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Salvador Adame: el microcosmos del silencio y la impunidad

05/07/2017 7:00 AM CDT | Actualizado 05/07/2017 7:00 AM CDT
ENRIQUE CASTRO/AFP/Getty Images
Frida Navidad Adame, hija del periodista Salvador Adame, en una conferencia de prensa el 27 de junio de 2017, dos días después de que la policía encontrara los restos quemados del cuerpo de su papá, secuestrado en mayo pasado.

No fue casual que Salvador Adame, periodista oriundo de Michoacán, fuera desaparecido un día después de las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto para "proteger" a periodistas. No es casual tampoco que el gobierno de Michoacán recurriera a la manipulación y el amedrentamiento de la familia Adame, así como las filtraciones, para deslindar su responsabilidad institucional. Todo sucedió en el cauce común de las instituciones mexicanas creadas para simular y garantizar impunidad.

La realidad le escupe a la cara a los compromisos políticos y medidas mediáticas anunciadas el 17 de mayo pasado. Un día después desaparecen a Salvador Adame, vehemente crítico del alcalde de Múgica, Michoacán, y voz crítica de la Tierra Caliente. Durante las semanas subsecuentes, la procuraduría presionó a la familia del periodista, imponiendo un cerco informativo. Trabajó el caso como un secuestro (aunque nunca se pidió rescate) y filtró información sobre un supuesto "móvil" que apuntaba a un crimen pasional. Finalmente, antes de hablarlo con la familia de Salvador, informó el 25 de junio que fueron identificados los restos calcinados del periodista. Resultado: la familia Adame desconoce las conclusiones de la búsqueda y pide un nuevo peritaje para confirmar o descartar su muerte.

¿Cómo creerle a los gobiernos de este país? Partamos de que la zozobra y vulnerabilidad en la que viven las y los periodistas en México es bastante funcional para el proyecto de gobernabilidad autoritaria que retornó en 2012. Solamente así podríamos entender la negligencia del Estado mexicano en brindar garantías para el libre ejercicio periodístico. Únicamente de esta manera se explica que 53 meses después del arribo al poder de la actual administración federal, y una vez que fuera asesinado Javier Valdez, se decidiera adoptar medidas "contundentes" para atender la escalada de violencia. Bajo esta premisa, podemos deducir por qué existe una Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que solamente ha resuelto 3 casos en su historia, lo cual equivale a un 99.75 de inefectividad.

Poco podemos esperar cuando la justicia está subyugada a la lógica de lucha por el poder político.

Todo lo anunciado —coordinación interinstitucional, mayor responsabilidad de los estados de la República, reforzamiento del mecanismo de protección a periodistas, mayores recursos económicos— no fue más que una respuesta tardía a un problema en franco crecimiento desde hace casi dos décadas. Lo ya existente —mecanismo y FEADLE— figura como cascarón institucional susceptible de ser presentado en todos los foros internacionales como "compromiso" del Estado mexicano.

¿Qué decir de los gobiernos locales? Erigiéndose como campeones de la censura y de la impunidad, poco se puede esperar en el corto plazo. El proyecto de regresión autoritaria, que encuentra campo más fértil a nivel local, es refractario al incremento de libertades democráticas. Entre ellas, por supuesto, la libertad de prensa. Por ello, las presiones para quitar noticias como se ha documentado en el caso del gobierno de Michoacán. También por esta razón entendemos la reacción brutal de la institución encargada de procurar justicia, más preocupada por contener cualquier acción política de las víctimas que por brindarles información oportuna, clara y precisa. Peor aún, una institución enfocada en desvirtuar, a como dé lugar, cualquier línea de investigación relacionada con su labor informativa.

En efecto, a la familia Adame nunca se le garantizó certidumbre como víctimas, ahora lucharán —seguramente a contracorriente— para lograrla. Y lo harán como miles de personas en este país que buscan a sus desaparecidos/as y que investigan fuera de las instituciones qué paso con sus muertos/as. Todas las víctimas de este país tienen que confrontarse con el aparato más notable del autoritarismo aferrado a las estructuras de poder en México. Este aparato es el sistema de justicia burocrático, revictimizante, discriminatorio, opaco y corrupto. Sistema, a su vez, supeditado al poder político y falto de investigaciones científicas.

ARMANDO SOLIS /CUARTOSCURO.COM
El 28 de junio de 2017 periodistas de Michoacán protestaron en la plaza Melchor Ocampo por el secuestro de Salvador Adame.

Peor aún para las víctimas periodistas, les espera un "sistema de protección" que incluye mecanismo, Policía Federal, CNDH y FEADLE, todo un entramado institucional que hasta la fecha no logrado la mínima coordinación para revertir la vulnerabilidad de la prensa.

Bajo estas condiciones la victimización es triple. Una, por el hecho en sí: el ataque contra la vida, integridad, seguridad y libertad personales. Segundo, por el periplo que se debe emprender al interior de la maraña burocrática de procuración de justicia y el maltrato y desinformación resultantes. Tercero, porque la maraña burocrática "especializada" en proteger periodistas o investigar delitos cometidos contra la labor de estos actúa más como un medio de control y amortiguador político, que como un conjunto de entidades realmente familiarizadas con las vulnerabilidades y especificidades de este tipo de violencia.

En suma, las condiciones están dadas para que el caso de Salvador permanezca en la impunidad. Espero equivocarme, pero poco podemos esperar cuando la justicia está subyugada a la lógica de lucha por el poder político. Menos expectativas tenemos cuando el silencio impuesto por la violencia es benéfico para el statu quo.

*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.

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