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La dictadura que el PRI y sus aliados quieren legalizar a siete meses de la elección presidencial

Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el Congreso estaría confiriendo poderes excepcionales a las fuerzas armadas en detrimento de los derechos civiles. Algo que en ciencia política se conoce como dictadura.

05/12/2017 1:36 PM CST | Actualizado 05/12/2017 4:02 PM CST
Cuartoscuro

Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el PRI y sus aliados están a punto de legalizar una dictadura en México. Y no es ninguna exageración. Basta revisar la obra de algunos de los autores más reconocidos en la historia de la ciencia política para darse cuenta de la magnitud del problema.

Y esto se debe a que la justificación utilizada por los legisladores para aprobar la Ley de Seguridad Interior, aprobada por la Cámara de Diputados y que esta semana será revisada por el Senado, es prácticamente la misma que dio origen a la dictadura en la antigua Roma. Una figura legal cuyo objetivo era concentrar el poder en un personaje o institución, al mismo tiempo que limitaba los derechos civiles, con el fin de enfrentar una amenaza excepcional. Justo lo mismo que ocurre en estos momentos en el Congreso mexicano.

"En Roma se llamó dictador a un magistrado extraordinario instituido alrededor del año 500 a.c. y que duró hasta finales del siglo III a.c., que era nombrado por uno de los cónsules en circunstancias excepcionales, como podía ser la condición de una guerra o la sofocación de una revuelta, y al que se le atribuían, por lo excepcional de la situación, poderes extraordinarios que consistían principalmente en la desaparición de la distinción del imperium domi, que era el mandato ejercido dentro de los poderes de la ciudad", explica Norberto Bobbio en su ensayo Democracia y dictadura.

"Lo exorbitante del poder del dictador era contrabalanceado por su temporalidad: el dictador era nominado solamente por la duración de la tarea que se le confiaba, y de cualquier manera, no más de seis meses o la duración en el cargo del cónsul que lo había nominado", añade Bobbio, uno de los más grandes teóricos del Estado que haya visto el siglo XX.

Basta revisar la Ley de Seguridad Interior para darse cuenta de cómo el Congreso pretende legalizar una dictadura, al conferirle poderes extraordinarios al presidente en turno y a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Un asunto que también captó la atención de Nicolás Maquiavelo, considerado el padre de la ciencia política, quien en sus Discursos advertía que"la dictadura era un cargo temporal y no perpetuo; nombrábase dictador para resolver determinado conflicto y hasta que desapareciera; su poder alcanzaba a determinar por sí mismo los remedios al urgente peligro, a ponerlos en práctica sin necesidad de consultar y a castigar sin apelación".

De este modo, la legitimidad de dicha figura legal se basaba en la temporalidad de la misma, toda vez que extender su duración de manera indefinida abriría las puertas de la tiranía.

Por ello Juan Jacobo Rousseau consideraba en su obra ElContrato social que "cualquiera que sea la manera en que se confiere esta importante comisión, conviene fijar su duración en un tiempo muy corto e improrrogable... Pasada la necesidad urgente, la dictadura conviértese en tiránica o inútil".

En un sentido más moderno del término, el filósofo y teórico político alemán Carl Schmitt señalaba en su libro La dictadura que: "si la dictadura es un Estado de excepción necesario, pueden demostrarse las distintas posibilidades de su concepto mediante la enumeración de lo que se considera como normal: desde un punto de vista jurídico-político, puede significar la supresión del Estado de derecho".

"Si la Constitución del Estado es democrática, puede llamarse dictadura a toda violación de principios democráticos que tenga lugar por vía de excepción", considera Schmitt, quien remata: "es dictadura todo Estado que no respete estos principios democráticos".

De este modo, la noción moderna del término dictadura incluye "a todos los regímenes antidemocráticos o no democráticos", según refiere el Diccionario de política de Bobbio, Matteucci y Pasquino. Dicha obra, considera que tanto la dictadura romana como la moderna coinciden en "instituciones excepcionales previstas o puestas en práctica por muchos estados constitucionales modernos para superar un estado de emergencia interno o externo, que no puede ser enfrentado de modo adecuado con los instrumentos constitucionales normales". Estas instituciones "implican en general la concentración del poder en un órgano constitucional del Estado (habitualmente un órgano ejecutivo), la extensión más allá de los límites ordinarios y la emancipación del poder respecto de los frenos y de los controles normales".

Los desastrosos resultados hablan por sí mismos: 234 mil asesinatos en dos sexenios siendo 2017 el año más violento del que se tenga registro en casi un siglo.

Por todo lo anterior, basta revisar la Ley de Seguridad Interior para darse cuenta de cómo el Congreso mexicano pretende legalizar una dictadura, al conferirle poderes extraordinarios al presidente en turno y a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública a expensas de los derechos civiles.

Tal es el caso del artículo 4 del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, el cual define las acciones de Seguridad Interior como "aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, POR SÍ o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior".

Un artículo que, básicamente, abre la puerta para que los militares y marinos hagan lo que ellos consideren, de manera unilateral y discrecional, en su "lucha" contra el crimen. Dicho de otro modo: un artículo que abre las puertas para que militares y marinos hagan lo que les dé la gana, sin que existan controles democráticos que permitan regular su actuación.

Pero lo más grave de la situación, es que por petición expresa de los militares, pretenden aprobar una dictadura que ha demostrado hasta el cansancio su ineficacia para contener la amenaza del crimen organizado desde que el presidente Felipe Calderón decretara su famosa "guerra contra el narcotráfico".

Los desastrosos resultados hablan por sí mismos: 234 mil asesinatos en dos sexenios, siendo 2017 el año más violento del que se tenga registro en casi un siglo. Esto sin contar con los múltiples abusos de los mandos militares en sus tareas de seguridad pública, incluyendo casos de desaparición forzada, tortura y masacres como las documentadas en Tlatlaya y Tanhuato. De ahí que existan al menos 10 mil 404 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2006 a 2016 por abusos de militares en sus labores de seguridad.

De ahí que más de 240 organizaciones civiles aglutinadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra han reiterado al Congreso sobre los peligros de aprobar una Ley de Seguridad Interior que, en palabras de César Camacho Quiroz, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, ni siquiera está diseñada para acabar con los problemas de seguridad pública que enfrentan los mexicanos.

Una ley que da facultades extraordinarias en lugar de poner controles ciudadanos a los militares, cuyos altos mandos incluso han reconocido públicamente no estar capacitados para realizar las tareas de seguridad pública, tal como ocurrió con el titular de la Sedena, Salvador Cinfuegos, en diciembre de 2016.

De consumarse el "golpe militar" en el Congreso, un acontecimiento como este bien podría marcar el final de la llamada transición democrática en México.

Esto no ha hecho sino desnudar argumentos con los que el PRI y los autoproclamados rebeldes del PAN pretenden justificar la aprobación de una ley que "viola los derechos humanos, la Constitución y promueve la discrecionalidad de las fuerzas armadas", según acusó la CNDH en un posicionamiento que fue vilmente ignorado por los 248 diputados que aprobaron la Ley de Seguridad Interior en una sesión exprés, cuya dictaminación en comisiones intentó mantenerse en el mayor hermetismo posible y sin que la ciudadanía pudiera conocer con precisión lo que se estaba aprobando.

Prácticas antidemocráticas que no hacen sino evidenciar el interés del PRI y sus aliados de garantizar la impunidad de las fuerzas armadas ante violaciones graves a los derechos humanos, pese a las protestas ciudadanas y en pleno año electoral.

De consumarse el "golpe militar" en el Congreso, un acontecimiento como este bien podría marcar el final de la llamada transición democrática en México y establecer de manera formal un régimen autoritario, donde la arbitrariedad de los militares esté por encima de los controles civiles.

De este modo, la Ley de Seguridad Interior no es otra cosa que un eufemismo para tratar de justificar lo injustificable: la imposición de una dictadura.

*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.