuerza pública para desalojar la carretera y liberar a los servidores públicos retenidos.

El operativo se llevó a cabo la madrugada del 4 de mayo con la participación de mil 815 policías estatales y aproximadamente 700 policías federales. Fue entonces que las 11 mujeres fueron detenidas, torturadas y violentadas sexualmente.

Ninguna fue informada sobre las razones de su detención y fueron recluidas en el penal de Almoloya de Juárez, conocido como "Santiaguito". Días después tuvieron conocimiento de las acusaciones en su contra. Una de ellas, detenida el 3 de mayo, fue sujeta a proceso penal por los delitos de ultrajes a la autoridad y portación de arma. El resto fueron enjuiciadas por ataques a las vías de comunicación y medios de transporte; a dos de ellas, además, las acusaron de secuestro equiparado en contra de elementos policiales.

Las acusaciones se sostenían únicamente a partir de las declaraciones de policías estatales que habrían participado en actos de violencia cometidos contra las personas detenidas, las cuales presentaban contradicciones.

Los procesos penales en contra de las mujeres se sostuvieron durante años; seis de los juicios penales se hicieron en libertad, el resto estuvo más de un año en prisión y, una de ellas, por más de dos años.

Aquí un video sobre los hechos vía Vanguardia:

BUSCANDO LA JUSTICIA

Tras comprobar la ineficacia de las investigaciones a nivel interno, tanto en el fuero estatal como en el federal, las mujeres decidieron interponer una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en abril de 2008, por medio de la representación del Centro ProDH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Argumentaron que el Estado mexicano violó sus derechos a la libertad y la integridad personal por los hechos de detención ilegal y arbitraria y tortura física, psicológica y sexual cometidos en su contra, así como sus derechos a la dignidad, igualdad ante la ley y acceso a la justicia, entre otros, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, invocaron violaciones a los derechos consagrados en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer ("Convención Belém Do Para") y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Las 11 mujeres de Atenco acusaron al Estado mexicano de incumplir tres tratados internacionales.

En noviembre de 2011, la CIDH declaró admisible el caso en el Informe de Admisibilidad 158/11 con el número 12.846 ("Mariana Selvas Gómez y otras").

En octubre de 2015, la CIDH resolvió a favor de las 11 peticionarias declarando que habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos.

La Comisión recomendó al Estado mexicano investigar de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer en forma integral los hechos violatorios de la Convención Americana y otros instrumentos interamericanos e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión. Además de implementar medidas para prevenir la sucesión de hechos similares.

UN ESTADO SORDO Y UN CASO QUE VA A LA CORTE

Centro ProDH

A partir de enero de 2016, una delegación de las peticionarias se reunieron en diversas ocasiones con representantes del Estado para impulsar el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, sin embargo, y a pesar de recibir cuatro prórrogas, el Estado no avanzó en el cumplimiento a las medidas.

En particular, no inició ningún proceso para deslindar responsabilidades a nivel federal ni estatal, ni abrió líneas de investigación para esclarecer todas las formas de responsabilidad señaladas.

Nueve meses después de la notificación, los procesos penales seguían limitados a funcionarios de relativo bajo rango (policías, médicos y un agente del Ministerio Público), acusados esencialmente de ser autores materiales de algunos de los hechos denunciados.

Ningún mando superior fue sancionado.

La Comisión entonces valoró que el Estado no había "avanzado integral y sustantivamente en el cumplimiento de las recomendaciones" y decidió remitir el caso a la Corte Interamericana, última instancia del Sistema Interamericano, facultada para emitir sentencias vinculatorias, lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido al aceptar que las sentencias de la Corte son vinculantes para el Estado mexicano.

Para el Centro ProDH, el juzgamiento del caso ante la Corte Interamericana constituye una oportunidad para derribar la tortura y la impunidad, los cuales, señala, son dos de los pilares que sostienen la grave crisis de derechos humanos en México.

Es así, como este 16 y 17 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra una audiencia pública sobre el caso.

Se espera la emisión de la sentencia de la Corte en 2018.

OTROS CASOS MEXICANOS LLEVADOS A LA CORTE

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