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Con la Ley de Seguridad Interior la libertad está en riesgo

25/01/2018 7:00 AM CST | Actualizado 25/01/2018 7:00 AM CST

ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM

Hay argumentos que señalan que el contexto electoral, de violencia, inseguridad y desigualdad, decidirá la suerte de la Ley de Seguridad Interior (LSI), y con ello el rumbo de nuestros derechos y libertades. Sin embargo, más allá de esas predicciones, es transcendental entender la carga y responsabilidad que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver su constitucionalidad y convencionalidad.

El pasado 21 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LSI, y las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como el Ejecutivo Federal no consideraron las advertencias que desde la academia y las organizaciones de la sociedad sugirieron atender como la ambigüedad entre "seguridad nacional" y "seguridad interior", o los contrapesos acerca de las acciones de las fuerzas armadas.

La ley violará la seguridad jurídica, la libertad de expresión, el derecho a la información y la protesta, y otros reconocidos en la Constitución como en normas y tratados internacionales, a su vez alterará el orden democrático y el libre desarrollo de los derechos; la ley no considera contrapesos o controles efectivos para el ejercicio de las facultades otorgadas a las fuerzas armadas bajo la justificación de la supuesta legalidad, que les da carta abierta para realizar sus funciones en razón de la Seguridad Nacional, una estrategia que desde hace más de una década, ha fallado.

Los riesgos son evidentes, la interpretación de la ley es ambigua y vaga.

Así, la aprobación de esta ley no contribuye a la transparencia de las operaciones militares, ni a la rendición de cuentas que por sus actos cometan los miembros. Carece de toda racionalidad este contexto por los antecedentes del Estado mexicano ante ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, etc. que han involucrado a agentes de las fuerzas armadas.

Los riesgos son evidentes, la interpretación de la ley es ambigua y vaga; por ejemplo, vulnera el derecho a la seguridad jurídica, ya que los conceptos que contiene la ley, se prestan a una multiplicidad de interpretaciones y a una aplicación arbitraria.

El artículo 9* de la LSI vulnera el derecho de acceso a la información, pues la información que se genere será reservada e inaccesible sin que medie una prueba de daño; con esta norma será inaccesible la información asociada a violaciones graves a derechos humanos, de interés público o aquella que permita la rendición de cuentas.

Los artículos 29**, 30*** y 31**** facultan a las Fuerzas Federales y a las Fuerzas Armadas a realizar actividades de inteligencia, que vulneran los derechos a la privacidad, protección de datos personales y la inviolabilidad***** de las comunicaciones privadas, al no establecer de manera clara, precisa y detallada la naturaleza, alcance, procedimientos y circunstancias en las que las actividades de inteligencia pueden llevarse a cabo.

El riesgo contra el Estado de derecho afecta a las instituciones democráticas. Las Instituciones, Órganos del Estado y Organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Inai), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) serían vulnerados ya que la LSI no cuenta con parámetros objetivos en su interpretación, violando su autonomía, y por lo tanto, sería discrecional y arbitraria.

La lógica nos indica que el Estado junto con sus instituciones y organismos deben apegarse a lo establecido por el artículo primero constitucional al referir la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de progresividad, interdependencia, indivisibilidad y universalidad. Sin embargo, en la práctica el texto constitucional (y particularmente los derechos humanos) no se consideraron al emitir esta ley.

El Ejecutivo, al no atender las observaciones al proyecto de ley y promulgarla, mandó un claro mensaje de desinterés con respecto a su modificación. De este modo evidencia una vez más su poca voluntad de diálogo, ratificando su postura de imposición y opacidad. Enrique Peña Nieto sostuvo que no emitirá declaratoria alguna de seguridad interior hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelva su constitucionalidad. Por ello, las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas jugarán un papel fundamental para la defensa de los derechos y libertades de la sociedad.


* La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

** Las Acciones de Seguridad Interior se apoyarán en los órganos, unidades y procesos de inteligencia previstos en las leyes respectivas.

*** Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**** En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley. En el caso de las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, la colaboración se llevará a cabo en términos de los esquemas de colaboración y coordinación establecidos o que al efecto se establezcan.

***** Siempre y cuando no medie alguna orden judicial.

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.