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21 casos de #GobiernoEspía y contando

03/08/2017 6:00 AM CDT | Actualizado 03/08/2017 11:16 AM CDT
ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons
Acciones en el marco del primer aniversario del multihomicidio en la colonia Narvarte (2015), en el que fueron asesinados Mile Martín, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa. Esto se instaló afuera del edificio donde se hallaron los cuerpos.

21. A esa cifra ascienden el número de casos documentados sobre intentos de espionaje con el malware Pegasus en contra de activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos y expertos extranjeros en México. Es un escándalo que no escapa al escrutinio internacional y, no obstante, a mes y medio del primer informe de espionaje con este sofisticado programa —comercializado únicamente a gobiernos— la respuesta de la administración federal siembra más dudas que respuestas.

Primero, el nuevo caso. El Citizen Lab de la Universidad de Toronto ha corroborado que dos abogados y defensores de derechos humanos, David Peña y Karla Micheel Salas, recibieron mensajes de texto con enlaces vinculados a la infraestructura de Pegasus entre septiembre y octubre de 2015. Ambos objetivos son representantes legales de las víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte, que hace unos días cumplió dos años y sigue sin respuesta. Además, han trabajado en otros casos de alto impacto, como las acusaciones por una red de trata de personas en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, líder del PRI en la Ciudad de México.

De nuevo, las coincidencias emergen: el mismo número telefónico que envío mensajes maliciosos al periodista Carlos Loret de Mola el 1 y 3 de septiembre, mandó uno a Karla Salas el 1 de octubre; y el número que intentó infectar a Loret el 5 y 6 de septiembre hizo lo propio con David Peña el 25 de ese mes.

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Por su parte, el SMS que recibió Salas tiene el mismo modus operandi que ataques contra Juan Pardinas, Carmen Aristegui, Carlos Loret, Simón Barquera y los expertos del GIEI.

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La comprobación técnica del Citizen Lab es valiosa porque, al igual que en los más de 90 SMS analizados en las últimas semanas, reafirma la existencia de un atacante en común. Resulta muy significativo (e inquietante) que el perfil de los objetivos de intentos de espionaje con Pegasus, lo que apunta cada vez con más claridad a una campaña sistemática de vigilancia en contra de voces críticas del gobierno. Ya no hay elementos para sostener que se trata de casos aislados: los puntos tejen una red de relaciones con el partido en el poder que no se puede obviar.

Al respecto, dos noticias más desnudan la situación. En primer lugar, la investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que expone que la Procuraduría General de la República le compró Pegasus a un prestanombres que, para añadir a la intriga, guarda una peculiar relación con un par de empresas fantasma del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. En segunda instancia, está la férrea oposición del PRI a que se vincule la investigación sobre el espionaje con organismos internacionales.

Poco parece importarle al gobierno federal el llamado de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la CIDH o el de cuatro expertos de las Naciones Unidas para que el Estado mexicano garantice una investigación independiente e imparcial. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, gracias a la mayoría priista, un punto de acuerdo inocuo que insta a la PGR a continuar investigándose a sí misma, sin que se obligara la asistencia de instituciones internacionales, como sugería la redacción original.

Quizá lo más alarmante es que aún no conocemos la magnitud definitiva del escándalo. Tal como reporta Forbes, los abogados se percataron que habían sido objetivos de espionaje hasta que se hicieron públicos otros casos. Incluso, Karla confesó haber respondido el mensaje y haber dado clic al enlace malicioso. "Estamos preocupados por la información de nuestras víctimas, los testigos de nuestros casos", indicó al medio.

"¿Qué están haciendo con la información?, ¿que están recabando o qué quieren hacer?", preguntó en una entrevista radiofónica Ana Cristina Ruelas, directora de la oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19. No lo sabemos aún y, queda claro, no existe la voluntad política para que lo sepamos en el corto plazo. Mientras tanto, el marcador ya va en veintiún casos, sin explicación, sin justificación, sin justicia. 21 y seguimos contando.

*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.

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