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Palabras vs. hechos: los vacíos en la atención a migrantes por parte del Estado

29/09/2017 3:48 PM CDT | Actualizado 29/09/2017 3:50 PM CDT
Daniel Becerril / Reuters
Activistas y migrantes centroamericanos participan en una protesta a las afueras de Monterrey, Nuevo Léon, para crear conciencia sobre los inmigrantes que cruzan nuestro país en su camino hacia Estados Unidos.

El pasado 6 y 7 de septiembre, el Estado mexicano presentó ante el Comité de Trabajadores Migrantes (CMW por sus siglas en inglés), con sede en Ginebra, su tercer informe sobre el avance en materia de derechos de las personas migrantes en el país.

Entre los aspectos centrales resaltados por el Estado estuvieron el avance de marcos normativos en materia de protección a migrantes, como la Ley de Migración de 2011, la reforma de la Ley Federal de Trabajo en 2012, la creación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la creación de instituciones de investigación y justicia, como la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, el Mecanismo Exterior de Búsqueda de la PGR y Fiscalías Especializadas de atención a migrantes.

Lo que no dijeron es que, para que realmente se incorporen los estándares internacionales en materia laboral y de derechos humanos, falta que estas instituciones funcionen y tengan un presupuesto suficiente, y transparente, que garantice su operatividad.

Además, la delegación mexicana abundó en términos amables que evitaban llamar a las cosas por su nombre: la detención se convertía en protección; las estaciones migratorias, en espacios de alojamiento y la deportación en un retorno voluntario lleno de beneficios. Resultó particularmente preocupante la afirmación de que la política del gobierno mexicano busca regular flujos y no constituirse en una política de control migratorio, cuando las cifras (188 mil eventos de detención o más de 42 mil niños, niñas y adolescentes en estaciones migratorias en 2016, de los cuales un 97% fueron deportados a sus países de origen) nos hablan de las barreras prácticamente infranqueables para acceder a la regularización.

Asimismo, preocupa la vinculación del tema migratorio con la seguridad nacional, "por la cual" se justifica la militarización perdiendo de vista el inmenso impacto de derechos humanos de tales políticas.

En su discurso, el Estado también negó situaciones que han sido ampliamente documentados por organizaciones de la sociedad civil, como el hecho de que, aunque según el artículo 97 de la Ley de Migración, la única autoridad facultada para realizar revisiones migratorias de personas extranjeras en territorio mexicano es el Instituto Nacional de Migración (INM), en la práctica la policía federal, estatal y municipal también realizan estas revisiones, exponiendo a la población migrante a mayores riesgos.

Los programas migratorios regulares, como el que creó la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo, a la cual accedieron 6,317 personas en la frontera sur entre enero y junio de 2017, no son suficientes para eliminar la violación a los derechos laborales que sufren las y los trabajadores temporales migrantes, entre ellas salarios precarios, condiciones inseguras, envenenamiento por agroquímicos, capataces abusivos, amenazas, discriminación de género y hacinamiento.

En este contexto, el Comité de Trabajadores Migrantes, realizó varias preguntas al Estado mexicano, sobre todo en materia de niños, niñas y adolescentes (NNA), acceso a la justicia, detención, derechos laborales y políticas de seguridad y control migratorio. Estas preguntas retomaban algunos de los aspectos destacados de los informes alternativos presentados por la sociedad civil.

Asimismo, se denunciaba la falta de información otorgada a los migrantes sobre sus derechos, las dificultades de acceso a visa humanitaria que experimentan las víctimas de trata, las agresiones a defensores de derechos humanos de población migrante, las deportaciones y trato hacia NNA y la falta de información desagregada sobre población migrante, que impide el desarrollo de políticas públicas más adecuadas.

Tras escuchar el informe del Estado y leer estos informes alternativos que buscaban iluminar las zonas ensombrecidas del primero, el Comité de Trabajadores Migrantes realizó varias recomendaciones al estado mexicano para el cabal cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que México ratificó en 1999.

En su discurso, el Estado también negó situaciones que han sido ampliamente documentados por organizaciones de la sociedad civil.

Entre ellas están: la importancia de ratificar algunos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo; la urgencia de adoptar medidas efectivas, ágiles e integrales para garantizar los derechos de las y los defensores de personas migrantes; la necesidad de investigar y sancionar debidamente casos de corrupción; la importancia de realizar campañas tendientes a eliminar prácticas discriminatorias, y la urgencia de garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso, entre otras.

Tal es la gravedad de la situación en México, que el comité ha pedido al estado mexicano que en octubre de 2019, es decir, tres años antes de su siguiente informe periódico, presente información escrita sobre los avances registrados en materia de armonización legislativa, personas migrantes desaparecidas, la detención de NNA y otros grupos vulnerables, el acceso a la justicia en detención, condiciones en los centros de detención y el funcionamiento del Sistema Nacional de Proteción Integral de NNA.

En este contexto, lo que sigue es crear, como ha recomendado el comité, "... un espacio de monitoreo y seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los Comités de Derechos Humanos, particularmente del CMW, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, que permita una evaluación periódica de su implementación y que cuente con la participación de la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas, organismos públicos de derechos humanos y gobiernos estatales y locales".

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.