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Veracruz y la decadencia política en México

26/10/2016 12:12 PM CDT | Actualizado 26/10/2016 1:23 PM CDT
FOTO: ENRIQUE ORDÓёEZ /CUARTOSCURO.COM
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, junto al presidente Enrique Peña Nieto en noviembre del año pasado durante la ceremonia del Día de la Marina.

Pocas veces en la historia mexicana es posible advertir la construcción y degeneración de un arquetipo político en un periodo relativamente corto como son 20 años (como dice el tango). El caso del gobernador (con licencia) de Veracruz, Javier Duarte, expone en forma melodramática el funcionamiento de un extenso aparato de complicidades del poder político en México cuando se trata de aparentar una "aplicación estricta de la ley" ante el escándalo flagrante de corrupción.

Pulcritud legal a modo... de escape. Una cortina de humo resulta la discusión sobre el alcance del fuero constitucional que, se dice, imposibilita al aparato de procuración de justicia, estatal y/o federal de actuar en contra de un clan criminal encabezado por Duarte, junto con un complejo entramado de cómplices políticos que, bien a bien, involucran en buena medida a sus dos predecesores (los príistas Fidel Herrera y Miguel Alemán Velasco).

La interpretación legal de la Procuraduría General de la República, institución que solicitó la orden de aprehensión contra el ahora prófugo Duarte, se inserta en la lógica constitucional del fuero como atributo unívoco e indivisible para la figura de la representación política de que se trata, la de quien ocupe el cargo de gobernador en funciones (igualmente constitucionales) y que no es posible el fuero para dos individuos cuando solo uno está ejerciendo la función pública que cubre la atribución. Bajo esa óptica, si a Duarte le fue concedida la licencia por el Congreso veracruzano, resulta secundario si se le otorgó en forma temporal o definitiva, toda vez que el mismo Congreso decidió nombrar un gobernador interino para que se concluyera el mandato constitucional de la administración que encabezó Duarte.

Las características en que se "cumplieron" las formalidades legales (el debido proceso y la presunción de inocencia supuestamente) y que llevaron a la PGR a justificar su incapacidad por detener a Duarte muestran más bien un comportamiento institucional a modo de las investigaciones criminales en México: según la voluntad presidencial y de acuerdo con reglas no escritas en un sistema cuya divisa de impunidad permite el enriquecimiento de sus líderes corrompiendo y sirviéndose del poder público, siempre y cuando sean funcionales a la clase política en turno que gobierna.

La supuesta pulcritud legal hizo olvidadiza a la PGR para imponerle el arraigo procesal (otra figura cuestionable a la que recurre la PGR, reteniendo por más de 72 horas a un probable responsable mientras hace acopio de pruebas de culpabilidad, en su combate a la delincuencia organizada) a Duarte, cuyas investigaciones tenía la misma dependencia a la par que se venía incrementando el alud de denuncias públicas sobre su enriquecimiento, y de que se anunciara en forma mediática que Duarte solicitaría la licencia "para preparar su defensa", que más bien fue parte de su propio esquema de huida.

Hay que esperar que se aplique la ley sin distingos y que el fraude, el enriquecimiento a partir del ejercicio de un cargo público y la impunidad, no sigan siendo los incentivos para hacer política en México.

No existen precedentes en Veracruz de un gobernante, con licencia o no, que haya sido objeto de una investigación criminal y consignado ante un juez. Existe el caso de exgobernadores que fueron perseguidos y aun encarcelados por la justicia estatal. A nivel federal debe recordarse el caso de un gobernador en funciones (Mario Villanueva, en Quintana Roo) quien decidió huir ante la inminencia de su consignación por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.

El personaje también priísta no se esperó al desafuero constitucional o "juicio de procedencia" y que en el sistema presidencialista mexicano resulta un mero trámite (aunque cada vez más costoso políticamente por la pluralidad política que se tiene que cooptar). Ambos casos ocurrieron en la década de los 90.

Colofón Peñista. Con la consigna que se atribuye a Benito Juárez ("para los amigos justicia y gracia y para los enemigos la ley"), Duarte es el beneficiario de una voluntad presidencial sui generis: rara mezcla que sintetiza la experiencia política de un México corrupto y una generación joven y arquetípica cuya vocación se potencia en el beneficio personal a partir de los negocios al amparo del poder.

El presidente Peña Nieto está obligado no solo a capturar a Duarte en los dos años que le quedan de gestión, sino de dar muestra inequívoca de que, ahora sí, se atreve a actuar contra la corrupción. Pero poco puede esperarse cuando el propio presidente advirtió (1º de septiembre), ante pregunta expresa de los millennials mexicanos en su innovador Informe de Gobierno, que no está en sus atribuciones "perseguir gobernadores".

Veracruz es hoy por hoy un estado entregado a la criminalidad, con asesinatos políticos, una libertad de expresión asfixiada y un ejercicio presupuestal depredatorio que muestra las capacidades generacionales de Javier Duarte como paradigma de los grandes vicios e ineficiencia de un partido que volvió al mando máximo del poder en México sin la lección aprendida de su derrota en 2000.

La cuestión en realidad en este caso, para Peña Nieto y los políticos de todos los partidos (y aun los independientes), no es salirse por la tangente con frases efectistas y formales, sino más bien que se asuma la responsabilidad inequívoca de aplicar la ley sin distingos y que el fraude, el enriquecimiento a partir del ejercicio de un cargo público y la impunidad no sigan siendo los incentivos para hacer política en México.

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