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En Guatemala se vive la 'comedia' del payaso

29/08/2017 11:00 PM CDT | Actualizado 30/08/2017 2:11 PM CDT

REUTERS/Luis Echeverria
Jimmy Morales, presidente de Guatemala, durante un encuentro con alcaldes en la capital guatemalteca el 29 de agosto de 2017.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada en 2007 a partir de un acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Estado de Guatemala. Su mandato es el de investigar y apoyar al desmantelamiento de organizaciones criminales y cuerpos ilegales de seguridad cuya actividad obstruye el ejercicio de los derechos humanos en el país. Ha sido prorrogada en cuatro ocasiones, la última solicitada por el actual presidente en 2016, por lo que esta tendrá vigencia hasta septiembre de 2019.

La existencia de esta entidad representa el compromiso de la comunidad internacional con el pueblo guatemalteco por acompañar el combate a la impunidad, misma que constituye la herencia de más de cuatro décadas de gobiernos militares y cuya erradicación forma parte de la agenda de la paz firmada en 1996.

Desde 2013 y hasta la fecha es Iván Velásquez, abogado colombiano de reconocida trayectoria en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos, quien junto a su equipo y al Ministerio Público (MP) ha investigado numerosos casos de impunidad y corrupción que han presentado en tribunales. En varias ocasiones han sido implicados miembros de las élites políticas y económicas, cuestión que ha desatado una continuada crisis en el país.

REUTERS/Luis Echeverría
Iván Velásquez, abogado colombiano de reconocida trayectoria en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos, quien junto a su equipo y al Ministerio Público (MP) ha investigado numerosos casos de impunidad y corrupción que han presentado en tribunales.

Así, para entender la situación actual de Guatemala es necesario remitirse a dos acontecimientos que ocurrieron en el año 2015. En primer lugar, a la dimisión de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina —entonces vicepresidenta y presidente— entre los meses de mayo y septiembre. Ambos debían someterse a la justicia por acusaciones de defraudación aduanera (véase: Caso La Línea). Desde entonces y a la fecha, al igual que otro actores de la política nacional, han sido acusados de otros delitos similares.

El segundo hecho relevante fueron las elecciones generales. Distintas posturas se generaron al respecto. Algunos insistieron en realizar el evento electoral a pesar de la inestabilidad. Otros dijimos que #EnEstasCondicionesNoQueremosElecciones, apostando por abrir una coyuntura de reforma institucional que renovara la política y la gestión del Estado. Finalmente, las elecciones se realizaron entre septiembre y noviembre, en medio de la crisis y movilización social generada por este paradigmático caso.

Sin duda, lo acontecido en meses previos había modificado el escenario electoral, los partidos políticos que inicialmente participarían estaban debilitados. En ese contexto emergió como candidato a la presidencia James Jimmy Morales, un comediante que ha hecho gala de humor racista, clasista y sexista en sus programas de televisión. Este resultó un personaje atractivo al electorado pues al ser "nuevo" en la política era fácil (o deseable) creer en su lema de campaña: "ni corrupto, ni ladrón". Sucede que a Morales lo acuerpaba el Frente de Convergencia Nacional (FCN), partido político fundado por actores que buscaban inmunidad para garantizarse impunidad a través de acceder a un cargo de elección popular (Véase: derecho de antejuicio).

Morales ganó la presidencia y asumió el 14 de enero de 2016, sin plan ni equipo de gobierno, en medio de un clima de incertidumbre y desencanto. Simplemente rodeado de una rosca de militares y ex militares que fueron guiando sus pasos. Su gestión ha sido una colección de tristes anécdotas y cuantiosos desaciertos. Sin embargo, su actuar no es anodino.

Los actores que hoy están siendo evidenciados justifican sus actos y se defienden entre sí porque esa es la manera en que han amasado fortunas.

Por su parte, la CICIG continúo su labor. Una de las vetas centrales de su trabajo reciente ha sido la investigación por financiamiento ilícito durante la campaña electoral del año 2015, en la que han resultado implicados los tres principales partidos políticos de esa contienda, en cuenta el de Morales. Es así que el viernes 25 de agosto de 2017, el Comisionado Velásquez junto a la Fiscal General Thelma Aldana, hicieron público el caso, presentaron la denuncia y solicitaron el retiro de inmunidad al mandatario —con la consecuente separación del cargo— para que se someta al proceso judicial correspondiente.

En su desesperación por evadir la justicia, Morales intentó expulsar del país a Velásquez, con lo cual ha desatado una crisis institucional que ha polarizado a la sociedad guatemalteca en las últimas dos semanas. La corrupción es un asunto de poder. Los actores que hoy están siendo evidenciados justifican sus actos y se defienden entre sí porque esa es la manera en que han amasado fortunas: saqueando al Estado, impidiendo el desarrollo equitativo de la población y amedrentando cualquier intento de ejercicio ciudadano. Lo que hoy está en juego en Guatemala es la posibilidad de construir un país más justo y transparente frente a #ElPactoDeCorruptos que pretenden perpetuarse.

Conviene no apartar la vista, reflexionar y preguntarse, ¿podrá Guatemala contra la corrupción? La respuesta depende del desenlace del actual escenario, en ello se juega el futuro de la lucha contra la impunidad. Acaso sirva esta experiencia de espejo para otros países y sociedades.

*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.

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